El fiscal general pide al Supremo que anule la fianza de 75.000 euros que le impuso el juez Hurtado

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo que anule la fianza de 75.000 euros que le impuso el juez Ángel Hurtado de cara al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz ha recurrido en apelación directamente ante la Sala las dos decisiones del juez instructor, primero la fianza de 150.000 euros y después la de 75.000 que rebajó el magistrado tras percatarse de que había incluido la eventual multa que se le pudiera imponer por el delito de revelación de secretos, lo que es inconstitucional, según ha avanzado la SER y ha confirmado EFE en fuentes jurídicas.

La Abogacía del Estado pide la anulación de las dos fianzas porque entiende que no debe de pagar ninguna en virtud de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y subsidiariamente solicita que se rebaje la cuantía alegando una demanda de González Amador a la vicepresidenta María Jesús Montero que el Supremo desestimó.

Ocurre que el juez toma como referencia para la fianza los 40.000 euros que el novio de Ayuso reclamaba a Montero por haberle llamado "defraudador confeso", cuando la Sala rechazó la demanda por ser "una cuestión de interés general" y que afecta a "una persona de relevancia social (la pareja de una importante política que es en realidad la destinataria última de la crítica)".

El pasado día 9, Hurtado impuso al fiscal general el pago de una fianza de 150.000 euros, dispuesta para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos.

Sin embargo, una semana después el magistrado rectificó de oficio esa cuantía al excluir la eventual multa para el delito de revelación de secretos que se pudiera imponer al fiscal general.