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El Gobierno andaluz quiere tomar el control del Algarrobico para demolerlo

La consejera Crespo afirma que va a iniciar "la vía civil" que permita a la Junta tomar posesión de los terrenos y derrumbar el símbolo del urbanismo salvaje

Hotel Algarrobico.
Hotel Algarrobico.

raúl bocanegra

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, va en serio con el derribo y demolición del hotel Algarrobico, símbolo del urbanismo salvaje, según manifestó este jueves la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, dos días después de que el presidente, Juanma Moreno, anunciase su intención de tirarlo.

"Nuestra voluntad es inquebrantable, alejada del ecopostureo", dijo Crespo. "Ojalá el año que viene tengamos puesta una fecha de demolición porque estamos convencidos de que es lo que quiere la sociedad y medioambientalmente es importantísima la recuperación del paraje y la normalidad en esa playa", añadió la consejera.

En resumen, según las fuentes jurídicas consultadas por Público, hay dos maneras de acabar con el esqueleto de hormigón y hierro del edificio que, a modo de recordatorio de los excesos, aún sigue en pie frente al mar en Carboneras (Almería).

Por un lado, esperar la vía judicial, que está pendiente en Granada, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras una demanda de Greenpeace. Según fuentes del tribunal, aún no hay fecha prevista para el fallo.

La otra es que la Junta reciba los terrenos después de haber ganado en el Supremo en el año 2017 el retracto –por el que pagó 2,3 millones de euros en 2006, cuando gobernaba Chaves– y que, una vez en sus manos, derribe el hotel.
Para ello, necesita poner un pleito civil, después de que el Tribunal Supremo fallase que inscribir a su nombre en el registro de la propiedad las fincas en las que está el hotel era necesario para poder ejercer los derechos. Una vez que sea suyo, en teoría, según las fuentes jurídicas, puede derribar.

Esto es lo que la consejera Crespo anunció hoy que su Gobierno iba a hacer de inmediato: poner el pleito civil que le permita acometer el derribo, cuando se resuelva.

En paralelo, Crespo manifestó que tienen "voluntad de diálogo" con Azata, la promotora, y sus diversas sociedades, para resolver el conflicto.

Crespo no precisó las cuantías que irán en el presupuesto del año que viene para este asunto, pero sí dijo que las cuentas llevarán "dos partidas; una para el proyecto" en alusión a la restauración paisajística y medioambiental; y una segunda, "para iniciar el retracto".

"Buscamos fórmulas para ayudar a acometer los trabajos de derribo, retirada de escombros, de residuos, su valorización y de reparación de suelo", dijo la consejera.

Crespo también anunció que se va a poner en contacto con el Gobierno de España, con quien la Junta firmó un protocolo en los años en que José Antonio Griñán era el presidente, para "ir de la mano" en este asunto.

19 sentencia y una falsificación de planos

La construcción, paralización e intensos de demolición del hotel el Algarrobico, de 21 plantas y 411 habitaciones, se ha convertido en una auténtica maraña judicial desde que el Ayuntamiento de Carboneras concedió una licencia de obras a la promotora Azata para su edificación.

Por el camino, se han sucedido –además de una falsificación de planos en la delegación de la Junta en Almería que abrió la puerta a la concesión de la licencia municipal, que la Fiscalía archivó por prescripción, no porque no hubiera delito– como mínimo 19 sentencias de diversos tribunales –Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contencioso-administrativo de Almería– que han resuelto recursos de todo tipo, presentados por las asociaciones ecologistas –que pelean denodadamente desde hace años por derribar el símbolo del urbanismo salvaje– por la empresa y por las administraciones públicas.

El resumen –según las fuentes jurídicas consultadas y después de la lectura de las 19 sentencias– de todo el periplo judicial del hotel tiene tintes ciertamente surrealistas: se podría decir que los tribunales han sentenciado que los promotores obtuvieron una licencia legal en una zona ilegal, protegida, en la que no se podían dar licencias. Y que el terreno donde se asienta el hotel pertenece a la Junta de Andalucía, pero aún no es de la Junta hasta que la Junta no diga que quiere que sea suyo y que otro tribunal más, en esta ocasión, uno de la jurisdicción civil, lo certifique.

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