Manuel Prado traspasó a Alberto Alcocer la gestión de la fortuna del rey y justo después Fasana creó la cuenta 'Soleado'

Tras la invasión de Kuwait por Irak, en agosto de 1990, la familia reinante Al Sabah entra en pánico y da la orden a la Kuwait Investment Office (KIO) –cuya sede en Londres cuenta con fondos ingentes, que atesora en el banco suizo Lombard Odier– de que reparta dinero a otros países sin reparar en cifras para conseguir su participación en una intervención militar capitaneada por EEUU y obtener su apoyo en la votación de las Naciones Unidas. Uno de los que gestionan esas generosas donaciones es Javier de la Rosa, el delegado de KIO en España, que ya mantiene relaciones con Manuel Prado y Colón de Carvajal, el administrador y testaferro de Juan Carlos I, como explicamos en el capítulo anterior de esta serie.

Conocedores de que KIO está regando con cientos de millones a gobernantes de todo el mundo, el rey y Prado ven la oportunidad de conseguir el dinero con el que devolver el crédito sin interés que les concedió diez años antes el príncipe saudí Salman bin Abdelaziz –o de quedárselo (como acabarán haciendo)– y acuden de nuevo a De la Rosa. En realidad, tanto Prado como su "patrón" –como él lo llama siempre– llevan ya un año presionando al financiero catalán para que les ayude a saldar esa deuda, y son cada vez más insistentes. Ante la nueva situación, parece fácil justificar ante los kuwaitíes que esa cantidad forma parte de la inversión global para cosechar apoyos a la reconquista de su país; y De la Rosa acaba por acceder. 

Los responsables de KIO dan su visto bueno al pago con la excusa de que España tiene que ser el portaaviones gigante de los vuelos militares desde EEUU hacia la guerra con Irak, algo que iba a ocurrir de todas las maneras por la presencia de las bases militares estadounidenses en Torrejón y Rota. Se llega, así, a un compromiso para que KIO les entregue los 100 millones de dólares, y cursan una solicitud que reitera personalmente Juan Carlos I en una llamada telefónica realizada en agosto de 1990 al presidente de KIO desde una cabina del Hotel Claridge de Londres. Con esa llamada, De la Rosa deja claro ante sus socios kuwaitíes que ha sido el propio monarca quien le ha hecho ir a Londres para invitarle a una cena privada muy especial (con todo el restaurante reservado para ellos dos solos) y pedirle que consiga ese dinero. Una anécdota que relata en su obra Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón la historiadora Patricia Sverlo.

Pero De la Rosa sólo transfiere 80 millones de dólares (de los cien que prestó en 1980 el príncipe Salman a su "hermano" español) a la cuenta de Prado en el banco Sogenal de Ginebra, a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos entre el rey y su testaferro; quedan pendientes 20 millones para saldar la deuda. 

80 millones de dólares a la cuenta de Prado en un banco suizo

Esta transferencia saldrá a relucir años después en la causa judicial del caso KIO (el procedimiento 67/93), como se puede ver en el siguiente fragmento de la sentencia del Juzgado Central 3 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, firmada el 23 de junio de 2006 por el magistrado Javier Gómez Bermúdez como presidente del tribunal:

El punto 5º constata:

"El día 5 de octubre de 1990, una partida de 80 millones de dólares al banco SOCIEDAD GENERAL ALSACIANA (SOGENAL), con la referencia Lancaster, a la atención del Sr. Haussler, a la cuenta de ADNIL INVESTMENTS LTD., de la que era beneficiario MANUEL PRADO Y COLÓN DE CARVAJAL, cantidad que fue después distribuida entre varias cuentas de distintas entidades bancarias suizas".

En el resto de los puntos incluidos en la relación de "hechos probados" que el tribunal considera acreditados figuran también muchos otros envíos de grandes sumas, como (ese mismo día) "una partida de 75 millones de dólares a Lombard Odier, sucursal de Ginebra, a la atención de Thierry Lombard. Ese dinero fue ingresado en la cuenta G772 del citado banco, de la que era titular FAHAD AL SABAH"; es decir, el propio presidente de KIO hasta 1992, quien después de la guerra será demandado por los nuevos responsables de la agencia de inversiones kuwaití. La otra guerra de Kuwait –la interna de la familia Al Sabah a causa de la gestión de KIO tras la invasión– llevará a un tribunal de Londres a ordenar (en febrero de 1994) el embargo preventivo por valor de 500 millones de dólares (70.000 millones de pesetas) de las cuentas corrientes del jeque Fahad al Sabah.

Entre la veintena de gestores del holding contra los que se querella la otra parte de la familia Al Sabah figura Fouad K. Jaffar, anterior vicepresidente de KIO (quien aparece en el punto 2º de esta misma página de la sentencia, reenviándose cuatro millones de dólares a sí mismo), además del propio Javier de la Rosa, vicepresidente del Grupo Torras, que era el vehículo de las inversiones de KIO en España (con poderes para transferir esas cantidades). Los responsables de la oficina kuwaití en Londres se habían aprovechado de las circunstancias bélicas para autoadjudicarse comisiones por 300 millones de dólares, que hicieron llegar a sus propias cuentas de Suiza y otros paraísos fiscales.

Sentencia en Londres por el desvío de 450 millones de KIO

Esa querella de los nuevos hombres fuertes en Kuwait contra los anteriores gestores de KIO, tras la reconquista del Estado árabe, culmina el 22 de junio de 1999 con la sentencia del Tribunal Comercial de Londres, que condena a Fahad al Sabah, Fouad Jaffar y De la Rosa (éste último, por haber efectuado las transferencias a los kuwaitíes) a pagar conjuntamente 450 millones de dólares, más 100 millones de intereses, mientras en España se prolonga la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional, que durará hasta la citada sentencia de 2006.

Y en este último veredicto se recoge cómo De la Rosa acaba entregando también al rey los restantes 20 millones de dólares, a través de las cuentas en Sogenal Ginebra de Manuel Prado, quien después las reenvía a las cuentas personales de Juan Carlos I. Ante la presión telefónica continua del soberano reclamándole lo que llama el "tender" (en inglés, el vagón de carbón que va tras la locomotora), finalmente el financiero catalán da la orden de transferir esa última cantidad a Suiza el mismo día en que se dispone a dimitir del Consejo de Administración del Grupo Torras, en mayo de 1992, como se puede leer en la página 94 de la sentencia de Gómez Bermúdez:

"En cuanto a MANUEL PRADO Y COLON DE CARVAJAL consta documentada la cantidad de 80 millones de dólares que, procedentes de FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA MARTI, recibe en su cuenta de Ginebra.

Pretende FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA MARTI que se trataba de hacer llegar a las más altas instancias el apoyo prestado por el Estado español a la familia real kuwaití y al propio Estado de Kuwait, por no bloquear sus fondos. Esta versión, ya la ha mantenido este acusado en el juicio oral de la pieza, ya con sentencia firme, denominada WARDBASE, en la que se estimó probado que, en mayo de 1992, hizo llegar a MANUEL PRADO Y COLON DE CARVAJAL la cantidad de 20 millones de [final de la pág. 94] dólares mediante una transferencia al banco SOGENAL de Ginebra, a la atención de Mr. Goodimar, a la cuenta ADNHIL, sociedad vinculada a MANUEL PRADO Y COLON DE CARVAJAL. En aquél juicio esa versión sorpresiva no fue estimada verosímil, y ahora sigue sin serlo. Entonces se enmascaró la salida del dinero en un contrato simulado, y en una factura a favor de una sociedad instrumental WARDBASE que no se correspondía con un servicio real. Ahora el pago se enmascara mediante una operación distinta, pero en definitiva se sigue tratando de ocultar, incluso pasado el conflicto, frente a los últimos propietarios y especialmente frente a los dirigentes de Kuwait."

11.000 millones de pesetas por “asesoría y consulting”

A continuación, mostramos la página 95 de esa sentencia, que trata sobre lo que se denominó caso Wardbase y que acabó costando una condena de prisión al propio Manuel Prado, ya que no pudo justificar el motivo por el que De la Rosa le girase cantidades tan enormes de dinero (los 100 millones de dólares totales equivalían en la época a casi 11.000 millones de pesetas), supuestamente por meras "gestiones de asesoría y consulting":

"MANUEL PRADO Y COLON DE CARVAJAL tampoco da ahora una explicación sobre la causa de una cantidad que en este caso es de 80 millones de dólares. En su día pretendió que no podía suponer que los fondos fuesen de KIO y dice que su causa se encuentra en negocios particulares con FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA MARTI, pero no existe ningún dato que confirme estas manifestaciones, y no parece verosímil la existencia de una deuda privada de tan elevada cuantía, sin ningún documento que la avale, sobre la base de unas gestiones no precisadas."

También la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de septiembre de 2007 que ratificó ese veredicto consideró probado que Manuel Prado recibió los últimos 20 millones de dólares:

"El Sr. Prado y Colón de Carvajal prestó declaración, en calidad de imputado, sobre los hechos por los que ha sido condenado en la sentencia combatida , el 12 de enero de 1996, ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 (f. 5111), conforme a lo acordado por dicho Juzgado en su auto de dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que acordó citarle para prestar declaración, en la fecha indicada, en calidad de inculpado (f. 5070); 3º/ que, según pone de manifiesto el Tribunal «a quo», «en el juicio oral de la pieza, ya con sentencia firme, denominada Wardbase, (…) se estimó probado que en mayo de 1992, (se) hizo llegar a Manuel Prado y Colón de Carvajal, la cantidad de 20 millones de dólares mediante una transferencia al Banco Sogenal, de Ginebra, a la atención de Mr. Goodimar, a la cuenta Adnhil, sociedad vinculada a Manuel Prado Colón de Carvajal» (v. f. 000121);"

La coartada del papel del rey en la reconquista de Kuwait

De la Rosa declaró en los juzgados de Londres que la desaparición de fondos de la caja del Grupo Torras (filial de KIO en España) se justificó ante los kuwaitíes diciéndoles que se había utilizado para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato, con el fin de que la aviación estadounidense pudiera disponer a discreción de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón y de que el propio jefe del Estado, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se asegurase del reabastecimiento de los bombarderos de EEUU.

Sin embargo, fuentes que conocen de primera mano cómo se desarrollaron los acontecimientos en aquella campaña bélica aseguran a Público que "el rey no se hizo cargo de nada en absoluto, pues todas las operaciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Defensa sin su participación. Está claro que la versión de De la Rosa sólo intentaba justificar ante los nuevos caudillos kuwaitíes que hubiera entregado tan elevada cantidad de dinero al administrador de los negocios de Juan Carlos I, y sólo porque se lo había pedido personalmente el monarca español".

Todo ello termina con la suspensión de pagos del Grupo Torras y las sentencias condenatorias para ambos (Prado y De la Rosa), que pasan algún tiempo en prisión y acaban enfrentados judicialmente, especialmente después de que el abogado de KIO, José Maía Stampa Braun, permitiese un careo entre Prado y De la Rosa que puso de manifiesto las ramificaciones de la operación hasta el propio rey. Algo que recriminó duramente a ese letrado el fiscal de la Audiencia Nacional José Aranda, empeñado en impedir que trascendiera la implicación del monarca, tal como se relata en el libro El negocio de la libertad.

Nunca se logró rastrear el paradero de esos últimos 20 millones de dólares y diversas fuentes consultadas por este diario estiman que probablemente ese dinero es el que la Fiscalía del Supremo ha descubierto recientemente en un trust de la isla de Jersey administrado por un testaferro (Joaquín Romero Maura) que formó parte en la época de KIO del círculo de confianza de Manuel Prado y del rey. Esa sociedad instrumental, situada en el citado paraíso fiscal de las islas del Canal de la Mancha, contaba con fondos por valor de unos 10 millones de euros, y el destinatario de los movimientos era aparentemente Juan Carlos I, aunque las transferencias no se hacían a su nombre, como era habitual.

Aparece Alcocer y Fasana crea la cuenta ‘Soleado’

Ante este escándalo y las investigaciones judiciales en marcha, en 1994, Manuel Prado tiene que batirse en retirada como gestor y socio de la fortuna del rey. Según aseguran a Público fuentes acreditadas que conocieron los hechos, el financiero anuncia a unos pocos magnates de su confianza que quien le reemplazará en esos cometidos será Alberto Alcocer, siempre ayudado y asesorado por su primo y socio, Alberto Cortina. Es decir, Los Albertos, ex maridos de las riquísimas hermanas Koplowitz.

Y será Alcocer quien presente al rey al bróker suizo Arturo Fasana –tal como reveló Tribune de Genève el pasado diciembre y Público pudo confirmar después a través de otras fuentes–. Fasana será quien al año siguiente (febrero de 1995) abrirá la ahora célebre cuenta Soleado en la entidad Credit Suisse de Ginebra. Una cuenta ómnibus o nodriza que sólo sirve como plataforma de aterrizaje de grandes cantidades de dinero evadidas al fisco español y como trampolín para reenviarlas desde Suiza a los paraísos fiscales en los que atesoran sus fortunas los multimillonarios; éstos pagan importantes comisiones para sacar su capital de España y mantenerlo a resguardo de Hacienda mediante el mecanismo ideado por Fasana y amparado en las prerrogativas de las que disfruta el monarca.

Público ha tratado de obtener una respuesta a esta información por parte de Alcocer y/o Cortina, pero sus responsables de comunicación en la Corporación Financiera ALCOR –holding de inversiones de Los Albertos creado en 1990 y que cuenta con unos 86 millones de euros de capital social– comunicaron a este diario que no tenían ningún comentario que hacer al respecto. 

Ese instrumento de canalización de capitales para ocultarlos a la Agencia Tributaria (cuyo formulario de apertura, firmado por Fasana el 22 de febrero de 1995, reproducimos aquí) funciona en secreto –pero conocido por las mayores fortunas españolas que lo emplean en su provecho– durante quince años, hasta que lo sacan a la luz las investigaciones judiciales sobre la trama de corrupción Gürtel, puesto que el cabecilla de esa red, Francisco Correa, también lo emplea para blanquear sus propias comisiones del entramado de cohecho.

Sin embargo, las comisiones rogatorias solicitadas a Suiza por los jueces españoles se ven limitadas por la Justicia helvética únicamente al conocimiento de los movimientos de los imputados en el caso Gürtel, así que la información sobre la cuenta Soleado que se transmitirá desde Ginebra a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en febrero de 2010, llegará con todos los datos e identidades tachados de los otros 32 millonarios y 22 sociedades que emplearon ese vehículo de evasión fiscal (ver información adjunta), algo que no es delito en Suiza.

Por tanto, el informe sobre Soleado que el Grupo de Blanqueo de la UDEF remitirá al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el 17 de julio de 2013, reconoce que la mayor parte de los beneficiarios de esa cuenta nodriza permanecen ocultos para la Justicia española.

Este informe de la UDEF sigue enterrado en el sumario hasta que, 25 años y tres días después de la creación de Soleado, el periodista José Antequera consigue una copia y publica en Diario 16 su contenido, a lo largo de varios capítulos en febrero de 2020, revelando que "implica a supuestos testaferros de Juan Carlos I y conduce a grandes fortunas de españoles en Suiza".

Público ha obtenido también el informe completo de la UDEF sobre Soleado –conformado por 135 folios– y en él queda claro que José Ramón Blanco Balín, socio y asesor de Los Albertos, también imputado en la trama Gürtel, es quien se hace cargo de la gestión de los fondos que transitan por esa cuenta ómnibus de evasión fiscal masiva. Tal y como explicaremos en el próximo capítulo de esta investigación.

* Para la realización de esta serie de investigación se han consultado decenas de fuentes, numerosos materiales y se ha obtenido el testimonio confidencial de algunos de los más estrechos amigos y colaboradores de Juan Carlos I. También se ha contactado con la Casa Real, que ha declinado hacer cualquier tipo de comentario.