Casi diez años después de que estallara el caso Elecnor, los presuntos sobornos pagados por el grupo vasco a través del despacho montado por el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el exembajador Gustavo de Arístegui, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado el auto de apertura del juicio oral que sentará en el banquillo a los dos citados y a otros 21 imputados, entre comisionistas, directivos de cinco empresas e incluso cinco gestores suizos y holandeses imputados por blanqueo de capitales.

A falta de que los acusados presenten alegaciones –para lo que tienen un mes de plazo–, se fijará la fecha en que serán juzgados los actores de lo que, en realidad, sólo es una pieza separada del caso, revelado en diciembre de 2015. Hay otras dos piezas aún abiertas –Nova Internacional y Panamá– y una cuarta que ya fue archivada e involucraba a la empresa Fertiberia.

Es decir, se abre juicio cuando estaban a punto de prescribir los supuestos delitos. Durante la década de investigación judicial, ha fallecido uno de los principales imputados, Cristóbal Tomé Becerra, que trabajaba para De la Serna y De Arístegui y era poseedor de los contactos en las altas esferas del Gobierno de Argelia, además de la secretaria y única empleada de Voltar Lassen, el despacho fundado por los dos políticos del PP.

Para De la Serna y De Arístegui, el fiscal pide 18 años de prisión, así como multas que en conjunto suman 720.000 euros y el decomiso de 2,64 millones de euros a las sociedades Scardovi y Karistia, creadas por ambos y a través de las cuales cobraban las comisiones de las empresas que eran sus clientes en el despacho. Tanto al exdiputado como al exembajador en India, el ministerio público les imputa los delitos de corrupción en los negocios –seis años–, cohecho pasivo –también seis años–, falsedad documental –tres años– y organización criminal –seis años–, aunque solicita que se considere subsidiariamente también el de asociación ilícita –seis años–, según el auto al que ha tenido acceso Público. Borja Manuel de Arístegui Arroyo, hijo del exdiplomático, también participó en la trama: el fiscal solicita para él tres años de cárcel por corrupción en los negocios.

Las mayores penas, no obstante, las pide el fiscal para dos directivos de Elecnor, Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax: 21 años, puesto que a los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental y organización ilícita se añade el de cohecho activo. También se enfrentan a 21 años de cárcel el hermano y el hijo de Cristóbal Tomé Becerra, José Luis y David Luis, acusados además de blanqueo de capitales. Otro tanto ocurre con Adolfo Suárez Lopetegui y su hijo Israel, como administradores de AS Auditoría & Consulting Navarra SL, que sirvió para canalizar las comisiones ilícitas, de acuerdo con el relato de la Fiscalía.

Cinco empresas, responsables penales corporativos

Además, el ministerio público acusa de corrupción en los negocios no sólo a Elecnor y a su filial Internacional de Desarrollo Energético SA, sino también a Rover Alcisa, Assignia Infraestructuras y a la citada AS Auditoría & Consulting Navarra SL, y de cohecho activo a Elecnor y a su subsidiaria. Así, para el grupo vasco pide multas que suman 36,7 millones de euros. Para Rover Alcisa y para Assignia, 9,12 millones cada una, y para la consultora navarra, 4,56 millones. Las dos primeras formaron una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Elecnor para construir el Tranvía de Ouargla, una adjudicación de 230 millones de euros, que consiguieron en 2013 tras pagar 850.000 euros al director del proyecto, Smaine Koriche. En lo que puede considerarse una muestra de cómo funcionaba el esquema diseñado por la trama, el soborno se ingresó a través de una sociedad domiciliada en Dubái, Shams Al Sabah General Trading LLC, de la que era beneficiario un empresario argelino llamado Mohamed Moulay, y de otras dos sociedades dubaitíes, Erfaa Commercial Broker LLC y MC Europe FZE. Las transferencias las realizaron tanto la UTE como José Luis Tomé Becerra, según detalla la Fiscalía en su escrito de acusación.

El ministerio público considera así a las cinco empresas acusadas "responsables penales corporativos por su absoluto descontrol en materia de organización y control societario, económico financiero y jurídico". También les reprocha que no contaran con "los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito", cuya aplicación, resalta, habría "impedido" los "criminales comportamientos" de los 23 imputados.

Tales "comportamientos" tenían su centro rector en Voltar Lassen, el despacho de consultoría empresarial que Pedro de la Serna y Gustavo de Arístegui crearon en 2009 para asesorar a compañías españolas en su expansión internacional. A cambio, debían percibir una cantidad fija mensual y una comisión porcentual "de éxito", si conseguían para sus clientes adjudicaciones públicas en el extranjero. Para ello, contrataron como agentes a José Faya López y a los hermanos Cristóbal y José Luis Tomé Becerra. Estos últimos, a su vez, tenían como socio a José Félix González Noriega.

Entre la cartera de clientes del despacho figuraban grandes empresas como Gas Natural, Eurofinsa, Grupo San José, Liberbank, Fergo Aisa y Alsa, además de Elecnor.

El fiscal establece que De la Serna y De Arístegui "se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016, especialmente de su función y actividad institucional nacional e internacional" para llevar a cabo su actividad de consultoría internacional.

Una vivienda en Puerto Banús, estudios pagados

En el caso de Elecnor, Voltar Lassen le consiguió, además del tranvía de Ouargla, la construcción en 2009 de la estación desaladora de Souk Tleta, un contrato de 250 millones de euros. A cambio, el grupo vasco le pagó a De Arístegui –a través de su sociedad Karistia– una deuda de 164.000 euros que tenía con la Agencia Tributaria. También le compró a Abdelaziz Natouri, ex director general de Energía de Argelia, una vivienda de 245.000 euros en Persan (Francia); al empresario Amar Aouci, otro inmueble en Puerto Banús (Málaga); a Zine Hachichi, traductor del presidente argelino, y a su hijo le abonó 300.000 euros en diferentes transferencias, y a Camelia Gherbi, hija de la directora general de la Agencia Nacional de Intermediación y Regulación Territorial de Argelia (Aniref), González Noriega y Cristóbal Tomé le costearon sus estudios en España e incluso su residencia.

Para canalizar y ocultar estos pagos desde Elecnor hasta los comisionistas y después hasta los funcionarios argelinos, la trama utilizó, explica el fiscal, toda una "estructura societaria" compuesta por sociedades pantalla como la irlandesa Emerald Business Consulting LTD y la holandesa Castelino BV, así como instrumentales suizas, pero también Trebol Ventures LTD, y Forlan Development LTD –Islas Vírgenes Británicas– y Higher Productions Limited –Reino Unido–.

De ahí que el juez haya abierto juicio oral contra los gestores suizos Vicente Ferro y Walter Carl Gustav Stresemann –para los que el fiscal pide cinco años de prisión por blanqueo de capitales y falsedad documental–, los holandeses Henry Hans Samuel Leijdesdorff, Shareen Perret Gentil y Dirk Hendrik Bink –seis años– y el español Francisco Javier Romero Pumar, dueño de una firma suiza de gestión fiduciaria de patrimonios denominada Fidalliance –también seis años–.

Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción

El caso estalló después de que José Faya López, uno de los agentes comerciales de Voltar Lassen, presentara una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2015. También presentó abundante documentación de la operativa del despacho. Después de que la prensa empezara a publicar el contenido de la investigación, De Arístegui dimitió como embajador, en diciembre de 2015, mientras el PP abría expediente disciplinario a De la Serna, quien terminó dándose de baja del partido en enero de 2016. La colaboración de José Faya con la Justicia le costó al comercial una demanda por revelación de secretos interpuesta por Gómez de la Serna, una acusación de la que fue absuelto en abril de 2023. Pese a la denuncia y a la documentación que aportó, el fiscal pide para José Faya nueve años de cárcel: tres años por corrupción en los negocios y seis por organización criminal.

Durante los 10 años de instrucción del caso Elecnor, que comenzó el juez José de la Mata y ha concluido Santiago Pedraz, se practicaron registros tanto en las oficinas de Elecnor como en los domicilios de sus directivos, y en los De Arístegui y De la Serna. Los investigadores hallaron cientos de correos, facturas y comprobantes de las numerosas transferencias bancarias realizadas por los implicados. También se cursaron comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Bélgica, China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Argelia y Francia.