Los 'foros por la concordia' creados por expolíticos del PP y Vox que se querellan contra ministros, el fiscal general y el 'procés'

La Fundación Foro Libertad y Alternativa se ha personado como acusación popular en al menos tres causas judiciales: la que se sigue contra el fiscal general del Estado por la supuesta filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso; una segunda contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por revelar datos privados diciendo que la pareja de la presidenta madrileña se había enriquecido con las mascarillas del covid; y una tercera contra la exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por un tuit sobre la condena al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. No son muchas, si se compara con la hiperactividad acusatoria de Manos Limpias o HazteOír, pero tienen en común con ellas el ruido mediático y que el Tribunal Supremo ha archivado dos de esas tres querellas.

En cualquier caso, comparten también otra nota característica si se pone la lupa sobre sus fundadores y miembros. Algunos de ellos proceden de Vox o del ala más dura del PP. La fundación nació como Foro Concordia en 1993 y fue una creación de Alejo Vidal-Quadras, presidente del Partido Popular en Cataluña y parlamentario europeo hasta su abandono de la formación conservadora en 2014. Entonces ejerció como uno de los impulsores de Vox, partido que también dejó, apenas un año más tarde. El vicepresidente de Foro Concordia era Julio Ariza, el dueño de Intereconomía, que se presentó en el último puesto de la lista del partido ultra en Barcelona en las elecciones generales de abril de 2019. Otro de los miembros actuales de la fundación es Ignacio Camuñas, exministro de UCD que fue vicepresidente de Vox.

A su lado figuran en la actualidad el exministro del PP Jaime Mayor Oreja, el exembajador Javier Rupérez y la expresidenta del PP vasco María San Gil. Pero también nombres que bien pueden ubicarse mucho más a la derecha, como Juan Ignacio Trillo Arespacochaga, un ex boina verde que fundó y preside la Asociación Resiste España Unida, cuyo principal objetivo es "defender la unidad nacional a través de los valores". Nieto de Juan de Arespacochaga, el último alcalde franquista de Madrid, organizó durante la pandemia una especie de carrera, de Cibeles a La Moncloa, en la que participaron una treintena de personas semiuniformadas, algunas con la cruz de Borgoña –símbolo carlista– en las camisetas. Guiados por un abanderado con la enseña nacional, iban gritando "¡Viva España!" hasta que entonaban La muerte no es el final frente a la sede de la Presidencia del Gobierno.

Éste es el quinto reportaje de la serie de investigación sobre las asociaciones que llevan años personándose como acusación popular en todo tipo de procedimientos judiciales, 10 entregas que se publicarán a lo largo del mes de julio y que describen y analizan esta alianza de intereses y nombres en lo que bien podría definirse como una Brunete legal ultra.

No obstante, en el momento de su creación Foro Concordia parecía tener otro rumbo. Los estatutos, tal y como figuran registrados en el Ministerio de Justicia y han sido facilitados a Público, estaban redactados en catalán y marcaban que la actuación del foro se limitaba a Cataluña y se regía por las leyes de la Generalitat. Establecían que su finalidad era "impulsar los valores inherentes a una sociedad abierta y democrática inspirada en el humanismo cristiano". Entre ellos, no sólo "las libertades individuales y colectivas, y la solidaridad sin imposiciones coactivas", sino también "la pluralidad cultural y lingüística". Lo más sorprendente es que añadían como sus objetivos principales la configuración de un "proyecto social, cultural y político propio para Cataluña, caracterizado por el reforzamiento de su autonomía y de su autogobierno en el seno de un gran proyecto global español, del cual Cataluña es parte irrenunciable".

Un fundador de ACS, Fernando Savater, Ainhoa Arteta...

Foro Concordia tenía una página web donde explicaba que era un proyecto de Vidal-Quadras y donde el político catalán colgaba un blog, tal y como se puede comprobar acudiendo a la hemeroteca digital Wayback Machine. Hasta 2017, en el que se deshabilitó. La fundación se mantuvo sin apenas actividad hasta 2020, cuando se renueva el patronato y se modifican sus estatutos, tal y como describe la renacida como Foro Alternativa y Libertad en su memoria de 2022, la última que envió al registro de Justicia. Entonces se eliminó de su artículo 5 la referencia a la pluralidad lingüística y al reforzamiento de la autonomía y el autogobierno de Cataluña, además de extender su campo de actuación a toda España.

Con todo, algunos de los miembros originales del patronato de Foro Concordia continúan en Foro Libertad y Alternativa. Sigue presidiendo el patronato Alejo Vidal-Quadras y se mantienen Juan Torres Piñón y Álvaro Delgado-Gal. El primero fue uno de los fundadores de ACS, la constructora que preside Florentino Pérez. Gran coleccionista de arte, en 2013 aparecía entre las 100 mayores fortunas de España. El segundo, profesor de Filosofía del Lenguaje en la Universidad Complutense, es miembro del Foro Ermua y dirigió durante más de 20 años la Revista de Libros.

Entre los primeros vocales de Foro Concordia figuraba también Jorge Trias Sagnier, diputado del PP y considerado el filtrador de los papeles de Bárcenas en 2013. Trias falleció en 2022.

En la actualidad, Foro Libertad y Alternativa reúne a rostros tan conocidos como el filósofo Fernando Savater y la soprano Ainhoa Arteta, junto al exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y a Miguel Henrique Otero Castillo, exdirector del diario venezolano El Nacional y diputado opositor al Gobierno de Nicolás Maduro. O a Inma Castilla de Cortázar, expresidenta del Foro Ermua. El exalcalde socialista de A Coruña Francisco Vázquez y el sociólogo gallego Miguel Cancio, dos conversos a la derecha, también han anidado en la nueva fundación. Completa la lista el economista Juan Emilio Iranzo, colaborador de Intereconomía y 13TV y expresidente del Colegio de Economistas de Madrid que fue condenado a cuatro meses de cárcel por el escándalo de las tarjetas black, con las que se gastó 47.000 euros.

Una conferencia y tres presentaciones

Las últimas cuentas que la Fundación Foro y Libertad ha depositado en el registro del Ministerio de Justicia corresponden al ejercicio de 2022. Su fuente de financiación se limita a las donaciones realizadas por los propios miembros de la entidad, un total de 36.927 euros, unos 4.000 euros más que el año anterior. En 2022 tuvieron unos beneficios de 9.532 euros, revertiendo las pérdidas de 6.214 euros del ejercicio precedente. Como queda dicho, la fundación no reanudó su actividad hasta 2021 después de años hibernada. Sólo cuentan con una empleada, a tiempo parcial, a la que pagan un sueldo neto de 12.400 euros y por cuyo contrato reciben una subvención de la Comunidad de Madrid de 7.142 euros.

Ese año sólo organizaron una actividad: una conferencia sobre El gran desafío de la Hispanidad: de la leyenda negra al narco-comunismo, en el Casino de Madrid. Presentada por el editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y el propio Alejo Vidal-Quadras, contó con la participación del escritor Mario Vargas Llosa y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Por el acto, la fundación anotó en sus cuentas unos gastos de sólo 711,27 euros. Ese año también presentaron Foro Libertad y Alternativa en Barcelona, Valencia y Málaga, para lo que emplearon 3.202,46 euros. Aunque no lo mencionan en la memoria, ya en octubre de 2021 había interpuesto la fundación su primera querella criminal en el Supremo contra Irene Belarra por calumnias. El alto tribunal ni siquiera la admitió a trámite, porque consideró que al tuit de la entonces ministra de Derechos Sociales le amparaba la libertad de expresión. Curiosamente, el ponente del auto fue el magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor del caso contra el fiscal general del Estado en el que también se ha personado la fundación presidida por Alejo Vidal-Quadras.

Nacido en la Universidad de Granada

Tiene un nombre similar al anterior e incluso comparte alguno de sus miembros: el Foro para la Concordia Civil (Nueva política y Buen Gobierno) se nutre igualmente de antiguos cargos del PP y Vox. Pero su cuna se sitúa en la Universidad de Granada, de donde procede su presidente, José Torné-Dombidau y Jiménez, profesor Derecho Administrativo y colaborador habitual de El Debate, el periódico de la Asociación Católica de Propagandistas. Su vicepresidente, Juan Antonio Maldonado Castillo, fue número 2 de lista de Vox en Loja (Granada) a las elecciones municipales de 2019. Dos catedráticos de la misma universidad, Juan López Martínez y Miguel Olmedo Cardenete, constan en su página web como miembros de honor del foro, así como el tesorero y dos vocales más.

Uno de ellos, el profesor de Filosofía José Ramos Salguero, es un habitual retuiteador de Santiago Abascal, además de aficionado a escribir comentarios de noticias publicadas en El Mundo, antes, y en El Debate, ahora, contra la homosexualidad, el aborto, a favor de los toros y de Donald Trump.

Además de los citados, son miembros de honor del foro Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente Adolfo Suárez y político del PP hasta 2022, así como José Luis Graullera Micó, secretario de Estado de Información y de Administraciones Públicas con la UCD y embajador de España en Guinea Ecuatorial. El catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras i Serra, uno de los impulsores de Ciudadanos y que fue en un puesto de salida en sus listas por Barcelona para las elecciones autonómicas de 2006, también aparece en el cuadro de socios de especial prestigio del Foro para la Concordia Civil. Lo mismo que, de nuevo, Ignacio Camuñas, exministro de la UCD y exvicepresidente de Vox.

Contra la 'partitocracia'

El Foro llegó a tener más de 30 socios, asegura su presidente, que se han quedado en una decena tras el covid. Cada uno abona una cuota de 10 euros al mes –cinco euros los estudiantes– y "cuando es necesario", se hace una derrama. La asociación no paga las intervenciones de los conferenciantes de los actos que organizan, sólo los gastos de desplazamiento y hotel, añade. "Desde hace dos años no tenemos presupuesto, sólo hacemos frente a los gastos mediante derrama aprobada en junta directiva cuando se celebra algún acto".  José Torné-Dombidau recuerda que el Foro ha invitado "dos veces" a Alfonso Guerra, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, pero ni siquiera les respondieron.

Constituido en 2014 a partir de un Club de la Constitución creado seis años antes, el Foro para la Concordia Civil se presenta como un "observatorio crítico de la acción política, de la legalidad y la constitucionalidad en un mundo complejo, globalizado e independiente". En sus estatutos, descarta cualquier "vinculación institucional ni estable" con partidos políticos. Por el contrario, como advierten un "acusado grado de partitocracia" que, a su juicio, "invade convenientemente ámbitos propios de la persona y del ciudadano", el foro se ofrece como una "razonable y adecuada alternativa a la vis expansiva de los actuales partidos políticos españoles".

Sus actividades, tal y como se definían en los estatutos enviados al Registro de Asociaciones de Andalucía, se limitan a organizar cursos, conferencias, seminarios y debates. "Interponer acciones judiciales no es una parte sustancial de nuestra actividad, pues ésta se encuentra enfocada a la conformación de una opinión pública racional", explica a Público José Torné-Dombidau. "No obstante", matiza, "si en algún momento hemos apreciado la necesidad de contribuir de alguna manera a la preservación de nuestro orden constitucional, lo hemos hecho".

Ocurrió cuando, apenas un año después de constituirse, el Foro por la Concordia Civil se querelló por sedición, prevaricación y usurpación de funciones por la resolución del Parlamento de Cataluña que dio inicio al procés el 9 de noviembre de 2015. El procedimiento iba dirigido contra los 70 diputados de Junts pel Sí y la CUP que la apoyaron. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no la admitió a trámite, al establecer que los hechos denunciados no constituían "delito de clase alguna". La resolución también fue denunciada por el pseudosindicato Manos Limpias, y rechazada en idénticos términos por el mismo tribunal.

En noviembre de 2023, el foro continuó con su batalla, aunque esta vez se dirigió a la Comisión Europea para pedirle que interviniera e impidiera la aprobación de la Ley de Amnistía, producto, aseguraba, de la negociación del Gobierno con partidos políticos "neocomunistas, secesionistas y herederos del terrorismo vasco ETA".