El verdadero genocidio que se oculta bajo las fosas del cementerio de Córdoba

Florentina no sale de su asombro. Aún recuerda cuando en el año 2003 presentaba ante la justicia la primera denuncia por la desaparición de su abuela, Ricarda Ana Cobacho, asesinada sin piedad a los 36 años. "Fue una de los primeros casos que llegó a la justicia. Me archivaban todo el rato la causa pero logré llegar hasta el Supremo y fue uno de los casos documentados en el expediente de Garzón".

Florentina, después de más de 15 años de lucha, ha logrado conocer parte del terrible final de su abuela, torturada y salvajemente vejada en la aldea cordobesa de Jauja. "Por testimonios orales logramos conocer el triste final de esta gran mujer adelantada a su tiempo". Un episodio demasiado traumático y que Florentina nunca ha olvidado. "Cómo puedes digerir que a tu abuela le cortaran los pechos, le desencajaron la mandíbula con un fusil y la violaron todas las veces que aquellos guardias les dio la gana para terminar tirada en un arroyo".

Ricarda Cobacho es un fiel reflejo de aquel genocidio imparable que vivió Córdoba y su provincia desde el inicio del golpe. Una dura estampa que, ochenta años después, aún no puede ni contabilizarse. 

Guijarro aclara a Público que "es difícil concretar una cifra determinada, que no estaría cerrada por falta de investigación sobre el extraordinario volumen de la represión y por la pérdida de fuentes documentales imprescindibles para conocerla". Sin embargo, estima que podrían "rondar las 4.000 víctimas que se encuentran en la macro fosa de los cementerios de la Salud y San Rafael en la ciudad de Córdoba".

El investigador Francisco Moreno Gómez, después de media vida documentando la represión fascista en Córdoba, habla de las atrocidades cometidas en esta provincia: "Había días que se fusilaba en Córdoba tres o cuatro horas sin parar. Cien personas cada noche". Moreno Gómez reproduce en su libro, El genocidio franquista en Córdoba. el testimonio de un protagonista que afirma que según el cómputo realizado por la Cruz Roja en aquellos años los fusilados ascenderían en la ciudad cordobesa a 7.770 víctimas.

Durante el verano de 2017, cuando en la Dirección General de Memoria Democrática de Andalucía gobernaba el PSOE, se publicaba una noticia muy "esperanzadora" para las fosas que seguían selladas en las capitales de provincia. Hablaba de un proyecto de exhumación que integraba la intervención de las fosas de la ciudad de Huelva, Sevilla y Córdoba. Doce mil víctimas que podrían ser identificadas en un esfuerzo sin precedentes por parte de las administraciones tanto municipales como autonómicas en esta materia.

"Han pasado tres años y es muy complejo entender cómo el gobierno pudo adelantar esa actuación cuando es una tarea muy compleja" aclara Florentina, activista en la causa por la recuperación de la memoria. "Para tener esperanzas reales en el proceso, la administración hubiera tenido que crear un programa contundente de exhumación en todo el territorio. Lo primero es tener un límite de tiempo para exhumar las fosas".

Florentina añade que es imprescindible tener "un calendario de actuaciones, hacer pruebas de ADN con unos parámetros y que todos los servicios con los que se cuenten salgan desde lo público". Casi tres años después de aquella promesa, las actuaciones en el caso de Córdoba han tenido como avance el inicio de las intervenciones realizadas en 2019 en una de las zonas del cementerio de Nuestra Señora de la Salud, el cuadro de San Ramón, que permitió exhumar a 19 represaliados, entre ellos tres mujeres y 15 hombres, además de otra víctima más de la que no se ha determinado su género.

Uno de las posibles esperanzas, los restos de René Lafont

Juan Manuel Guijo, arqueólogo, estuvo en aquella ingente tarea de iniciar el trabajo en aquella macrofosa en enero de 2019: "Los trabajos que se iniciaron el año pasado como primera intervención tenían dos objetivos, de un lado documentar la localización de enterramientos de víctimas en fosas individuales" y ver la viabilidad para el "inicio de actuaciones en la fosa común, previo al trabajo arqueológico propiamente dicho".

Entre aquellos primeros restos, se vislumbró la posibilidad de que uno ellos pertenezca a la corresponsal francesa René Lafont, asesinada el 1 de septiembre de 1936, siendo la primera periodista muerta en acción de guerra y que cruzó por error la línea de los golpistas en medio de la contienda.

Florentina relata a Público que ha sido un primer paso en la identificación de las víctimas, conocer la similitud que tiene los restos con Lafont por la estatura y la edad que tenían uno de los restos exhumados. "Una prueba de ADN de los restos de los padres de Lafont que están ubicados en un cementerio de la localidad francesa de Bayona arrojará luz para cerrar la biografía de esta corresponsal".

"Se defendieron las exhumaciones por la entrada de VOX en la política andaluza"

Guijo aclara a Público que "en su origen no se contemplaron exhumaciones sino solo localizaciones" en el caso de Córdoba. Las exhumaciones las defendimos porque se produjo la entrada de Vox en la política andaluza y se trataba de poner delante de todos una investigación demostrando lo que ellos negaban. La Junta no podía "darnos legalmente el permiso de exhumación y solo podía darlo de localización". El permiso de exhumación se pidió a la Dirección General de Memoria del Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de Córdoba la financiación y continuación de la investigación de los archivos. Los trabajos finalizaron en el mes de marzo de 2019. Y pronto empezaron las pruebas de ADN contabilizando un total de 132 muestras de víctimas que llevaban toda la vida esperando.

La falta de un nuevo rumbo para agilizar el proceso de la exhumación en Córdoba movió a las víctimas dentro de la Plataforma para la Comisión de la Verdad, en la que están integradas la mayoría de las asociaciones memorialistas de Córdoba y provincia, solicitando una reunión urgente con el presidente andaluz Moreno con el fin de que "las administraciones no dejaran en el olvido los trabajos de exhumación de las fosas del cementerio de La Salud y se prosiga hasta recuperar los restos de los represaliados que se encuentran enterrados allí".

En aquella reclamación firmaba una de las figuras claves en la lucha por la exhumación en las fosas de Córdoba capital, el presidente de Dejadnos Llorar, Antonio Deza, que tiene entre las víctimas a su padre, arrojado a la fosa en 1946. También tiene desaparecido a su tío Miguel asesinado en los primeros días del golpe en la ciudad.

Deza habla por todos, por la causa de los 4.000 que seguirán buscando sin descanso y de cómo en aquella carta hablaba al gobierno andaluz de los compañeros de lucha que siguen ya muy mayores, como el caso de Remedios Gómez que logró encontrar los restos de su padre Juan José Gómez Gálvez, después de casi 83 años de búsqueda hace apenas unos meses en Castro del Río.

Fue el pasado mes de marzo, antes de la pandemia la covid-19 cuando se empezó a tener esperanza en el proceso un año después de las intervenciones. "El acuerdo se iba a materializar el pasado 25 de marzo entre el ayuntamiento de Córdoba y la Junta pero no perdemos la esperanza de que pronto se de la noticia de que se reanudan los trabajos" tras el confinamiento. La siguiente intervención se centraría, cuenta Deza a Público "en intervenir una nueva fosa que podría albergar unas 1000 y 1300 víctimas".

Deza habla de una fosa que es muy compleja, no solo por su morfología también por la pluralidad de víctimas. "En la fosa de Córdoba hay personas de 34 provincias diferentes, víctimas de 15 nacionalidades, fusilados de todas las provincias de Andalucía, de 71 municipios de Córdoba". Una amalgama de vecinos, nacionalidades y también de violencia, de la que se conocen la mitad de los nombres, 2212 víctimas. "Estamos preparado con todos los datos hacer la gran intervención que ha propuesto el equipo técnico que inició los trabajos" en una de las mayores fosas de la represión franquista en España.