La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, abandonó y dio por terminada la última reunión del Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvementos Sostible (Cogamads) para evitar que se debatiera y votara una propuesta de varias organizaciones ambientalistas y agrarias que reclaman al Gobierno de Feijóo una moratoria en la tramitación de nuevas licencias de parques eólicos.

Así lo han confirmado a Público varios miembros del Consello, que estudian impugnar la reunión dado que Vázquez, presidenta del organismo, impidió que se debatieran además otros puntos del orden del día. Público ha intentado, sin éxito, obtener la versión de la conselleira de Medio Ambiente, que no ha contestado a la petición de este diario para valorar lo sucedido.

El Ejecutivo gallego tramita en la actualidad 250 autorizaciones de nuevos megaparques eólicos, que cuadruplicarían la potencia instalada actual, desde los 3.900 megavatios a más de 11.000. La avalancha se debe a que la propia Xunta anunció con un año de antelación que no admitiría más proyectos hasta el 2023, lo que la industria entendió como una llamada institucional a presentarlos cuanto antes. Muchos de esos parques se levantarán en zonas protegidas, con generadores que alcanzan los 150 metros de altura, algunos ubicados en las cercanías de viviendas y núcleos habitados.

La acumulación de peticiones de licencias para la instalación de molinos gigantes, de una envergadura y potencia que multiplica su rentabilidad a costa del ecosistema, el paisaje y la agricultura y ganadería local, además de la salud de la población, ha provocado una enorme contestación social y política. También judicial, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado recientemente varias autorizaciones del Gobierno de Feijóo, que, sin embargo, sigue adelante con sus planes.

La Xunta llevaba más de medio año sin convocar al Cogamads hasta la reunión del pasado día 27, en cuyo orden del día figuraba el debate sobre la evaluación ambiental del plan eólico de Galicia, que data del año 1997 y sobre el que se amparan las nuevas licencias. El Sindicato Labrego Galego, la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), la Federación Ecoloxista Galega (FEG) y la Sociedade Galega de Historia Natural propusieron que se votara una propuesta para suspender la autorización de nuevos proyectos hasta que se actualice la legislación, pero en ese momento la conselleira despidió la reunión e impidió que la moción se votara.

"Fue esperpéntico. Ya conocíamos el valor y la consideración que otorga la Xunta a los órganos consultivos, y más a los medioambientales. Pero en esta ocasión fue una falta de respeto a todos los participantes", asegura Fins Eirexas, secretario executivo de Adega. En su opinión, la conselleira "no quiso retratarse votando en contra de una moratoria" que muchos gallegos entienden como más que razonable.

Eirexas explica que, tal y como le transmitieron a la conselleira, el plan eólico de Galicia cumple este año un cuarto de siglo, y que fue diseñado cuando los molinos no superaban los quince metros de altura y bajo unas circunstancias muy distintas a las del bum de la energía eólica. Y que, aunque fue revisado en el 2001, no cuenta con una evaluación ambiental estratégica, que debería redactarse y aprobarse antes de que se autoricen nuevos parques.

Ereixas recuerda que el TSXG ha revocado en menos de tres meses tres licencias de la Xunta. En enero de este año invalidó la autorización para la repotenciación del parque de O Roncudo, en Corme (A Coruña), porque el Ejecutivo de Feijóo redujo a la mitad los plazos legales de exposición pública y alegaciones del informe de impacto ambiental.

En diciembre del 2021, anuló la del parque de Oiribio, entre Os Ancares y O Courel, en Lugo, porque el estudio de impacto había sido redactado 14 años antes de su presentación y en el que la Xunta fundamentó su visto bueno estaba "obsoleto", según los jueces. Y en noviembre de ese año, la del parque de Sasdónigas, en Mondoñedo, porque el Gobierno de Feijóo aceptó que la empresa promotora, Norvento, hiciera "una división artificial" del parque en dos fases para presentar informes de impacto por separado que minusvaloraban los daños ambientales de los molinos en su conjunto.

 "La conselleira asegura que la Xunta respeta escrupulosamente la ley, pero eso no es verdad, sólo hay que leer esas sentencias", afirma Fins Ereixas. El representante del Sindicato Labrego Galego en el Consello Galego de Medio Ambiente, Diego Sánchez Agra, confirmó la espantada de la conselleira después de que él mismo hiciera la petición para que se votara la moción de la moratoria de nuevas autorizaciones y antes de que se debatiera el último punto del orden del día.

Sánchez Agra señaló que resulta fundamental que, antes de que se autoricen nuevos parques, se estudien las necesidades de generación eléctrica de Galicia, que ya figura entre las primeras productoras del Estado a pesar de que los gallegos están entre los que pagan la electricidad más cara. "Hasta el momento funcionamos como una colonia productora para España y para Europa", afirmó.

El portavoz del SLG recordó que la proliferación de parques eólicos está reduciendo la superficie agraria útil "destinada a la producción de alimentos" de Galicia, y también la masa boscosa capaz de neutralizar las emisiones de CO2 y combatir el calentamiento del planeta y el cambio climático. Sin contar con la afectación sobre los ecosistemas, sobre el paisaje y sobre la salud de las personas —una reciente sentencia de un tribunal francés ha confirmado los daños físicos y psíquicos que provocan las vibraciones y los ultrasonidos de los megageneradores sobre quienes habitan en sus proximidades—.

También, sobre el patrimonio histórico y arqueológico. Según el informe Energía eólica y paisajes culturales de Galicia aprobado en diciembre pasado por el Consello da Cultura Galega, el plan eólico de 1997 está "obsoleto" y la instalación masiva y descontrolada de nuevos parques puede causar "daños graves e irreparables" sobre el patrimonio de la comunidad.

El mes pasado, el TSXG condenó de nuevo a la Xunta por subcontratar los estudios de impacto de los parques sobre esa riqueza histórica y cultural pese a contar con personal suficiente para asumirlos sin necesidad de empresas externas.