El Gobierno da luz verde a la privatización de bodas y divorcios

Pasado un año desde que el ministro de Justicia anunció que el Gobierno aprobaría la ley de Jurisdicción Voluntaria, el Consejo de Ministro ha dado este jueves luz verde al anteproyecto de una norma que permitirá a notarios y registradores mercantiles celebrar bodas y resolver divorcios bajo determinadas circunstancias.

Esto es, y en el caso de los divorcios, que no existan hijos menores o "personas con capacidad jurídica completada" en el matrimonio y el divorcio se lleve a cabo "de mutuo acuerdo". El trámite será posible sólo previo pago de un arancel de 95 euros, aunque se mantiene la posibilidad de casarse ante el Registro Civil de forma gratuita o ante un alcalde o concejal gratis o no, en función de lo que establezca cada Ayuntamiento.

Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado esta medida -encuadrada dentro del plan de reformas estructurales del Ejecutivo- como una de las fórmulas para "descongestionar" los juzgados y "agilizar" la administración de la justicia y ha intentado alejar el fantasma de la "privatización" de los dos trámites asegurando que tanto notarios como registradores son "funcionarios públicos", los cuales, como ocurre con otros servicios públicos, cobran por su trabajo, aunque eso no signifique que bodas y divorcios previo pago dejen de ser "servicios públicos".

El ministro de Justicia ha defendido el pago de los 95 euros asegurando que es inferior a lo que cobran "muchos ayuntamientos".

En su reunión de este jueves, el Consejo de Ministros ha aprobado también que la edad de consentimiento legal para contraer matrimonio pase de los 14 años actuales a los 16.