MADRID.— Al final Génova, sede nacional del PP en Madrid, ha tomado el toro por los cuernos y ante la extendida corrupción del partido en la provincia de Valencia por el caso Imelsa, ha decidido destituir a la dirección local e imponer una gestora. Tanto fuentes de las direcciones nacional y autonómica del partido han confirmado que en los próximos la gestora se hará cargo de la dirección del partido en Valencia.

Durante la mañana de este viernes una veintena de ediles y exediles conservadores de Valencia, así como asesores y exasesores del grupo municipal, han acudido a declarar como investigados (antes imputados) en relación al supuesto cobro de comisiones o posibles casos de blanqueo o financiación ilegal del partido.

Entre ellos, estaban los concejales María Ángeles Ramón-Llin, Félix Crespo, Alberto Mendoza, Cristóbal Grau, Vicente Igual, Beatriz Simón y Lourdes Bernal, así como los exconcejales Silvestre Senent o Miquel Domínguez (actualmente diputado autonómico).

El miércoles también declaró en el marco de esta operación anticorrupción el presidente del PP de la ciudad de Valencia y portavoz municipal, Alfonso Novo, quien ha sido suspendido cautelarmente de militancia del PP hasta que preste declaración judicial.

Dentro de esta operación se investiga también si durante la última campaña electoral municipal, celebrada el pasado mes de mayo, cargos públicos y asesores del PP hicieron donaciones de 1.000 euros al partido, que después fue les fueron devueltos, supuestamente, en billetes.