El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, tomó posesión hace dos años, el 18 de enero de 2019, después de que el presidente, Juanma Moreno, fuese investido con los votos de Vox. Seis consejeros del PP y cinco de Ciudadanos ocuparon sus carteras y se pusieron manos a la obra en un consejo de Gobierno en Antequera (Málaga), en el que anunciaron su primera medida: una bajada de impuestos –IRPF, Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados– que, una vez desarrollada, acabó por favorecer más a quienes más tienen y más ingresan.

En estos dos años el Gobierno andaluz ha logrado aprobar tres presupuestos con Vox. Lo ha hecho a costa de la normalización, el blanqueamiento de su discurso por momentos antifeminista y xenófobo, un elemento que ha engrasado las relaciones a lo largo de la legislatura contra el que no ha peleado el Ejecutivo de Moreno. Al contrario, cada vez que ha sido menester, su consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha situado a Vox, el socio parlamentario, al mismo nivel que a Ciudadanos, el socio de Gobierno.

La llegada de la pandemia ha marcado toda la gestión del último año y ha llevado, además de a situar la preocupación ciudadana por el funcionamiento de la sanidad pública en su máximo nivel, también a que preocupación por el empleo sea también muy elevada. Bares y restaurantes que han cerrado, otros que no les merece la pena abrir, solitarios paseos, por ejemplo, alrededor de la mezquita de Córdoba, y en el barrio de Santa Cruz, en Sevilla, ambos lugares, epítome de la rentabilidad del turismo. La covid ha cambiado la geografía urbana en los entornos de los principales reclamos turísticos de una Comunidad en la que el peso de este sector en la conformación del PIB y del cálculo de la riqueza es muy relevante.

Mientras la covid modela la Andalucía de hoy y condiciona la del futuro más próximo, Moreno y su gobierno han ido poco a poco aplicando su agenda, que ha estado más escorada a la derecha en el terreno de lo simbólico –por la influencia de Vox– de lo que el PP hubiera querido en una Comunidad que ha votado mayoritariamente a la izquierda durante cuatro décadas. El gran objetivo conservador es cambiar eso, las dinámicas que le dieron cinco presidentes a los socialistas y que la victoria de la derecha y la ultraderecha de diciembre de 2018 no sea una simple anécdota.

De momento, el Gobierno va cumpliendo sus objetivos y su programa y la pandemia le ha permitido acelerar algunas reformas, como en el terreno del urbanismo. Aunque ya ha comenzado, dos años después, a asumir un desgaste, el histórico cambio de aires en la Junta de Andalucía fue saludado desde muchos sectores, sobre todo, desde la patronal andaluza, que tiene unas relaciones privilegiadas con el presidente y su entorno más cercano.

El propio Moreno se ha dedicado a cultivar una imagen de persona moderada, a quien no le gustan las soluciones rupturistas, capaz de embridar a Vox y al mismo tiempo de abrochar un discurso, por momentos, socialdemócrata. De hecho, el Gobierno no se ha atrevido a eliminar medidas sociales aprobadas durante la etapa socialista como por ejemplo, la gratuidad de la universidad si se aprueba y el complemento a las pensiones no contributivas. Esa es la gran jugada estratégica, acompañada de una erosión de la etapa y del discurso del PSOE, que ahonde en la crisis socialista e impida, en última instancia, que el voto de la izquierda regrese a las urnas.

En paralelo, el Gobierno ha comenzado a implantar su proyecto, plasmado en los acuerdos con Ciudadanos y Vox, que en todos los ámbitos, más allá de la retórica del presidente y de las estrategias políticas, lleva el sello manifiesto de la derecha, con deslizamientos por el extremismo que propugna su socio parlamentario sobre todo en las políticas de igualdad entre sexos, damnificadas por los aspavientos de la ultraderecha, que ni el presidente ni Bendodo han querido cortar –Ciudadanos y Vox sí han tenido algunas polémicas ideológicas de calado, como la implantación de la censura parental en la escuela, que frenaron el vicepresidente Juan Marín y el consejero Javier Imbroda, y también algunos debates sobre el aborto–. El ala más dura del PP, que existe en Andalucía y que ocupa puestos de relevancia, convive muy bien con Vox.

Las políticas de Moreno han estado plagadas de guiños a los empresarios, con acuerdos y cambios legislativos a la carta incluidos, sin contar con los representantes de los trabajadores, y también a la Iglesia, en el ámbito educativo, y a la religiosidad popular, por ejemplo con la creación de una línea de ayudas a las cofradías. Lo que sigue son las principales medidas tomadas por el Gobierno en estos dos años en los ámbitos de gestión que más presupuesto acumulan y en otros que remiten más a lo simbólico y a la piel, a la sensibilidad de la ciudadanía.

Sanidad
Es el gran reto por delante que tiene Moreno y cualquier gobernante en este momento, que funcione el sistema de salud. El ámbito sanitario, si el Gobierno andaluz no lo cuida, podría ser el terreno que al presidente le diera mayores dolores de cabeza, de hecho, ya le ha dado unos cuantos. Ha habido dimisiones y ceses en los principales hospitales incluida la defenestración del primer gerente del Servicio Andaluz de Salud, que en pocos meses había puesto en pie de guerra a los profesionales sanitarios.

La presión que la pandemia le ha metido al sistema ha causado roces de entidad con los representantes de los trabajadores que han logrado, en ocasiones, doblar el pulso al Gobierno, que había tomado medidas como, por ejemplo, una especie Ley marcial en la sanidad andaluza, luego rectificada.

La sanidad viene ya dañada por la gestión de años anteriores de los últimos gobiernos socialistas y por las medidas tomadas en Madrid por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, algunas de las cuales siguen aún en vigor.

El presupuesto ha ido aumentando en términos absolutos y también en términos relativos, por la contracción del PIB debido al impacto de la covid 19, pero también se han producido guiños a la sanidad privada, por ejemplo, en un plan para reducir las listas de espera, presentado por el consejero Jesús Aguirre (PP) al poco de llegar al cargo. Hay quien cree en el ámbito sindical, por ejemplo, que el colapso de la atención primaria al regreso del verano tiene que ver también con un soterrado intento de socavar la sanidad pública para impulsar el negocio de la sanidad privada.

Educación
La consejería de Educación está en manos de Ciudadanos, el socio del PP. La lleva Javier Imbroda, el empresario y exentrenador de baloncesto, uno de los fichajes de Ciudadanos en los tiempos dorados de la formación. La gestión de Imbroda ha destacado por cierta eficiencia a la hora de aplicar el programa y la agenda del Ejecutivo y el impulso legislativo ha implicado cambios de relevancia, que, salvo que la nueva ley educativa lo impida, impulsarán en el medio plazo la educación concertada –privada, sostenida con fondos públicos, mayoritariamente católica–. Esto llevó a que los sindicatos le convocaran una huelga en la educación

Además, el Gobierno andaluz prevé un gasto público importante en conciertos con empresas de Formación Profesional, un tema y un sector que Imbroda conoce bien, porque ha invertido en él. Imbroda, como rookie, aunque ya ha endurecido la piel, ha dejado momentos de cierta incredulidad por las formas de la política, a veces, más complicada que coger un rebote en la zona rival

La gestión de la pandemia en el ámbito educativo, tras el cierre de los colegios decretado en la primavera, le ha permitido a Imbroda coger aire. Ha contratado profesores y ha logrado aumentar el presupuesto de su Consejería. Y lo ha hecho con un relevante acuerdo con tres sindicatos, lo que contribuyó a pacificar un curso que comenzó caliente con protestas y una huelga ante el temor a que la apertura de los colegios y la masificación en algunas aulas llevase a una expansión descontrolada del virus, algo que no ha sucedido. El curso se ha desarrollado con cierta normalidad.

Igualdad
En los temas de igualdad, la influencia de Vox es evidente en la actividad del Gobierno, incluso más allá de los discursos profundamente antifeministas del partido de ultraderecha, una pendiente por la que en alguna ocasión se ha deslizado incluso el propio presidente (lo que llevó al Consejo Andaluz de la Mujer a reclamar moderación y que se le parasen los pies a Vox). Medidas como un innecesario teléfono de violencia intrafamiliar y la creación de ayudas para asociaciones antiabortistas mientras se criticaba los “chiringuitos feministas” dan la medida del retroceso en este ámbito. El trabajo del Instituto de la Mujer y de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha quedado muy tapado por todas las polémicas y exabruptos de Vox, que el PP no ha querido a menudo censurar.

La igualdad no pasa de ser, podría decirse, una mera formalidad para el Gobierno. No es una bandera que enarbolen a diario ni tiene este Ejecutivo, atrapado por Vox, una vocación transformadora que traspase a todas las consejerías en este ámbito.

Además, Ruiz ha tenido problemas propios de su consejería, a la que Hacienda le ha recortado los fondos durante la emergencia por la Covid, y, además, cientos de proyectos contra el machismo llevados a cabo por el asociacionismo feminista, que se venían financiando dejaron de recibir el apoyo de la Junta y, en algún caso, también, líneas de ayudas a asociaciones feministas han estado paralizadas.

Urbanismo
Este es un tema en el que el Gobierno andaluz quiere cuadrar el círculo. Por un lado, el presidente se declara ecologista –a pesar de haber recibido el premio Atila, que da ecologistas en acción a quien contribuye a – y, por otro, liberaliza el suelo y lo cuela, sin darle publicidad, en un decreto de los aprobados durante el confinamiento domiciliario debido a la covid impuesto por el Gobierno de España.

Además, los permisos provisionales para la construcción de un hotel en el Cabo de Gata en una zona virgen reavivaron la sombra del urbanismo salvaje en Andalucía. Moreno comprendió que el asunto se le estaba yendo de las manos y contraatacó con el anuncio del derribo del Algarrobico, el símbolo de la destrucción del litoral. Otros proyectos en la Costa de Cadiz y en la de Málaga esperan también para ponerse en marcha en cuanto se recupere la economía.

Las asociaciones ecologistas, ya curadas de espantos, han presentado además demoledoras alegaciones contra la nueva Ley del Suelo que ha lanzado el Gobierno andaluz y que lleva la consejera de Fomento, MariFran Carazo.

Fiscalidad
Una rebaja fiscal fue la primera medida que tomó el nuevo Ejecutivo. La bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para parientes cercanos –un impuesto que solo pagaban en Andalucía quienes heredasen más de un millón de euros– y la rebaja en los tramos autonómicos del IRPF, sobre todo en los más altos, además de la reducción de la progresividad del impuesto, alumbraron una reforma tributaria que favorecía a quienes más tienen y más ingresan.

El objetivo del Gobierno era seguir bajando los impuestos, pero no lo ha hecho, debido a la pandemia y a la necesidad de recaudar y de impulsar el gasto público, como uno de los motores de la recuperación, en la línea marcada por la Unión Europea. Está por ver que el Ejecutivo andaluz logre aprovechar la cascada de fondos que Europa ha puesto a disposición de los Estados.

Corrupción
Aunque los últimos gobiernos del PSOE, están limpios –por lo que se sabe hasta ahora– de graves escándalos, los años de corrupción, sobre todo radicada en la Consejería de Empleo de la Junta, han llevado, a la espera del Supremo, a la condena penal del expresidente Manuel Chaves y de su consejero de Hacienda y sucesor, José Antonio Griñán. La sentencia de los ERE y el gasto en clubes de alterne de un alto cargo de la Junta, el exdirector de la Faffe han dado sentido al relevo en el Gobierno andaluz, en el que por primera vez no está un socialista.

El nuevo Gobierno tampoco ha producido en estos dos años ningún escándalo, más allá de gestionar los que provienen del pasado del PP andaluz, singularmente en Almería. Además, Ciudadanos ha enarbolado la bandera de la regeneración política y trabaja en una reforma de la ley de incompatibilidades y la creación de una oficina contra la corrupción que resuelva conflictos de intereses hoy irresolubles con la legislación que produjeron los años de gobierno del PSOE.

Memoria Histórica
En este terreno, la consejera Patricia del Pozo (PP) se ha manejado con cierta habilidad. Ha enfocado el asunto desde un punto de vista pragmático, en la línea que se desarrolló en Málaga, un lugar en el que el alcalde Paco de la Torre (PP) impulsó hace unos años la exhumación de más de 2.500 cadáveres de la represión franquista, y se ha diferenciado de Mariano Rajoy, quien de facto liquidó la Ley de Memoria.

Por un lado, le ha dado salida a las exhumaciones que venían del pasado y ha participado en otras nuevas, como las de Sevilla y Córdoba, que contribuye a financiar. Por otro, aunque proyectos emblemáticos como todoslosnombres.org no han recibido cariño alguno y el presupuesto ha recibido un tijeretazo muy importante respecto a la etapa anterior y se han paralizado durante meses las subvenciones, lo cierto es que unos cuantos miles de euros se han destinado a financiar proyectos de investigación de cinco asociaciones memorialistas y otra de ayuntamientos y universidades.