Exministros de UCD, PSOE y PP comparan el derecho a decidir en Catalunya con "un golpe de Estado"

Veinticinco exministros de UCD, PSOE y PP han suscrito un manifiesto en el que abogan por abrir un "riguroso análisis sobre si la singularidad de Catalunya está siendo reconocida y valorada de manera justa", pero con el límite de que cualquier reforma sea compatible "con el proyecto común que es España".

Según informa el diario El País los expolíticos, miembros de la Fundación España Constitucional, impulsada en 2013 por los también exministros José Bono (PSOE) y Eduardo Zaplana (PP), proponen una reforma de la Constitución en cuanto a la organización territorial del Estado, aunque insisten en que "imponer como hecho consumado una España sin Catalunya es disparatado". "Una decisión de tal calibre, que alteraría el ser histórico y el existir de España, no puede adoptarse en elecciones autonómicas", se puede leer en el manifiestos.

Titulado Ante el intento de separar Cataluña de España. Llamamiento a la reflexión y a la concordia, los exministros piden "derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos" pues "no hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado y abriría una enorme crisis de convivencia".

El documento consensuado parte de un llamamiento al diálogo a las principales fuerzas políticas ante "tan desatinado y grave propósito como es un plebiscito separatista" que plantea Artur Mas en las elecciones del 27S.

Ante una declaración unilateral de independencia los expolíticos creen que "no se podría reprochar a ningún Gobierno que usase" la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Catalunya, una previsión constitucional "vigente" para situaciones graves. También consideran que en ese escenario "cabría utilizar" instrumentos de "carácter penal, de orden público y en general coactivos" para hacer cumplir la Constitución.

No obstante prefieren las vías de reflexión y concordia y concluyen que "ahora es la hora de la prudencia y la responsabilidad".

De los veinticinco firmantes del manifiesto, trece ocuparon una cartera ministerial con un Gobierno de UCD, siete con un Ejecutivo del PSOE y cinco lo hicieron con el PP, y todos están retirados ya de la acción política.

Entre ellos hay nombres como Marcelino Oreja (presidente de la fundación), Rodolfo Martín Villa, Juan Antonio Ortega y José Lladó, por UCD; Cristina Garmendia, José Bono, Cristina Alberdi y César Antonio Molina, por el PSOE, y Josep Piqué, Pío Cabanillas, Eduardo Zaplana y Abel Matutes, por el PP.

El documento consensuado parte de un llamamiento al diálogo a las principales fuerzas políticas ante "tan desatinado y grave propósito como es un plebiscito separatista" que plantea Artur Mas en las elecciones del 27S. 

Los firmantes recuerdan que la Constitución consagró una "amplia descentralización política" y que Catalunya "nunca antes gozó de una autonomía tan profunda", pero al mismo tiempo reconocen que hay nuevas circunstancias que aconsejan hoy estudiar la reforma de la Constitución de 1978.

En ese cambio señalan la organización territorial del Estado como una cuestión que la Constitución dejó "muy abierta" y que debería ser "actualizada para ajustarse mejor y de manera equitativa a las necesidades del conjunto de España y de los perfiles singulares propios de sus comunidades".

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Una de las más contundentes y críticas ha sido la del candidato de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, quien ha calificado el manifiesto de "reedición o remake de La Noche de los Muertos Vivientes, en el que los fantasmas del pasado vienen a amenazar a los vivos".

"No nos debemos impresionar por esas amenazas, de tono a veces guerracivilistas incluso porque la sociedad democrática en Catalunya ha avanzado mucho y tiene claro que quiere decidir, que quiere tomar la palabra, y no serán esas declaraciones extemporáneas las que contengan un movimiento democrático de nuestra sociedad", ha dicho Rabell.

El candidato de la confluencia de izquierdas ha insistido en que las aspiraciones nacionales de Catalunya "no tienen freno y no se frenarán con amenazas, aunque tampoco tienen atajos".