Ferrol-Vigo, 47 euros ida y vuelta: la AP9 mantiene desde Aznar el peaje pese a que Europa lo ve ilegal

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin aceptar la resolución de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga que concedió en el año 2000 el Gobierno de José María Aznar a la empresa concesionaria de la AP-9. Se trata de la quinta autopista de titularidad pública más transitada de España, recorre el eje atlántico de Galicia desde Ferrol hasta la frontera portuguesa y sigue siendo de pago pese a la inexistencia de una alternativa real gratuita y a que su construcción ya fue amortizada hace años.   

El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, informó el miércoles de que ha respondido por segunda vez a los requerimientos de la Comisión, que hace cuatro años abrió expediente de infracción a España al considerar que el Gobierno de Aznar había vulnerado con su prórroga la normativa europea de contratación pública. El Gobierno estima que el rescate de la vía podría suponer alrededor de 4.000 millones de euros, una cifra que la Xunta rebaja a 2.356 millones y un estudio del BNG, encargado a expertos de la Universidade da Coruña, a 904,7 millones. Si el Ejecutivo comunitario no atiende los argumentos de España, que ya ha rechazado en una ocasión, podría denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La decisión de Transportes, en la práctica, supone mantener los peajes de la AP9 pese a la unanimidad social y política que los considera abusivos y que apela a la necesidad y la justicia de recuperar la gestión pública de la vía y eliminarlos. La actual concesionaria, Autopistas del Atlántico SA (Audasa), propiedad del Grupo Itínere, factura gracias a ellos cerca de 150 millones de euros anuales. A pesar de que las tasas están sometidas a bonificaciones para usuarios frecuentes, que se sufragan con fondos públicos, un trayecto para un turismo entre Ferrol y Vigo –180 kilómetros de distancia y casi cuatro horas por otras carreteras– puede alcanzar los 46,90 euros, sumando ida y vuelta si el regreso no se hace en 24 horas. Un viaje entre A Coruña y Santiago –72 kilómetros– en las mismas circunstancias asciende a 16,8 euros; y otro entre Santiago y Pontevedra –64 kilómetros–, a 14,40 euros. Según datos del departamento de Puente, la AP9 tiene un tránsito anual de 112,6 millones de vehículos ligeros y pesados, de los que alrededor de 43 millones se benefician de los descuentos.

La AP9 empezó a construirse en 1973 y sus primeros tramos fueron inaugurados seis años después. Audasa era por entonces  propiedad de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), a su vez parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que había previsto suprimir los peajes en 2023. En el año 2000, sin embargo, el Gobierno de Aznar decidió prorrogar la concesión hasta agosto de 2048, y tres años después, cuando privatizó los bienes de ENA, la SEPI vendió Audasa a un consorcio encabezado por la constructora Sacyr, que luego se constiuiría como Itínere y del que tenía el 50% del capital, junto al Banco Santander (20%) y las cajas de ahorro gallegas (20%).

Carta de emplazamiento

En septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España al considerar que la prórroga decidida por Aznar en el año 2000 no había respetado las normas de contratación pública de la UE, ya que estimaba que el aumento del plazo de concesión había constituído una modificación sustancial de las condiciones de contratación, y que debía haber sido sometida a un procedimiento abierto de licitación pública. Bruselas envió al Gobierno una carta de emplazamiento, el primer paso en el expediente de infracción, que España respondió. En julio pasado, la Comisión envió un dictamen motivado rechazando sus argumentos y reclamando que anulase la concesión en un plazo de dos meses –vencía el miércoles–, lo que supondría rescatar la autopista y liberar sus peajes, una medida que ya había sido instada por unanimidad en el Parlamento de Galicia, que también había reclamado, con apoyo de PP, BNG y PSOE, que la gestión de la vía pasara a manos de la Xunta.

El dictamen motivado de la Comisión agota la vía administrativa y representa un ultimátum, dado que el siguiente paso en el procedimiento de infracción es la denuncia de la Comisón ante el TJUE, que, de fallar en contra de España, podría imponer una multa que se iría acumulando por cada día en el que se mantuviera la ilegalidad. El Ministerio de Transportes ha eludido facilitar el contenido de su respuesta a Bruselas y se ha limitado a enviar a los medios una nota en la que asegura que ha proporcionado a la Comisión "las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España".

La posición de departamento de Puente desmiente la tesis que apenas un día antes había ofrecido el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien, pocas horas antes de que venciera el plazo de la Comisión, había asegurado que la AP9 estaba "en la vía de la gratuidad". El secretario general del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, se había referido un día antes al caso asegurando que el ultimátum de la Comisión suponía "un momento extraordinario" para "llegar al 100% de las bonificaciones". La jefa de la oposición y portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, abogó el miércoles por un rescate, que a su juicio resultaría "más barato" que seguir sufragando esos descuentos. 

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se ha manifestado a favor de que la autopista sea "libre y gratuita", y su departamento de comunicación envió una nota este miércoles en el que acusa al Gobierno de "castigar a los gallegos" por mantener "un peaje injusto", a pesar de que su Administración mantiene bajo su titularidad varias autopistas públicas que también son de pago pese a que no cuentan con carreteras alternativas viables para los trayectos que cubren

Público se ha dirigido a Audasa para obtener su valoración sobre la respuesta del Gobierno a Bruselas, pero la empresa ha alegado que no puede manifestarse al respecto dado que no es parte en el procedimiento de infracción.