El Gobierno andaluz trabaja para aplicar ya la ley estatal que prohíbe atar de manos y pies en los centros de menores

La diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, llevó este jueves al Parlamento de Andalucía el asunto de las sujeciones mecánicas, un eufemismo que oculta lo que se hace en realidad, atar de pies y manos a jóvenes a camas, que se vienen aplicando en los centros de menores infractores. Su uso, que ha causado muertes –la última la de Iliass Tahiri en Almería–, ha sido cuestionado por el Consejo los expertos y por el Defensor del Pueblo, acaba de ser prohibido por la Ley de Infancia, que entra en vigor la próxima semana.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, (Ciudadanos), afirmó que "los centros de menores necesitan tener un marco jurídico que ampare su actuación" y que, obviamente, se "ha comunicado a todos los centros que la ley hay que aplicarla".

El Gobierno trabaja en una nueva instrucción para enviar a los centros, agregó Marín. "Una vez publicada la ley, hemos solicitado al ministerio de Justicia sobre cómo queda realmente vigente, ¿Trastornos de conducta? ¿Cuáles son las esposas homologadas? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las medidas sanitarias?" Para la diputada Mora, que escuchó con perplejidad a Marín, la práctica de la sujeción mecánica es una práctica "inhumana", que es "impensable en entornos educativos".

Mora afirmó a Público: "La Junta nunca ha seguido las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de formación de los trabajadores, para aprender mecanismos de desescalada en situaciones de agresividad, métodos no violentos de resolución de conflictos. En realidad, eso no lo han hecho, esa formación no se ha hecho y ahora tienen un problema. Lo que solucionaban antes a base de leña ahora no lo pueden solucionar así. Si hubiesen hecho lo que le decía el Defensor desde hace años, ahora no habría este problema".

La prohibición

La ley de infancia modifica el artículo 59 de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, en el que se establecen las medidas de vigilancia y seguridad de los centros en los que se encierra a los infractores. Ese artículo en su apartado tercero recoge directamente un veto expreso, para que no haya lugar a dudas: "Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles".

La norma sí permite poner esposas a un menor y otras medidas "físicas de contención", pero estas –esto es otra novedad importante–, cada vez que se apliquen, "deberán ser comunicadas con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal". Estas cuestiones son las que Marín quiere que Justicia aclare.

Las ONG que defienden los derechos de los niños y niñas, el Defensor del Pueblo y el Comité de Prevención de la Tortura venían reclamando este veto a la sujeción mecánica, porque consideran que favorece la tortura y los malos tratos.

También los expertos: la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Confederación Salud Mental España y las federaciones catalana y andaluza de Asociaciones de Salud Mental firmaron en junio de 2016 el manifiesto de Cartagena, en el que instaban a la supresión de todas las contenciones mecánicas porque implican "un sufrimiento psíquico traumático" y "pueden romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso de recuperación".