Feijóo ya anunció en Galicia un registro de incendiarios pero dejó la ley a medias y lleva congelada cinco años

Alberto Núñez Feijóo tiene unos planes para España que, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, dejó a medias. El líder del Partido Popular aprobó un anteproyecto de ley en 2021 para la prevención de incendios en la que se contemplaba la creación de un registro administrativo de personas infractoras. Es decir, diseñado para personas que hubieran llevado a cabo incendios provocados. La medida, sin embargo, nunca llegó a formalizarse y aprobarse por su Gobierno y cinco años después sigue guardada en un cajón a la espera de su tramitación. El acutal presidente, Alfonso Rueda, tampoco ha intentado sacar adelante la ley.

Este lunes, Feijóo presentaba un plan de 50 medidas contra los devastadores incendios de este verano y una de las principales propuestas consistía en un registro de pirómanos y pulseras localizadoras para los condenados. Sin embargo, el líder popular no llevó a cabo ese registro cuando gobernaba Galicia, cargo que ocupó desde 2009 a 2022, y dejó el proyecto a medias. El anteproyecto congelado contempla en su artículo 107 la creación de un registro y que "las personas físicas o jurídicas sancionadas en virtud de resolución administrativa firme por infracciones graves y muy graves" se inscribirían en "una sección especial del registro de personas infractoras en materia de montes".

En la ley de montes de 2012, aún vigente y correspondiente a la Comunidad Autónoma de Galicia, se anuncia también la creación de un registro de infractores, pero desde la Xunta descartan que pueda considerarse una medida similar a la anunciada esta semana por Feijóo: "El registro de infractores contemplado en la ley no tiene que ver con incendiarios/pirómanos. Se refiere a las personas que cometen algún tipo de infracción administrativa tipificada en la citada ley, normalmente vinculada con plantaciones, cambios de uso del suelo... etcétera", sostienen fuentes del Gobierno gallego. Desde el Ejecutivo gallego aseguran que ese registro está en funcionamiento y que corresponde a la Consellería do medio rural, pero que es de uso privado, mientras que la oposición denuncia que no hay rastro de ella y que en realidad no se ha puesto en marcha.

Luis Bara, diputado del BNG en el parlamento gallego, denuncia a Público que "hay muchos compromisos de Feijóo que no se han ejecutado, entre ellas muchas medidas de prevención y de mejora del servicio de extinción". "Hacen muy bien la propaganda, pero ahora quedaron en evidencia", alega el parlamentario. El actual equipo de Feijóo ha rehusado a responder a las preguntas enviadas por este periódico. Desde la formación nacionalista gallega denuncian que la estrategia del PP y de Feijóo, de depositar todo el peso de la preocupación sobre los incendiarios y pirómanos, es la forma que tienen de esquivar las responsabilidades reales que tienen el gobierno autonómico de Rueda, sucesor de Feijóo, sobre la gestión de unos incendios que han quemado 100.000 hectáreas de Galicia. "El registro en sí nos parece una ocurrencia que quiere desviar la atención, algo en lo que es especialista Feijóo, que es buscar chivos expiatorios. En su momento incluso hablaban de terrorismo incendiario y eso les ha permitido eludir sus responsabilidades", apunta Bara. 

Un informe del MITECO que recoge los incendios en España entre 2006 y 2015 sostiene que solo el 7% de los incendios se deben a pirómanos. El 29,9% es por la "quema para regeneración de pastos" y el 37,85% por la "quema agrícola ilegal o abandonada". Y la devastación tan salvaje de estas décadas tiene como aliciente las altas temperaturas, la calidad del aire y las condiciones climatológicas provocadas por el cambio climático.

En Ecologistas en Acción también son conscientes de la estrategia que Feijóo y el PP han llevado a cabo en Galicia durante muchas décadas: "Reducirlo todo a pirómanos sirve para que ellos no tengan culpa de los incendios, mientras están reduciendo presupuestos de prevención y extinción. Como no pudieron apuntar al Gobierno central, apuntaron a un villano al que colgar públicamente", sostiene Cristóbal López, portavoz de la organización en Galicia.  

Críticas al plan por considerarlo innecesario

Pero más allá de la inactividad del Gobierno de Feijóo y su sucesor para sacar adelante la ley, la propuesta se considera ineficiente por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con la realidad de los detenidos por incendiar el monte. Un informe elaborado por el Servicio de prevención de incendios forestales de Galicia del año 2019 revelaba que, entre 1998 y 2008, solo se detuvieron e identificaron al 6,5% de responsables de fuegos intencionados en el monte de Galicia. De forma que, aun con una supuesta ley como la que pide Feijóo, su impacto quedaría minimizado. "El porcentaje de incendiarios condenados es muy bajo porque es muy difícil encontrarles. De forma que un registro, si no hay mayores detenciones, sería una medida de cara a la galería. Habría que mejorar la vigilancia de los servicios públicos y no tener un monte inflamable, que eso es responsabilidad de quien gobierna", analizan desde BNG.

Elvira Santiago, profesora de Sociología en la Universidad de A Coruña, también pone en duda medidas como las que pretende Feijóo para España: "En España existe precedente de creación de registro en el Registro de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Estos registros son controvertidos, pues amplían el castigo formal ya otorgado por el crimen cometido y cuestionan las posibilidades de rehabilitación. En el caso del registro de personas pirómanas, debemos tener en cuenta que la piromanía es una dolencia mental que, según las estadísticas oficiales, está detrás de un porcentaje pequeño de incendios forestales, y que este registro podría aumentar la exposición y la estigmatización", alega la docente. 

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Pero además, el punitivismo de estas leyes es contraproducente y simplista. Marta Lois, Doctora en Ciencias Políticas y decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, identifica en ella una forma de cambiar el foco del debate por parte de la derecha: "El paradigma punitivista se desarrolla siempre que hay grandes incendios desde políticos conservadores y es ineficaz. El punitivismo desvía la atención, aparece para intentar dar una respuesta emocional que busca simular eficacia y al mismo tiempo busca simular una exigencia de control frente a problemas que son de políticas públicas. El punitivismo desplaza el foco sin modificar el riesgo real y elimina el pensamiento complejo", concluye Llois.