El Gobierno consigue el apoyo de la mayoría de la Cámara para ampliar el "escudo social" hasta el 31 de octubre

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado en la tarde del lunes el decreto que extiende hasta el 31 de octubre el conocido como "escudo social". 

Durante el debate de convalidación, la mayoría de grupos han avanzado su apoyo a estas medidas que están vigentes desde su aprobación pera aún necesitaban el refrendo de la Cámara. Sólo ha adelantado su voto en contra Ciudadanos, mientras que Vox ha confirmado que optaría por la abstención. 

Y, a pesar de que casi todas las formaciones apoyan la iniciativa, han tildado a este decreto de "parche"  y han exigido al Gobierno reformas estructurales en materia energética o de vivienda, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se ha estrenado en la tribuna de oradores de la cámara defendiendo este decreto, ha defendido que las medidas que contiene protegen a más de 1.100.000 personas con dificultades económicas agravadas con la pandemia. 

¿Qué implica el "escudo social"?

El decreto prorroga la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres, así como la prohibición de cortes de agua, luz y gas. Además, amplía el derecho al bono social para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad, así como la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses. 

También incluye medidas sobre grandes propietarios, de tal manera que, cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (persona física con más de diez viviendas), podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta. 

En este sentido, se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de vivienda afectados puedan presentar la solicitud de compensación. 

Asimismo, figuran medidas en materia de violencia de género, contemplando la consideración de los servicios de protección y asistencia a las víctimas como esenciales. Y, además, incluye los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.  

El apoyo de la mayoría de partidos, aunque sea "una tirita"

Íñigo Barandiaran, del PNV, y Oskar Matute, de EH Bildu, han garantizado su apoyo al decreto aunque sea "una tirita", en palabras de éste último. "Es un parche necesario, pero claramente insuficiente, se queda corto". Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha anunciado que apoyará la prórroga, pero ha advertido de que habrá que decidir si éstas medidas deben ampliarse más allá del 31 de octubre, para lo cual habrá que atender cuál es la realidad del momento.

El diputado del PDeCAT, Genís Boadella también ha pedido adoptar "medidas a largo plazo" y no "parches". Mientras que, desde Unidas Podemos, Pilar Garrido ha pedido acabar con los "mercados especulativos" de la energía y con la "economía rentista" con leyes "eficaces" en favor del intereses general y una nueva regulación sobre vivienda que evite que ésta se acabe convirtiendo en un "bien de lujo". 

Por su parte, la popular Rosa Romera, que ha anunciado su apoyo al decreto por "responsabilidad, ha recriminado al Gobierno que trabaje a base de "improvisaciones" y siempre "llegando tarde y mal". Mientras que Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, ha avanzado su respaldo a la prórroga de un 'escudo social' que, según ha dicho, es "más imprescindible que nunca" para que los ciudadanos puedan "defenderse" de los "ataques" a su economía perpetrados por el Gobierno. 

La única formación que rechaza la convalidación es Ciudadanos, en cuya representación, Sara Jiménez, ha cargado contra el Ejectivo de "permitir la ocupación", en lugar de poner fin a un "problema estructural" con una nueva ley. Además, ha propuesto  un Abono Social de Internet, así como la extensión del actual Abono Social Telefónico. Finalmente, Vox se ha decantado por la abstención. 

Una recuperación "justa" y "rápida"

Bolaños ha contrastado las dos últimas crisis a las que se ha enfrentado nuestro país y la manera en la que los dos gobiernos las han afrontado. 

De esta manera, ha defendido que esta prórroga releja la acción de un gobierno progresista frente a la crisis, a diferencia de lo que ocurrió en la de 2009, en la que "nadie pensó en los más vulnerables", y ha hecho hincapié en que en esta ocasión la recuperación económica será "justa" y "rápida", frente a la recuperación "injusta" y "lenta" que gestionó el Gobierno del PP. 

Y, según ha explicado, mientras en la anterior crisis los españoles veían los Consejos de Ministros "con preocupación, a la espera de los recortes", con Pedro Sánchez en Moncloa los han visto "con alivio, durante los peores meses de la pandemia, y con esperanza para el futuro".