Además de explicar las dificultades con las que se encuentra el Ejecutivo para recuperar el dinero defraudado en los ERE –prejubilados de buena fe, insolvencia y desaparición de las empresas defraudaroras, ausencia por el momento de fianzas civiles–, la rueda de prensa de este martes del vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) y Elías Bendodo (PP) ha servido para poner el foco del caso en Susana Díaz.

Tanto Marín como Bendodo envolvieron el caso en un continuo que arranca cuando el entonces presidente Manuel Chaves decide agilizar el pago de las ayudas de que disponía la Consejería de Empleo para paliar crisis sociolaborales y que culmina en el momento en que la administración andaluza, cuando la gobernaba Susana Díaz, mediante un escrito de los letrados de la Junta, decide retirar su acusación en la causa del procedimiento específico. “La maraña es tan amplia y tan organizada que no solo era desfalcar sino impedir que se pudiera recuperar lo desfalcado”, afirmó Bendodo.

Una vez que todos los condenados están fuera de la vida política y que la expresidenta Díaz sigue en activo como secretaria general del PSOE, los cañones de San Telmo y los de PP y Ciudadanos apuntan hacia ella y la acusan de no querer recuperar el dinero defraudado en los ERE.

El Ejecutivo anterior, del PSOE, sí ha venido reclamando el dinero, en las diferentes piezas abiertas en los juzgados y también ante el Tribunal de Cuentas. Cierto es que pidió el archivo de la pieza la no ver delito en el procedimiento.

Una de las consecuencias de esa decisión, destacaron Bendodo y Marín, fue la de aliviar la situación del expresidente José Antonio Griñán y otros acusados, sobre quienes pesaban fianzas millonarias imposibles de afrontar con sus ingresos.

Mientras Díaz atribuye la petición de archivo a una decisión técnica, jurídica de los letrados de la Junta de Andalucía, el equivalente autonómico a la Abogacía del Estado, Marín y Bendodo consideran lo contrario, que se trataba de una decisión política, ejecutada con la intención expresa de despejar el horizonte del expresidente Griñán y los otros acusados.

“No cuestionamos al gabinete jurídico. La decisión es política, no del gabinete jurídico. Eso tiene que tener derivadas unas consecuencias. Por mucho menos, el PSOE ha pedido la dimisión de una consejera nuestra [Rocío Ruiz, de Igualdad].

“Susana Díaz mintió. Ella dijo que no retiró a la Junta de la causa. Esto provocó que decayeran las fianzas civiles de 26 personas. Al retirarse la Junta decaen esas fianzas”, dijo Bendodo.

Condena de un régimen

Ambos se pusieron las botas contra Díaz y el PSOE en la rueda de prensa. “Es el caso de corrupción más importante de la historia de este país”, dijo Marín. “No basta con pido perdón y borrón y cuenta nueva. Yo les tengo que decir a todos los andaluces que va a ser muy difícil recuperar ese dinero. Hasta el último céntimo vamos a perseguir”, agregó el vicepresidente.

“Es una sentencia que condena un régimen. Al PSOE nunca le interesó la gestión, sino crear una maraña. El daño que han hecho los socialistas a Andalucía es enorme, el daño es muy superior a los 679,2 millones de euros. Y los culpables tienen nombre apellido y partido político. Claro que tiene que ver con el PSOE.

Además de estas consideraciones, Marín y Bendodo manifestaron que el caso –y otros– seguirá vivo durante mucho tiempo. “La justicia ha tardado en resolver, ahora quedan más de 200 piezas, y luego tenemos que sumarle los fondos de formación y la Faffe. La corrupción del PSOE no ha acabado”, dijo Bendodo.