SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID).- La fiscal del caso Gürtel Concepción Sabadell ha acusado a algunos abogados de los acusados en el macrojuicio de Gürtel de haber acudido a "meras descalificaciones personales" para "intoxicar" ante la "abrumadora prueba" contra ellos, y se ha opuesto a la nulidad del juicio que propuso la mayor parte de las defensas.

En la sesión de este lunes, el ministerio público se ha opuesto a la petición de dos acusaciones populares de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, testifique en el macrojuicio de Gürtel, al menos "por el momento y sin perjuicio de lo que pase en las sesiones".

En el caso Gürtel no sólo se juzgan los apaños de la trama para conseguir contratos por valor superior a ocho millones de euros en su primera época, sino también cómo se alimentó la caja negra del PP de la que su extesorero, Luis Bárcenas, desvió dinero a Suiza.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y la acusación que ejercen los socialistas madrileños defienden tomar testimonio a Rajoy porque fue vicesecretario del PP entre 1999 y 2003, No lo piden "en función de lo que hoy es, sino de lo que fue", incidió José Mariano Benítez de Lugo, de ADADE.

La Fiscal Anticorrupción también ha rechazado la petición del PP de que se le excluya del macrojuicio de Gürtel como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros "de fondos procedentes de cohecho y malversación" de la trama y con los que se sufragaron las campañas electorales de Jesús Sepúlveda y de Guillermo Ortega,ex alcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda (Madrid).

También ha rechazado de que el partido nacional sea excluido y, en su lugar, afronte esta responsabilidad los grupos municipales del PP en ambas localidades.

“El PP fue quien se vio beneficiado en más de 245.000 euros de fondos procedentes de cohecho y prevaricación y no los grupos municipales", ha dicho la fiscal, por lo que "no procede su exclusión del procedimiento, es plenamente válida" al tiempo que ha enumerado varias páginas del escrito de la Fiscalía que probarían la responsabilidad del PP al beneficiarse de fondos de la trama corrupta.

Además, ha defendido que la documentación bancaria sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas aportada por Suiza es "plenamente válida" para ser utilizada durante el juicio oral de Gürtel pese a estar pendiente de la autorización final del equivalente al tribunal supremo helvético.

"La utilización de este material probatorio en este juicio es plenamente válida aunque para ello no se cuente por el momento con autorización suiza", ha destacado la representante del Ministerio Público por lo que ha querido dejar claro que "no es una prueba nula".

La fiscal ha precisado que se está pendiente de esa autorización solo para delitos fiscales y que sí se puede usar para otro tipo de delitos de corrupción como cohecho o malversación, en los que el material de Suiza es "fundamental".

Ha recordado que Bárcenas dio su consentimiento para la utilización de esta información durante la fase de instrucción. "Aún sin recibir la autorización es plenamente válida", ha apostillado.

En Suiza fue adonde, según la Fiscalía, Bárcenas se llevó el dinero que acumuló de comisiones por interceder en adjudicaciones a la red mafiosa (al menos 1,2 millones) y el que sustrajo de la "caja B" del partido (unos 300.000 euros), y donde llegó a acumular 48,2 millones.

El país helvético autorizó en su día a España a usar la documentación que envió sobre Bárcenas, el líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y otros imputados, para acusarlos de delitos de "escroquerie" relacionados con delitos fiscales, lo que en la legislación española sería comparable con el delito de fraude.

Pero esta decisión la recurrieron algunos imputados y la justicia suiza decidió suspender la autorización a usar los datos hasta que se resuelva el recurso planteado ante el Tribunal Penal Federal, pendiente aún de respuesta.

La Fiscalía también se ha opuesto a todas las nulidades del proceso pedida por una mayoría de los abogados. Se trata, explica Sabadell, de una maniobra de los letrados de "cuestionar la integridad del procedimiento en un último intento de los acusados ante la abrumadora prueba" contra ellos.

Las defensas alegaron que las grabaciones que iniciaron las investigaciones en 2009 hechas por el delator de Gürtel, José Luis Peñas, al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, son irregulares, pero la fiscal ha contestado que "ni son el origen de la causa, ni son nulas, ni están manipuladas", por lo que no se pueden anular.

"Es la denuncia del testigo José Luis Peñas lo que da origen a esta causa, pero no son las grabaciones las que dan el origen", ha afirmado la fiscal.

Para Sabadell, las grabaciones de Peñas, exedil del municipio madrileño de Majadahonda y también acusado en el juicio, "en ningún caso vulneran el derecho a la intimidad personal de los interlocutores", ya que para ello se exige que tengan un contenido "personal o familiar", cuando "todas ellas giran a una actividad ilícita profesionalizada de los interlocutores".

La fiscal ha recordado otra de las causas de nulidad que han alegado muchas de las defensas: la anulación de parte o de la totalidad de la causa por la ilegalidad de las escuchas en prisión entre imputados y sus abogados ordenada en 2009 por el juez Baltasar Garzón y que le valieron su inhabilitación por el Tribunal Supremo.

A este respecto, Sabadell ha recordado que ya se ha hecho un minucioso trabajo para quitar de la causa lo afectado por las grabaciones, de manera que no hay nada en ella contaminado por las escuchas ilegales.

"Se expurgó todo aquello que derivaba de las grabaciones declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, todo lo que derivaba de las mismas ha sido expurgado", por lo que la prueba que se ha llevado a juicio es "plenamente válida y no deriva de las conversaciones".

La representante del ministerio fiscal ha reprochado a las defensas que los abogados han hecho "una alegación genérica" de que algunos informes del sumario están contaminados, cuando "ni uno solo está afectado".

Aceptar lo contrario sería, ha dicho, hacer una "aplicación desmedida" y abusiva de la doctrina del árbol envenenado" y generaría "situaciones de verdadera impunidad".

En su exposición, ha rechazado todas las nulidades pedidas por varias defensas, como la de algunos registros y de pinchazos telefónicos.

En muchas de estas peticiones se pone de manifiesto, a su juicio, la "falta de rigor" de las alegaciones de los abogados, "quizás en la creencia de que la sala, dado lo voluminosa de la causa, no procedería a su lectura".