El Gobierno y, en concreto, el Ministerio de Hacienda ya están barajando diferentes propuestas para conseguir la llamada "armonización fiscal" entre las distintas comunidades autónomas, con el objetivo final de llevarlas Consejo de Política Fiscal y Financiera e implicar a todos los territorios, lo que obligará a las comunidades autónomas del PP más perjudicadas por la brecha fiscal a pronunciase y comprobar si mantienen su negativa a esta medida.

Las autonomías del PP, en contra de lo que manifestaron en su día, han salido en tromba en contra de esta armonización fiscal, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza de la revuelta.

Sin embargo, fue el propio Gobierno del PP el que ya estudió esta armonización fiscal, y presidentes autonómicos como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Juanma Moreno Bonilla (Andalucía) se pronunciaron a favor de esta medida en su día, ya que sus territorios son los que pueden salir más beneficiados si se regula una armonización fiscal.

El Gobierno no sólo quiere buscar el apoyo parlamentario a su propuesta, sino que considera imprescindible también lograr el máximo consenso entre los territorios en el Consejo de Política Fiscal.

La propuesta en la que se está trabajando afectará a casi todos los impuestos de ámbito estatal y este viernes se conoció que una tasa que se va a haber afectada es la del impuesto de patrimonio. Según adelantó la Cadena Ser, la idea inicial es fijar un suelo mínimo para este impuesto en el entorno del 15% que sería de cobro obligatorio, dejando el 85% restante en manos de la decisión que tome cada comunidad.

Esta va a ser la línea general que se seguirá con el resto de impuestos, aunque todavía se están analizando a cuántos y en qué medida afectará dicha armonización fiscal.

Antes de llegar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, estos temas serán tratados por el grupo de expertos que formarán la Comisión para la reforma fiscal, que también se acordó en las negociaciones con el partido republicano, por lo que parece difícil que pueda haber una propuesta cerrada antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el próximo mes de febrero.

Avanzar en justicia fiscal

En Unidas Podemos están de acuerdo tanto con la medida prevista por el PSOE como con el foro en el que se debe plantear. Fuentes de la Secretaría Económica de la formación también defienden establecer un mínimo no bonificable por las comunidades autónomas y consideran que el de la armonización fiscal es un debate que hay que llevar al Consejo de Política Fiscal para que sea abordado junto a los territorios.

La semana pasada la ministra de Hacienda recordó a las comunidades que tanto el impuesto de sucesiones como el de donaciones son dos tributos estatales, aunque tengan parte de su recaudación cedida a las autonomías, y que, por lo tanto, el Gobierno tiene margen para modificar cuestiones referidas a estos impuestos.

Junto con el asunto de la armonización y la reducción de la brecha recaudatoria entre comunidades, los de Iglesias, así como ERC, también quieren plantear cuestiones para avanzar en la justicia fiscal. En este marco se abordarían medidas como el impuesto a las grandes fortunas, que puede venir de la mano de una revisión del impuesto sobre el patrimonio, y que hasta ahora se había aplazado tras el acuerdo de ambos partidos del pacto para la Reconstrucción.

En el acuerdo presupuestario, PSOE y Unidas Podemos acordaron subir en un punto el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros, junto con otras subidas en el IRPF y en los tributos a las grandes empresas.