Pedro Sánchez copió su tesis doctoral. Irene Montero ha multiplicado por 100 su patrimonio desde que está en política. Podemos recibió financiación iraní. Zapatero tiene minas de oro en Venezuela. Y la ley solo sí es sí permite dejar en libertad a violadores. 

La mentira es un arma ideológica muy poderosa. Y esto es algo que la derecha sabe bien y ha utilizado históricamente en su beneficio. Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, simplemente ahora tienen más difusión gracias a la existencia de herramientas, como internet o los smartphones, que permiten que lleguen a mucha más gente.

Emilio Romero, falangista y director del diario Pueblo, afirmó ya en su día que la derecha, para ganar unas elecciones tenía que mentir y la izquierda, sin embargo, no. Simplemente porque la derecha defendía los intereses de doscientas familias y eso no daba votos suficientes.

Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts de 2017: "La mentira se difunde significativamente más lejos, más rápido, más profunda y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información". En concreto, las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser replicadas, según el MIT.

A pesar de que una vez instalada una mentira es muy difícil darle la vuelta, por muchos datos y argumentos que pongamos sobre la mesa, creo que es importante dedicar un espacio a rebatir uno por uno los argumentos falaces que se están desplegando estos días contra la ley solo sí es sí.

Bueno, obviando el paternalismo con el que siempre se enjuicia al Ministerio de Igualdad por ser un equipo de mujeres, jóvenes y feministas, este es el argumento que más ha calado estos días y que más gente está replicando. Los medios hablan de "avalancha" de casos en los que, desde que entró en vigor la nueva ley, se están rebajando penas de agresores sexuales y esto lo que hace, en última instancia, es contribuir a generar la sensación de que la ley no sirve y está mal hecha.

Sin embargo, lo cierto es que la nueva ley no rebaja las penas, de hecho, la Fiscal de Sala de violencia contra la mujer, Teresa Peramato ha asegurado que con esta ley se pueden imponer penas mayores a los agresores sexuales. Esta ley amplía la horquilla penal, para que haya agresiones sexuales que puedan ser penadas y no sigan quedando en la impunidad.

Además, recordemos que la principal innovación que introduce la ley solo sí es sí es eliminar la distinción entre agresión sexual y abuso, situando el consentimiento libre de las mujeres en el centro de la norma. Es decir, se trata de una ley concebida esencialmente para ampliar la protección de las víctimas y reducir la impunidad de los agresores, ya que todo lo que antes se penaba como abuso sexual ahora se pena más gravemente.

Más allá de la discusión sobre la eficacia del endurecimiento de las penas a la hora de avanzar en la protección de las mujeres, (este lunes mismo el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín decía aquí en La Base que el punitivismo en materia de delitos sexuales no conduce a ninguna parte], lo cierto es que la nueva ley no está poniendo en libertad a nadie.

Los condenados por delitos contra la libertad sexual salen en libertad única y exclusivamente cuando cumplen su condena. De hecho, quienes están decidiendo acortar esas condenas son algunos jueces que no respetan el marco del derecho transitorio vigente en nuestro ordenamiento jurídico y que tampoco respetan la circular de la Fiscalía General del Estado que advertía que si la pena impuesta es posible con la nueva ley, no cabe la revisión de penas.

En términos generales, no hay obligación de imponer la pena mínima, como aducen quienes están revisando. Aunque se hayan ampliado las horquillas penales, si la antigua pena cae dentro de la nueva, se debe mantener. Si revisamos en la hemeroteca, encontramos que el propio Partido Socialista reconocía que era una decisión judicial rebajar las penas.

No es una novedad que siempre que se trata de avanzar en materia de derechos feministas nos encontremos con una resistencia judicial. Pasó con otras medidas impulsadas desde el Ministerio de Igualdad, (como la ley trans o la reforma de la ley del aborto), pero también con la ley de violencia machista aprobada por el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hace ya 19 años.

En aquel entonces la derecha judicial interpuso más de 200 cuestiones de inconstitucionalidad y aumentaron en un 160% los sobreseimientos. Es decir que los jueces de derechas empezaron a dictar autos para sobreseer y proteger a agresores machistas. Esto es exactamente lo que está pasando ahora con la ley solo sí es sí.

Tal y como preveía Patxi López en esa rueda de prensa del pasado mes de diciembre, algunos jueces han decidido no aplicar correctamente la ley, ignorando el derecho transitorio y continuando con una inercia que afecta especialmente a los delitos de violencia contra las mujeres.

Cuando la derecha política y judicial trató de boicotear la ley de violencia machista de 2004, lo que hizo el gobierno de Zapatero fue crear los juzgados de violencia de género y formar a los jueces en materia de igualdad. Desde el Ministerio de Irene Montero la propuesta va en la misma línea: desarrollar un plan de implementación que fortalezca los servicios asistenciales, garantice la asistencia jurídica gratuita a las víctimas y forme a los jueces en violencias sexuales.

Es rotundamente falso que el Ministerio de Igualdad no haya asumido ninguna mejora. Desde diciembre hasta ahora ha hecho hasta tres propuestas de modificación del Código Penal, para evitar volver al modelo anterior y poder conservar el consentimiento.

Bueno, el PSOE las ha rechazado sistemáticamente asegurando que la única propuesta válida es la del Ministerio de Justicia en la que se recuperan la violencia y la intimidación como elementos esenciales del delito, volviendo al anterior modelo en el que el foco recaía sobre la víctima y su actuación.