La red corrupta que Franco tejió alrededor del pazo de Meirás se originó y desarrolló en A Coruña, la ciudad donde el dictador recabó el sostén financiero para ganar la guerra. Y que hoy sigue homenajeando mediante símbolos y honores a los miembros de aquellas élites que apoyaron y dieron cobertura al golpe del 36, a la sangrienta represión que le sucedió y a los cuarenta años de tiranía a los que condujo.

Los nombres del callejero junto a monolitos, placas, bustos, medallas, títulos y retratos en las salas nobles de las instituciones oficiales, siguen distinguiendo a militares golpistas como Severiano Martínez Anido, a destacados falangistas como Enrique Salgado Torres, a piezas clave del entramado político de la dictadura, como a los alcaldes Sergio Peñamaría y Alfonso Molina, y a empresarios enriquecidos por los favores prestados a la dictadura como Pedro Barrié de la Maza.

Según el sociólogo Manuel Monge, experto en simbología franquista y presidente de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña entre el 2003 y el 2007, aún quedan 108 ejemplos de esos honores en las dependencias, instalaciones y lugares públicos dependientes del Ayuntamiento y otros 37 en los de la Diputación Provincial. "Si no somos la primera, debemos ser la segunda ciudad de España con más símbolos franquistas", asegura.

En una de las salas de protocolo del Ayuntamiento, frente al salón de plenos y donde se ofician las bodas civiles y las recepciones oficiales, figuran los retratos del dictador Miguel Primo de Rivera; de su ministro de Hacienda e ideólogo de la intervención militar José Calvo Sotelo; de Severiano Martínez Anido, ministro de Gobernación de Franco durante la guerra y gobernador civil de Barcelona durante los episodios más duros de la represión; y del general de brigada Mario Muslera, uno de los instigadores del levantamiento contra la República.

"En Galicia hay todavía una enorme tolerancia y contemporización con la simbología franquista", explica Fernando Souto, presidente de la CRMH de A Coruña. La asociación ha convocado una marcha de protesta por toda la ciudad que recorrerá el próximo 12 de marzo las calles y lugares más destacados del franquismo para exigir su retirada en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por la socialista Inés Rey, encargó hace más de dos años al Instituto José Cornide un informe sobre los restos de la simbología franquista en la ciudad que concluyó que el Concello debía retirar los homenajes, distinciones y nombres del callejero a catorce personas vinculadas al golpe militar, a la represión y al franquismo.

El documento, elaborado por los historiadores Ana Romero, Luis Lamela y Segundo Saavedra , no fue hecho público hasta noviembre pasado. Al mes siguiente, con los votos de todos los grupos salvo el PP, el pleno aprobó una moción que instaba al Gobierno local a divulgar el contenido del informe.

Sin embargo, el PSOE se abstuvo este jueves ante una moción del Bloque Nacionalista Galego (BNG), En Marea y la concejal no adscrita Isabel Faraldo, de Unidas Podemos, que pretendía dar apoyo a la marcha convocada por la CRMH. Con los votos en contra del PP y la abstención socialista, la propuesta no salió adelante.

Fuentes próximas a la Alcaldía de A Coruña restaron valor a las críticas de la oposición y recordaron que la corporación municipal ha impulsado medidas para cumplir con la Ley de Memoria Histórica y para recuperar bienes expoliados por Franco en colaboración con las élites de la dictadura.

"Este Gobierno municipal se personó en la causa del pazo de Meirás, este Gobierno municipal inició el procedimiento para que sea declarada BIC la Casa Cornide, y está trabajando en la demanda judicial para tratar de conseguir que esa propiedad acabe en manos públicas", sostienen. Y añaden: "Este Gobierno, que recibió la solicitud de otro municipio para poner allí en un lugar público una estatua de Millán Astray retirada en su día de las calles de A Coruña, se negó a tal cosa. Lo que hará el Ayuntamiento es aplicar la Ley de Memoria, aprobada por un Gobierno socialista, en los términos precisos que establezca".

Por otro lado, el Colectivo de Presas y Presos Políticos de Ferrol durante la dictadura franquista presentó el pasado jueves en la Fiscalía una denuncia contra los responsables del Ministerio de Defensa a los que acusa de incumplir la Ley de Memoria Histórica por negarse de forma reiterada "a retirar la simbología franquista" de las instalaciones y dependencias tuteladas en la ciudad por ese departamento que dirige Margarita Robles. Los autores de la demanda creen que la actuación del Ministerio podría ser constitutiva de delito.

Hace un año, el colectivo se dirigió a la ministra de Defensa para interesarse por la retirada de los 23 "símbolos franquistas" que homenajean a personas vinculadas con la represión, la dictadura y el golpe militar. El Ministerio se limitó a contestarles que no le consta "que existan actuaciones pendentes al respecto".

La denuncia está firmada por el sindicalista Rafael Pillado, el ex secretario general de CCOO Ignacio Fernández Toxo, la militante comunista Fina Varela, el ex diputado en el Congreso por el BNG y ex líder de la UPG, Francisco Rodríguez, el ex presidente de la CRMH de A Coruña, Manuel Monge y por otros diez presos represaliados por el franquismo: Sari Alabau Albors, Vicente Couce Ferreira, Raúl Pillado Lista, Alfonso Tejado Sane, Antón Martínez Aneiros, Xosé Piñeiro Arnoso, Ángel Ferreiro Currás, José María Freire Piñeiro, José Loureiro Fernández y Ricardo Aneiros Sixto.

Los catorce franquistas a los que A Coruña aún rinde homenaje

El informe del Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide, encargado por el Ayuntamiento de A Coruña, considera que mantener las distinciones, honores, monumentos y calles dedicadas a catorce figuras del franquismo vulnera los preceptos de la Ley de Memoria Histórica.

- José Calvo Sotelo, cuyo pensamiento "fue base fundamental para la configuración ideológica de la dictadura" y cuyos homenajes en A Coruña —la calle y la avenida que llevan su nombre— están basados en la "exaltación de la sublevación militar".

- Pedro Barrié de la Maza. Los historiadores consideran que, por su "papel destacado en el apoyo a los sublevados y en la represión de los trabajadores de la entidad que presidía" —el Banco Pastor, a su vez propietario de Unión Fenosa—, debe sustituirse la denomación de la avenida que lleva su nombre, retirársele el título de hijo de predilecto y descolgar el retrato del pintor Rogelio Puente que lo homenajea en la planta noble del Ayuntamiento.

- Eduardo Sanjurjo de Carricarte, abogado y miembro del grupo fundacional de Falange. "Además de participar en la Guerra Civil en apoyo de los sublevados, también participó en varios tribunales militares (...) en la represión física del franquismo durante los años de actividad antifranquista,
argumentando y redactando sentencias para que las firmaran los demás miembros del tribunal.

Toda una vida dedicada, como falangista, a consolidar el franquismo, motivos suficientes para que se le retiren los honores concedidos en su día": una calle, la Medalla de Oro de la ciudad, un retrato en la Casa Consistorial y un busto sobre un monolito en los jardines aledaños al Ayuntamiento.

- Alfonso Molina Brandao, alcalde de la ciudad entre 1947 y 1958 y "colaborador activo en la represión" franquista, según el documento, y quien, por esa razon, no merece el título de Hijo Predilecto de la Ciudad, ni su Medalla de Oro, ni que un retrato y un monolito lo homenajeen en el Ayuntamiento y en el centro de la ciudad, ni que la principal avenida de entrada a A Coruña lleve su nombre.

- Sergio Peñamaría de Llano, abogado, militar y alcalde de la ciudad y procurador en Cortes desde 1959 a 1963. Según el informe recabado por el Concello de A Coruña, su participación en la guerra y en la represión física de la población desde la Fiscalía contravienen los preceptos de la Ley de Memoria y obligan a renombrar su calle y a retirar el retrato que lo ensalza en la galería de alcaldes de la sede municipal en María Pita.

- José Pérez Ardá y López Valdivieso, militar que participó activamente "en la represión física de los republicanos" y que cuenta con calle, monolito y retrato en el Ayuntamiento.

- José Fariña Ferreño, cuya "participación (...) activa en la represión de conciudadanos a través de los servicios de la DIDREM [la Delegación Especial para la Información de Residentes en Territorio Liberado, encargada de la represión franquista durante los años de la guerra] son motivo suficiente", a juicio de los historiadores, para que se aplique la actual Ley de Memoria Histórica y se elimine su nombre de una calle del popular barrio de Os Castros, así como las medallas de Plata y de Oro concedidas en su día por las autoridades locales.

- Enrique Salgado Torres, teniente del Cuerpo de Seguridad y capitán de Infantería. Participó "en la represión laboral de los profesionales de enseñanza" por parte de la Falange "y no merece seguir ostentando los honores que le otorgó el Ayuntamiento": una avenida, un aparcamiento público y la Medalla de Oro de la ciudad.

- Eduardo Ozores Arraiz, capitán del ejército de Franco que "participó activamente en la sublevación, en la Guerra Civil y en la represión y que se alzó en amas contra la República". Hay un retrato suyo en la casa consistorial y una plaza que lleva su nombre.

- Diego Delicado Marañón, que desempeñó diversos cargos en el régimen franquista "en continuo apoyo a los sublevados" y a quien deberían retirársele los honores que le distinguen con una calle, un retrato en el Ayuntamiento y el título de hijo adoptivo de la ciudad.

- Ambrosio Feijóo Pardiñas, general en el retiro que ejerció de juez instructor en varios consejos de guerra que condenaron a muerte o a largas penas de prisión a militares leales a la República. Una calle en el centro de la ciudad todavía conserva su nombre como si mereciera honor alguno.

- Benito Blanco Rajoy, decano del colegio de Abogados de A Coruña, puesto desde el que ejecutó "la depuración de sus compañeros de profesión y que cuenta con una calle en el centro de la ciudad".

- Fernando Álvarez de Sotomayor, pintor amigo de Franco y director del Museo del Prado, distinguido como hijo adoptivo de la ciudad en 1945 y cuyo retrato está en la galería de alcaldes de la casa consistorial. Los historiadores creen que por su "contribución al triunfo de los militares sublevados", tales honores deben serle retirados.

- Antonio Ponte Anido, militar activista del franquismo que participó en la guerra civil y que combatió a favor de la Alemania de Hitler en la División Azul. Aunque los historiadores reconocen que no se conocen "actividades represivas" vinculadas directamente con él, creen que la pervivencia de su nombre en el callejero vulnera los preceptos de la Ley de Memoria que prohíben las pervivencia de símbolos de exaltación del franquismo.