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El Gobierno aprueba cambios en la PAC para 2022 y un mayor apoyo a las organizaciones de ganaderos

Se permite reforzar la posición negociadora de los productores y lograr así una mayor retribución al sector ganadero y un mejor reparto del valor a lo largo de la cadena alimentaria, afirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa en Madrid, este 28 de diciembre de 2021.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa en Madrid, este 28 de diciembre de 2021. Juan Carlos Hidalgo / EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se regulan cambios en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo año, subvenciones a la pesca y la acuicultura así como un mayor apoyo a las organizaciones de ganaderos.

Se tratan de cambios necesarios para adaptar la normativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a los parámetros de la Unión Europea (UE). De este modo, los agricultores y ganaderos podrán percibir más de 7.425 millones de euros en ayudas en 2022 —último ejercicio de transición antes de la entrada de la reforma de la PAC en 2023—.

En esos fondos se incluyen el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga), con ayudas directas, y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader), con ayudas al desarrollo rural.

Con este nuevo decreto, se permite reforzar la posición negociadora de los productores de carne de vacuno, ovino y caprino y lograr así una mayor retribución al sector ganadero y un mejor reparto del valor a lo largo de la cadena alimentaria, según el ministerio.

La reforma defiende el "papel fundamental" de las organizaciones de
productores en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación de la producción, así como en la adaptación de la producción a la demanda, la optimización de los costes de producción y la estabilización de los precios al productor.

El Gobierno ha fijado el 30 de abril como fecha límite para la presentación de solicitud única (que las comunidades podrán ampliar), el 31 de mayo para modificarla y el 31 de agosto para su adaptación tras la comunicación de alguna incidencia.

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