MADRID.- Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía, se ha sentido "injustamente tratado" por los expresidentes de la Junta de Andalucía imputados en el caso ERE y ha sostenido en el Supremo que durante 10 años, los sucesivos gobiernos hicieron "oídos sordos" de las advertencias de su departamento. "Miraron para otro lado".

Gómez Martínez ha declarado durante tres horas y media en el Tribunal Supremo. Interventor General de la Junta de Andalucía durante el periodo 2000-2010, está imputado en el caso de los ERES que se instruye en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla. A la salida del Supremo, ha defendido la gestión de las "decenas de funcionarios" que trabajan en la Intervención de la Junta sobre los que se ha hecho recaer "insinuaciones veladas".

Gómez Martínez había pedido declarar ante el Supremo tras conocer las que los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán habían desviado la responsabilidad del control de las ayudas sociolaborales hacia los funcionarios cuando declararon como imputados ante el juez instructor del Supremo, donde están aforados al ser parlamentarios. Ambos aseguraron que nadie les alertó de que se estaban incurriendo en irregularidades en parte de las ayudas sociolaborales que concedía la administración autónoma.

Una persona creó un déficit de 100 millones

En su declaración ante el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, el exinterventor general de la Junta ha reconocido que elaboró una quincena de informes en los que se advertían de "deficiencias", pero no "menoscabo" de fondos. Dichas deficiencias se detectaron en la Consejería de Empleo y considera que el departamento de Hacienda, y la propia Junta, debió de intervenir porque en una sola dirección general se pasó de un déficit cero a casi 100 millones de euros a partir del año 2005.

Este déficit fue originado "por las decisiones de una sola persona", lo que es algo "absolutamente extraordinario y pone de manifiesto que ahí está pasando algo y es de general conocimiento porque estaba en las cuentas de la Junta", según la declaración del imputado al que ha tenido acceso Público.

No conocía al presidente, ni le informó

El interrogatorio del ex jefe de la Intervención de la Junta ha sido exhaustivo por parte del magistrado Alberto Jorge Barreiro. Gómez Martínez ha respondido al juez, al fiscal y a la acusación popular que dirige Manos Limpias, pero se ha negado a contestar a las preguntas de los abogados defensores, un derecho que le asiste.

Uno de los puntos centrales de su declaración ha sido el motivo por la cual no elaboró un Informe de Actuación sobre las irregularidades que detectaba.  Gómez Martínez ha expuesto en el Supremo que no elaboró dicho Informe porque no detectó menoscabo de fondos.

El exinterventor ha calificado de "excusa" el que se argumente que no redactó dicho Informe. La Consejería de Hacienda -explica- tiene como competencia el control financiero de la Junta y "si se le está advirtiendo que hay un déficit importante no tiene porqué esperar a ningún otro informe para actuar". El consejero de Hacienda podría haber tomado medidas, al igual que el de Innovación cuando su departamento alertó de estas irregularidades. Era "de general conocimiento" que algo estaba pasando.

Manuel Gómez no despachaba "con nadie, sólo con sus colaboradores" respecto a estas irregularidades. No se reunión con el presidente ni los consejeros, no les envió dichos informes y no recibió presiones sobre cómo realizar su trabajo. "Al presidente ni lo ha conocido", ha reconocido ante el Supremo.

El Informe de Actuación es preceptivo para evaluar y resolver los fallos que se detecten, como así lo establece el punto 5 del artículo 12 del decreto de control y fiscalización de los gastos de la Junta. De haberse elaborado, el documento hubiera sido sometido al Consejo de Gobierno en caso de que las consejerías afectadas -Empleo e Innovación- no se hubieran avenido a seguir sus recomendaciones.

La instructora del caso en Sevilla, Mercedes Alaya, considera que Gómez advirtió a sus superiores de lo que ocurría en Empleo, pero reserva duros reproches contra él por no elaborar un Informe de Actuación en el auto en el que fijó una fianza para el exinterventor de 3,46 millones de euros.

Por ello, está imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos "por dictar informes u omitir los mismos, acción u omisión que quebrarían de manera esencial el ordenamiento jurídico".