El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, dispone de varios ases en la manga para utilizar en la lucha contra los efectos de la covid en la economía, que, en total, cuando lleguen los fondos de la UE, podrían acercarse a los 3.000 millones de euros, si el presupuesto cierra el año en una cifra similar a la de octubre –de 688 millones– en superávit.

De momento, son 450 millones los que esperan asignación en plena presión sobre el sistema sanitario por  la fuerza con la que ha entrado la tercera ola de la pandemia, lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a activar un plan para ampliar la capacidad e atender pacientes covid en la red de hospitales.

El coordinador de IU, Toni Valero, puso este martes el foco en este asunto y tachó al Gobierno de Juanma Moreno de "negligente" por no poner toda la carne en el asador en este momento.

"Este Gobierno se jacta de tener superávit. Teniendo superávit, es negligente no invertir en reforzar la sanidad pública y, por otra parte, en ayudar a los sectores más afectados por la pandemia. Es fundamental para detectar rápidamente la covid y para desarrollar los rastreos e intensificar el ritmo de la vacunación. No hay excusa para no reforzar la sanidad pública y la atención primaria. Los sectores afectados están pagando estas restricciones. Nos preocupa mucho que no haya ayudas para hosteleros y pequeños comerciantes. El Gobierno andaluz no ha puesto ni un euro. Tenemos que salir de la pandemia vivos. No podemos salir con miles de comercios cerrados", manifestó Valero, en una atención a medios de comunicación.

¿De dónde sale esa cifra que ronda los 3.000 millones? Por un lado, el Gobierno andaluz dispone en este presupuesto de 450 millones de euros que están sin asignar, lo que la Junta llama "hucha covid". La idea, según la Consejería de Hacienda, es, en primer lugar, destinar esa cantidad al gasto sanitario o a otro ámbito, pero siempre relacionado con los efectos de la covid. Si no fuese así, el compromiso es sentarse con los partidos en el Parlamento "para ver a qué se destinan".

Atención primaria y salvavidas para pymes

Lo que reclama IU es que se gasten ahora en esos dos ámbitos señalados por Valero: la atención primaria y a lanzar un salvavidas a esas pymes y comerciantes a los que los cierres obligados por la situación sanitaria han dejado en una situación muy complicada. Para IU, la ayuda de 1.000 euros anunciada por el Gobierno andaluz es insuficiente. IU recuerda que en la primera convocatoria más de 15.000 solicitudes no pudieron ser atendidas por sobrepasarse el límite presupuestario de la convocatoria y aseguran que otras CCAA han puesto en marcha ayudas de este tipo con un importe muy superior. "Hay sectores en los que la crisis les viene azotando desde lejos y 1.000 € vienen a solucionar bien poco", aseguran en la coalición.

Y, por otro, está el superávit, que en octubre ascendía, según los datos del Ministerio, a 688 millones. IU considera que es dinero sin gastar y que, en esta situación, es "negligente" no hacerlo. La Junta asegura que el dato de octubre es una cifra parcial que no sirve de nada, que desde entonces ha ido oscilando día a día y que lo importante es el cierre del ejercicio, que es a finales de enero.

Y, por último, están 1.880 millones de euros de los fondos europeos REACT-EU , que supondrán, cuando lleguen, una inyección económica, una "financiación adicional para los sectores más importantes, que serán cruciales para sentar las bases de una recuperación sólida", según la Comisión Europea. Este dinero podrá incorporarse los presupuestos autonómicos de forma inmediata.

Cada Estado decide de forma autónoma la forma concreta de canalizar los fondos. En el caso de España, el Ministerio de Hacienda ya informó a las CCAA del reparto de los 10.000 millones en el Foro Extraordinario de Economía y Política Regional celebrado el pasado 28 de diciembre. La Junta de Andalucía está ahora mismo, según la Consejería de Hacienda, a la espera de que el Ministerio convoque la Comisión de Coordinación como grupo de trabajo preparatorio para la Conferencia Sectorial que se tiene que convocar a continuación, y que Pedro Sánchez prometió el 31 de julio de 2020 en la Conferencia de Presidentes.