El Gobierno considera el acuerdo de hoy para evitar que la Generalitat destine fondos públicos a un referéndum como una "vuelta de tuerca" de la norma que ya controlaba desde 2015 las cuentas de Catalunya y explica que se ha adoptado ahora al constatar que "la radicalidad se ha apoderado del Ejecutivo catalán".

Así justifican fuentes del Gobierno que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en su reunión de hoy presidida por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, haya decidido requerir semanalmente a la Generalitat la justificación del gasto de su presupuesto para que, en caso de que destine dinero al referéndum, suspender las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El Gobierno recuerda que no se trata de una medida nueva, ya que la misma Comisión Delegada aprobó en noviembre de 2015 un acuerdo para garantizar que el Gobierno de Catalunya prestaría sus servicios en favor del interés general.

Ya entonces, ante la evolución de los acontecimientos, se dejó claro que los recursos del FLA destinados a la financiación del déficit, que ya se desembolsaban directamente a los proveedores, sólo se podrían destinar a abonar facturas de servicios públicos fundamentales.

Además de esa condicionalidad, el interventor de la comunidad debía remitir al Ministerio de Hacienda un certificado inicial en diez días y una actualización mensual de toda la ejecución del presupuesto de la administración catalana y de sus empresas u organismos.

El objetivo era constatar que los gastos no contravenían el ordenamiento jurídico, y, para ello, ya se exigía a la Generalitat conexión telemática con su sistema para tener control directo e las facturas.

Con la decisión de hoy, ese control aumenta, ya que se exige a la Generalitat que la remisión de los datos sea semanal y que haya certificados individuales de una serie de cargos.

En concreto, tendrán que enviarlos los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

Las fuentes del Gobierno central están convencidas de que todos ellos cumplirán e interpretan que supone un problema muy grave para el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como encargado de intentar organizar esa consulta.

"Es una bomba de relojería para él", señalan las fuentes citadas, que recalcan que la vigilancia se realizará sobre todo el presupuesto de la Generalitat.

El acuerdo será publicado en el BOE, previsiblemente mañana, y, en consecuencia, a finales de la próxima semana deberían remitir sus informes al Ministerio de Hacienda las personas que están obligadas a ello a partir de ahora.

Respecto al momento elegido por el Gobierno para intensificar este control, las fuentes han explicado que se debe a la constatación de la "deriva" en la que ha entrado el Ejecutivo de la Generalitat.

Una situación en la que insisten en que los moderados están siendo relegados y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se está rodeando de radicales.

"No se puede permitir que ninguno de ellos gaste ni un duro de los catalanes en un referéndum que es ilegal", han recalcado.