El Gobierno deja caer la petición de que los terrenos de la cárcel de Carabanchel sean un Lugar de Memoria Democrática

Incomprensión, hartazgo e impotencia. Así se podría resumir el sentir de la Plataforma por un Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel ante el aviso por parte de la Dirección General de Memoria Democrática sobre el expediente en el que pedían que los antiguos terrenos de la prisión franquista fueran declarados Lugar de

Memoria Democrática. Más de 20 meses después de iniciar el procedimiento, el Estado aparca este reclamo sin mayor explicación. El colectivo plantea recurrir este anuncio a la par que reclama una mayor atención por parte de la Dirección General.

Luis Suárez-Carreño, miembro de la citada Plataforma, recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada a finales de 2022 regula la creación de una red de lugares de memoria. Normativizados en su artículo 49, lugares de Memoria Democrática serían aquellos en los que "se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva".

Además, deben estar "vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil, la dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos", tal y como se explica en la ley. 

Por ello, la Plataforma consideró que los antiguos terrenos de la cárcel de Carabanchel, levantada mediante trabajo forzado por los presos antifranquistas y por la que pasaron miles de opositores durante la dictadura y la Transición, era un espacio idóneo para ser considerado

como Lugar de Memoria Democrática. "Apenas dos meses

tras la aprobación de la ley, enviamos toda la documentación necesaria", relata Suárez-Carreño.

Este arquitecto urbanista, que pasó por la prisión madrileña en 1970 y 1973 acusado de asociación ilícita y propaganda ilegal dada su militancia en la Liga Comunista Revolucionaria, cuenta que cinco meses después recibieron la primera respuesta. En ella, la Dirección

General aseguraba que todavía estaba "preparando el desarrollo normativo e institucional para la incorporación de nuevos bienes". Además, les solicitaba "un contenido mínimo relativo al bien", en el caso de que no lo hubieran enviado ya. 

Sin una respuesta concreta en 22 meses

Tal y como se recoge en la respuesta que el colectivo memorialista remitirá a la última comunicación de la Dirección General, consideran que la misma Dirección General "ignoraba al parecer la información exhaustiva que se le había enviado cinco meses antes, o, dado que

era una respuesta estándar, simplemente la pedía de nuevo sin más. Mostrando en cualquier caso una falta de respeto inaceptable hacia nuestra Plataforma y hacia nuestra justa solicitud".

Respondieron recordando los documentos ya enviados y esperaron una respuesta concreta y documentada. Nunca llegó. Aquello sucedió en abril de 2023. Casi un año y medio después, en agosto de 2024, han vuelto a recibir un correo genérico. "Lo sabemos porque es lo mismo que han enviado a otras entidades que han solicitado lo mismo,

como que se considere Lugar de Memoria Democrática el edificio de la antigua Dirección General de Seguridad", hoy sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, establece Suárez-Carreño. 

Según esta comunicación, al haber pasado 12 meses desde el inicio del procedimiento, la solicitud ha caducado. Les ofrecen reiniciar el proceso. "Esto es un escándalo. Ni se dirigen a nosotros directamente. No sabemos si quiera si han visto nuestra solicitud, lo que demandamos, los documentos que acreditan nuestra postura...", se queja este activista memorialista. 

"En suma, en casi dos años de tramitación (si es que se puede

denominar así el tratamiento dado a esta solicitud), esa Dirección General no se ha dignado emitir ni una sola reacción específicamente relativa a nuestra propuesta", comenta la Plataforma en su respuesta, quien califica de "muro sordo y mudo" la existencia de la propia

Dirección General.

Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha respondido a Público que este asunto está en manos del Ministerio del Interior. La cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska ha respondido que las competencias son del Ministerio de

Memoria Democrática, sin que al cierre de la edición de este artículo hayan respondido a las cuestiones planteadas por este medio.

La memoria, sin la dictadura y la Transición

Por otro lado, está el aspecto más simbólico de una declaración de este tipo. "La ley no dice que se vaya a tomar posesión de los terrenos, ni expropiarlos, ni levantar un museo en ellos, ni nada de eso, así que no entendemos qué problema tienen en tomar en consideración nuestra solicitud", reitera el integrante de la Plataforma. 

En cambio, la ley sí recoge en su artículo 52 que, si las administraciones públicas son titulares de algún Lugar de Memoria Democrática, "estarán obligadas a garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada". Además, "evitarán la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época". 

La Plataforma también critica que durante los 22 meses que lleva en vigor la Ley tan solo se han declarado 18 Lugares de Memoria Democrática. De ellos, solo cuatro se refieren a hechos acaecidos en el siglo XX, en concreto de la Guerra Civil y la posguerra, pero ninguno a la dictadura y la Transición.

"Sabemos que se han solicitado declaraciones de lugares correspondientes a estos últimos periodos, pero por razones que desconocemos ninguno ha prosperado a pesar de que, como en nuestro caso, no solo su valor histórico y democrático esté más que demostrado, sino que además se hayan cumplido holgadamente todos los requisitos técnicos legalmente exigibles", denunció la Plataforma en un comunicado. 

Política de maltrato hacia los memorialistas

Para Suárez-Carreño, que el Ejecutivo esté actuando de esta forma es "sorprendente". Desde su punto de vista, todo el procedimiento tiene un halo "totalmente burocrático que nos dice que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está a otra cosa y en este tema ha decidido inhibirse".

De esta forma, a ojos del integrante de la Plataforma por un Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel, el Gobierno "ha llevado a cabo una política de maltrato hacia los colectivos que luchamos por la

memoria de nuestro país". Insensibilidad y falta de respeto, como él dice, se aúnan en un procedimiento que ahora queda en vía muerta. 

En la respuesta que presentarán, la Plataforma defenderá que esa declaración de caducidad debe quedar suspendida de inmediato. En el escrito que remitirán a la Dirección General, expondrán que la decisión de caducidad les "llena de estupor". "Si no se ha completado el procedimiento es única y exclusivamente por culpa de esta Dirección General, puesto que la solicitud fue presentada debidamente por la asociación", reflejan en el texto. Además, reflejan algunos aspectos de la ley de Procedimiento Administrativo que piensan que no se han respetado en esta tramitación. 

"No podemos terminar esta exposición sin señalar el hecho de que, más allá de los pormenores administrativos, el penoso proceso que ha sufrido este propuesta no hace sino poner de relieve una lamentable falta de sensibilidad memorialista por parte de los responsables de

esa Secretaría de Estado, que parecen ignorar la importancia histórica de la prisión de Carabanchel, lugar emblemático de la represión franquista y escenario de luchas de resistencia tanto durante la dictadura como la Transición", concluyen desde la Plataforma.