Europa Laica afea a los obispos "malabarismos" en las cuentas para evitar críticas a la "sobrefinanciación" del Estado

Europa Laica analiza, en un informe crítico presentado este miércoles en rueda de prensa en Córdoba, que las memorias de la Conferencia Episcopal desde el año 2023 hacen uso de un "malabarismo contable" para evitar que se visualice "la sobrefinanciación que sigue teniendo la Iglesia Católica a cuenta de la asignación tributaria del Estado". "Ahora las diócesis se sobrefinancian, pero en la economía de la Conferencia Episcopal ya no aparece el ítem de superávit", expone Juanjo Picó, de Europa Laica. 

El trabajo de Europa Laica argumenta que desde el año 2023 las memorias que cada año elabora la Conferencia Episcopal en la que deben explicar el uso que le dan a lo que reciben vía IRPF, mediante la asignación tributaria, la conocida como X de la Iglesia no recogen el superávit que venían presentando [en 2013 fue déficit] todos estos años, porque ahora lo distribuyen a las diócesis. La idea de este proceder, para Europa Laica es "tratar de ocultar el superávit englobando su monto en este envío a las diócesis". 

"Con este malabarismo, la Conferencia Episcopal, logra evitar la crítica que tanto el Tribunal de Cuentas como [Europa Laica] planteaban sobre la incoherencia que supone tener un superávit que no concuerda con el adecuado sostenimiento. La justificación que la Conferencia Episcopal pretendió dar en 2023 para tal aumento de lo que se envió a las diócesis es que con ello se permitiría que pudieran disponer de más recursos para atender mejor sus necesidades, asistenciales o de otro tipo". 

A preguntas de Público, la Conferencia Episcopal respondió al respecto de estas críticas de Europa Laica: "El destino principal de ese dinero, que los contribuyentes desean dar explícitamente a la Iglesia, va a las diócesis, en más del 80%. El superávit y el déficit lo deciden directamente los contribuyentes marcando la X. Respetar lo que quieren los contribuyentes a nadie debería molestar. Es lo que se llama libertad".

Así lo plantea Europa Laica en su informe: "La economía consolidada de las 70 diócesis genera superávit (que la memoria no menciona) y que en 2024 supone el 9,5% del [total de] recursos recibidos. El superávit diocesano acumulado entre 2016 y 2024 asciende a 382,2 millones, sin que la memoria mencione su destino o sobre la existencia de un Fondo de Reserva diocesano alguno".

"Hasta 2022 el superávit figuraba con diversos nombres. Pero en las diócesis, aunque se ve claramente como todos los años ha habido un exceso, no lo mencionan, pero es un exceso. ¿Y ese exceso dónde va? Antes iba al fondo de reserva. ¿Por qué lo oculta y qué es lo que hace con ese superávit? Por otra parte, el 9,5% de rendimiento ya quisiera cualquier banco".  

En el año 2024, según la memoria, las diócesis obtuvieron en total 1.395 millones de euros (la asignación supuso un 23%, según la Conferencia Episcopal), de los que gastaron 1.262 millones, según consta en la memoria. Público preguntó entonces, cuando se hizo pública a finales del año pasado, a la Conferencia Episcopal por esta diferencia —de 133 millones— y su destino y la respuesta fue la siguiente: "El importe resultante en términos globales, ha servido a las diócesis para reducir el endeudamiento que tuvieron que asumir años atrás y muy especialmente en la época de la pandemia". 

El Tribunal de Cuentas, en la única ocasión en que fiscalizó el dinero público que va a las confesiones religiosas, en el año 2020, ya destacó que "las rúbricas de superávit" podrían "plantear una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia Católica". Luego, agregaba: "Ha de señalarse que [el tratamiento de superávits o déficits] no ha sido objeto de acuerdo entre el Estado y la Iglesia, o de regulación"

El Tribunal de Cuentas enmarcó así en 2020 la cuestión de la casilla de la X: "El acuerdo configura a la asignación tributaria como el mecanismo a través del que el Estado colabora al adecuado sostenimiento de la Iglesia mientras esta no alcance la autofinanciación de sus necesidades".

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"La asignación tributaria —prescribe el Tribunal de Cuentas— es el instrumento jurídico que permite canalizar unos fondos de origen público procedentes de las cantidades recaudadas por el Estado provenientes del IRPF hacia una confesión religiosa, la Iglesia católica, para dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Estado de colaborar en la consecución de su sostenimiento económico, lo que explica su registro como menor ingreso del Estado".

La Conferencia Episcopal, a preguntas de Público, lo interpreta de otro modo y no cree que suponga una merma de fondos públicos, sino que se trata de aportaciones de la ciudadanía. Así, desde la cúpula de los obispos señalan lo siguiente: "La Iglesia solo recibe lo que quieren los contribuyentes explícitamente marcando la X. Es el único ejercicio de democracia fiscal. Ni un euro de Europa Laica va a la Iglesia. El Estado no hace ninguna aportación económica a la Iglesia". 

Sobrefinanciación

Europa Laica remacha al respecto de este asunto que "todos los datos analizados de la memoria apuntan a que la asignación que la Iglesia Católica recibe cada año le está suponiendo una muy significativa sobrefinanciación por parte del Estado". "Se genera un superávit anual de la asignación recibida, que la Iglesia oculta y que incrementa el fondo de reserva eclesial y se generan intereses financieros por las inversiones que la Iglesia realiza con la asignación y el fondo de reserva", afirma la asociación laicista.

Los obispos han venido argumentando que la Iglesia Católica "es uno de los principales pilares del tejido social en España". La Conferencia Episcopal estima que "por cada euro invertido a través de la asignación tributaria se multiplica por cuatro en valor social, alcanzando los 1.428 millones de euros anuales". Al respecto, Europa Laica tacha estas cifras de "mágicas" y de "cortina de humo". "La Iglesia —agrega la asociación— da palos de ciego para tratar de encontrar la clave con la que deslumbrar a la ciudadanía sobre la bondad económica de lo que publicita siendo que lo único que consigue es confundir con los resultados de los estudios y cifras sin fundamento y fiabilidad alguna". 

"En la memoria de 2024 —señala también Europa Laica— no consta que la Conferencia Episcopal haya dedicado a Cáritas un solo euro de la asignación, como así viene sucediendo desde 2022, rompiendo lo que durante años la Conferencia Episcopal había sido criterio eclesial de destinar a Cáritas una cantidad del orden de 6 millones que suponía un 2% aproximadamente de la asignación recibida"

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El informe de Europa Laica recoge también que buena parte de lo que recibe por el IRPF, el 62,9%, "se aplica a la retribución del clero (salarios, seguridad social, prestaciones sociales". Para esta asociación laicista, "la Iglesia no justifica con claridad qué hace con lo que recibe en la memoria". "Existe ocultación y falta de transparencia en los datos", señala el trabajo.  

"La memoria —considera Europa Laica— no pasa de ser una exposición de las bondades que la Iglesia Católica se atribuye por las actividades que realiza para el cumplimiento de su misión religiosa: anunciar la fe, celebrar la fe y vivir la fe, pero con ello no cumple, sino distorsiona, el compromiso de justificar el empleo del dinero que recibe por la asignación, que es para lo que se comprometió en el Acuerdo de 2006 y en el inicial de 1979, y no para un simulacro y cortina de humos de la justificación debida". "Podrían tomar ejemplo de cómo lo hace Cáritas, su organización hermana, donde desglosa con clara información y detalle lo que recibe de organismos públicos y lo que recibe de privados o de recursos propios", se lee también en el informe crítico laicista.

Cuestiones pendientes y autofinanciación

El Tribunal de Cuentas ya expresó en 2020: "Sería conveniente que el Gobierno considerase la oportunidad de impulsar la aplicación del mecanismo para resolución de dudas o conflictos con el fin de regular, de acuerdo con la Santa Sede, las diversas materias relacionadas con la memoria, como son sus plazos y forma de presentación; el nivel de detalle de la información que debe proporcionar; la delimitación de los tipos de necesidades de la Iglesia cuya cobertura se puede financiar con la asignación; el tratamiento que debe darse a los eventuales superávits o déficits que resulten de la correspondiente liquidación de la asignación; y la información que le permita al Estado comprobar si el destino último de los recursos procedentes de la asignación tributaria es compatible con el cumplimiento de las exigencias del Derecho de la Unión Europea". 

Europa Laica reclama ahora, seis años después que se ejecuten todas esas cuestiones: "El Estado se comprometió a colaborar con la Iglesia Católica para su adecuado sostenimiento económico [así lo recogen los acuerdos con la Santa Sede] sin que hasta la fecha se hayan fijado los criterios objetivos para cuantificar cuál es su monto y aplicación. Junto a la comodidad de la Iglesia, existe una connivencia y negligencia del Gobierno y de las fuerzas parlamentarias en no ser garantes en defender el erario público en relación con una memoria que no justifica el empleo que la Iglesia hace de la asignación que recibe. Tampoco se cuantifica ese adecuado sostenimiento y se permite la sobrefinanciación eclesial".

"Resulta claramente denunciable —considera la asociación laicista— la actitud negligente y cómplice de los gobiernos y las fuerzas parlamentarias en mantener esta situación de privilegio y comodidad eclesial. Concretar los criterios objetivos para cuantificar el monto y aplicación del adecuado sostenimiento económico comprometido por el Estado no puede quedar en el limbo de la negligencia del Gobierno y la comodidad y connivencia en el incumplimiento de la Iglesia. En este escenario, a la administración le corresponde la principal responsabilidad por ser garante de los recursos públicos". 

Europa Laica lamenta también que la Iglesia incumpla el compromiso de autofinanciación. "Cerca ya de 50 años desde que en el Acuerdo de 1979 la Iglesia declaró su voluntad de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, nada se ha avanzado al respecto. Es grave que la Iglesia haya claramente incumplido, pero peor es que los gobiernos de turno no le hayan exigido cumplir con lo acordado"

La asociación quiere puntualizar que este informe crítico "no tiene nada que ver con planteamientos antirreligiosos sino con la defensa de lo público, el funcionamiento democrático y procurar a la ciudadanía una información que la memoria no proporciona".