El Gobierno contratará un abogado en Bélgica para defender al juez Llarena

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha confirmado este viernes que el Gobierno contratará abogados en Bélgica para representar al instructor de la causa del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la citación del próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga a instancias del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Delgado ha explicado que "se ha hecho un análisis de la forma en que se va a trabajar en la defensa de la soberanía de jurisdicción". "Esto pasa por Justicia. No tanto por la abogacía del Estado, sino por contratar abogados", ha añadido.

En este sentido, la responsable de Justicia ha señalado que la petición de amparo solicitada por Llarena al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el próximo mes de septiembre "forma parte del procedimiento reglado". "Ha hecho lo que la Ley orgánica del poder judicial permite", ha aseverado.

El Gobierno confirma así cuál será la actuación de la Abogacía del Estado en defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, a quien ha citado la justicia belga como consecuencia de la demanda presentada en ese país por el ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont, que acusa al instructor de la causa del 'procés' de no ser imparcial.

Cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país, pero este paso "todavía no está decidido y, por lo tanto, no se ha contratado a ningún abogado en Bélgica", sostienen en Moncloa.

Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, que le acusaron civilmente ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia. La demanda fue admitida y un juez ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre.

El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena -Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica- y las costas que se deriven de una eventual condena civil.

La demanda ha sido presentada el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsellers del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

En ella afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.