La Fiscalía ha presentado una querella contra cuatro empresarios por un presunto delito de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda. Los acusados le vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia. Entre ellos están el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna.

En la querella, el Ministerio Público examina contratos por un importe total de 22,9 millones de euros, de los que sostiene que hay indicios de malversación en casi la mitad. El blanqueo de capitales afectaría a entre nueve y diez millones de euros, según ha precisado la portavoz de la Fiscalía.

Ramírez ha confirmado que la querella se dirige contra él, así como contra Bravo de Laguna, Christian Cerpa Espino y Noel Jammal Fernández, pero ha aclarado que el juzgado que se ha hecho cargo de la causa solo ha admitido la acusación de fraude a Hacienda.

Los hechos denunciados son "inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda preciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación", señala la jueza en el auto de admisión de la querella, cuyo fallo ha sido facilitado por el propio Miguel Ángel Ramírez.

En un comunicado remitido a EFE, la portavoz del Ministerio Público explica que la querella que ya tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.

Noel Jammal Fernández aparece como administrador único de las dos compañías que están siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services, que tienen domicilio fiscal en Madrid. En cuanto a Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna, presidente del partido Unidos por Gran Canaria, la Fiscalía los vincula a dos entidades mercantiles a las que cree que se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services. A Christian Cerpa Espino también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado.

La Fiscalía inició estas diligencias a raíz de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado. "Ninguno de los perceptores de los importes transferidos (...) justificó la realización de actividad alguna de la que deriven los cuantiosos ingresos de los que fueron beneficiarios", dice el comunicado de la Fiscalía de Las Palmas.

Ramírez ha asegurado que él no vendió material alguno al Servicio Canario de Salud, sino que su papel fue de intermediario en la operación, como representante en las islas de Damco Trading Services y Tanoja Services, sociedades de Noel Jammal Fernández, en una operación para la que subcontrató a Bravo de Laguna y Cerpa.

El empresario grancanario ha insistido en que "todas las mercancías que se pidieron fueron entregadas" y confía en demostrar durante la instrucción que no se cometió ningún hecho ilícito. Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SCS contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos —bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de covid—, entre otros materiales sanitarios.

Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario procedía de fondos europeos. Esto motivó que la Fiscalía de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscalía Europea para conocer si quería hacerse cargo de la instrucción, pero esta decidió que la investigación siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a trámite la querella, han precisado fuentes del Ministerio Público.

Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de cuatro millones de euros en el suministro de mascarillas que ya le costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez. La segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado caso Koldo, también por la compra de tapabocas.