El Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto una demanda civil contra el programa Mañaneros de RTVE por la emisión de un rótulo, que vinculaba una subvención de la Comunidad de Madrid al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), con el papel de esta institución como acusación contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Comunidad de Madrid, después de que este miércoles se haya dado cuenta al Consejo del Gobierno de la encomienda a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de acciones ante la Jurisdicción Civil contra el programa, según consta en el listado de acuerdos del Consejo.

Este rótulo fue emitido el pasado 1 de diciembre y rezaba: "Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal y, después, licencia para convertirse en universidad". Este último punto aludía a la constitución de un centro universitario del ICAM adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ese mismo día, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, envió una carta al codirector de Mañaneros, Pablo del Pozo, donde esgrimía que la tramitación de ese centro universitario comenzó en 2023 y "ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente", contando con "todos los informes favorables".

En cuanto a la subvención, el consejero explicaba que corresponde a un abono correspondiente a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio que viene prestando y abonando a los colegios profesionales, entre ellos el ICAM, desde que la Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias en materia de Justicia.

"Cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde sólo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al ICAM y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley", decía la misiva.

Por todo ello, el Ejecutivo madrileño exigió al programa "la inmediata rectificación" de esa información "por tendenciosa y por no ajustarse a la verdad" que, aseguran, no se ha producido y, en consecuencia, se ha procedido a interponer la demanda.