El Gobierno quiere confiar en que la detención de Carles Puigdemont no tiene que romper la mesa de diálogo sobre Catalunya ni impedir un acuerdo presupuestario con ERC, pero es consciente de que todo es ahora más complicado en ambos escenarios, según fuentes consultadas.

El mensaje que se quiere lanzar desde La Moncloa es separar ambas cuestiones y situar todo lo que acontezca con Puigdemont en el ámbito de las actuaciones judiciales.

Además, otra cosa que también preocupa en el Gobierno es que este hecho ha roto el clima de distensión en el que se llevaba meses trabajando para buscar otro ambiente político entre España y Catalunya.

De momento, quien lo ha expresado más claro es la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien en una entrevista en TVE afirmó que los ciudadanos no entenderían que se rompiera la negociación presupuestaria por lo que denominó "una cuestión personal".

Robles indicó que cualquier ciudadano tiene que comparecer ante la Justicia y la circunstancia de la detención de Puigdemont se iba a producir más tarde o temprano.

De manera oficial, el Gobierno se ha limitado a dar una nota en la que expresa simplemente que el expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont "debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano".

En este sentido, el Gobierno recuerda que "la detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales".

En Unidas Podemos, el otro socio del Ejecutivo, también preocupa sobremanera que la detención del dirigente independentista desvíe la buena marcha del diálogo y rompa el escenario de calma que se ha estado trabajando en el último año y medio. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y también secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido de que "la judicialización (del conflicto catalán) ha demostrado ser un callejón sin salida".

Durante una visita a la isla de La Palma, junto al ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, Belarra ha advertido sobre los peligros de esta situación: "Vamos a respetar las decisiones judiciales que se adopten en cada momento; el Gobierno de España está concentrado en abandonar el camino de la judicialización, en apostar por la vía del diálogo, y por eso hemos trabajado tanto para la recuperación de esa mesa de diálogo y para que ese sea el camino", ha dicho.