SEVILLA.- El Gobierno andaluz inició hace 38 meses una investigación interna para esclarecer si hubo fraude en la concesión de ayudas públicas a la formación de parados. Era una investigación administrativa que iba a discurrir en paralelo al proceso judicial sobre la misma causa, abierta en una veintena de tribunales andaluces. La iniciativa de la Consejería de Empleo ha llevado a revisar, uno a uno, los 8.509 expedientes vivos de ayudas para cursos de formación a parados concedidos entre 2007 y 2012. Hasta la fecha, el Gobierno de Susana Díaz ha revisado un total de 5.808 expedientes, de los cuales se han detectado irregularidades en 1.321. De ellos, la Junta reclama el reintegro de 143 millones de euros a empresas de formación por no haber justificado debidamente el uso correcto de las subvenciones.

A medida que la investigación interna avanzaba, el montante de dinero reclamado iba ascendiendo. Hasta el momento, la Junta de Andalucía sólo ha recuperado 7,6 millones de euros a través de los reintegros, según datos facilitados por la Consejería de Hacienda. El nombre de las entidades (sindicatos, empresas, patronal, ONG o ayuntamientos) a las que se le reclama el reintegro de ayudas sin justificar no se ha hecho público (el consejero se agarra a un informe de Protección de Datos). Sí ha trascendido que una de las reclamaciones de devolución por seis expedientes de subvenciones sin justificar va dirigida al sindicato UGT (Empleo no aclara la cantidad exigida), que ha recurrido esta decisión en los tribunales. También se encuentran en distintas fases de reintegro 13 expedientes dudosos sobre ayudas que recibió el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, uno de los principales imputados en el fraude de la formación.

Ojeda formó parte del Ejecutivo andaluz en los años ochenta, pero lleva años apartado de la política activa y ahora es dueño de un entramado de empresas de formación a parados que se encuentra bajo investigación judicial. Hasta la fecha, el exconsejero ha presentado 60 recursos contencioso-administrativos contra la Junta por la reclamación del dinero sin justificar. Sostiene que ha ganado 28 litigios por un importe de casi 4,5 millones de euros que ya no tendrá que devolver a la Administración autonómica. El TSJA admitió el argumento de los abogados de Ojeda, que habían alegado que el plazo para solicitar el reintegro de ayudas (12 meses) había expirado, y los jueces rechazaron las motivaciones de la Junta para ampliar ese plazo.

La causa del supuesto fraude de ayudas para cursos de formación entró en los juzgados en mayo de 2014. Desde entonces, una veintena de tribunales investiga si hubo menoscabo de fondos de Empleo en todas las provincias andaluzas, y se abrió una pieza política del caso para determinar si el Gobierno había diseñado un sistema irregular para otorgar estas subvenciones (pero recientemente fue archivado por falta de pruebas). Al margen de la vía judicial, la Junta inició su propia revisión de expedientes (para la cual se contrató a 64 personas y se destinó a un interventor específico para que fiscalizara las ayudas otorgadas) y el Parlamento andaluz, a petición de Ciudadanos (nuevo aliado del Ejecutivo de Díaz), impulsó una comisión de investigación para depurar posibles responsabilidades políticas en este asunto.

De los 18.023 expedientes de subvenciones para formación concedidas entre 2002 y 2012, que son objeto de la comisión de investigación, un total de 2.896 millones se han cerrado y liquidado un total de 13.014 expedientes por valor de 1.223 millones. Quedaban vivos 5.009 expedientes por 1.673 millones, que son los que se han sometido a una investigación interna. De ese número, otros 2.547 están verificados totalmente, y de ellos 1.191 expedientes por valor de 846 millones están justificados correctamente. Los otros 1.321 expedientes se han cerrado con reintegros firmes por 148 millones, y alrededor de 250 expedientes más tienen iniciado el proceso de reintegro (en fase de alegaciones) por un valor superior a los 50 millones. La oposición exige a la Junta que aclare en sede parlamentaria cuánto del dinero supuestamente defraudado no podrá ser recuperado.

La Consejería de Empleo ha realizado gestiones de tramitación administrativa sobre 7.895 expedientes, lo que equivale al 93% del total. Quedan 610 expedientes correspondientes a 2011, cuyo plazo de ejecución finalizó en diciembre de 2014. De los 7.895 expedientes tramitados, hay 5.808 finalizados y quedan pendientes 2.087. De los concluidos, un total de 4,215 expedientes han sido liquidados sin procedimiento adicional porque estaban adecuadamente justificados, según un informe de la Consejería de Empleo remitido recientemente al Parlamento andaluz.