El Gobierno presenta ante el Constitucional el recurso contra el decreto andaluz antidesahucios

El Gobierno presentó ayer ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad anunciado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, contra el Decreto de la Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. La norma, una vez que el recurso se admita a trámite ─algo que posiblemente sucederá el jueves ─, quedará suspendida durante cinco meses. El Ejecutivo del PP actúa así en la línea marcada por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que este mismo miércoles publicó un informe en el que volvía a cargar contra el decreto por "poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero". 

Desde la Consejería apuntan que hasta que el recurso no sea admitido a trámite el Decreto seguirá en marcha y de hecho este miércoles se había iniciado la expropiación del uso de dos viviendas en Málaga para evitar sendos desahucios de personas en riesgo de exclusión social.

La noticia la confirmó esta mañana la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien explicó también que el Ejecutivo ha enviado un fax a la Junta ofreciéndole "una vía de diálogo informal". El comportamiento es llamativo ya que el PP andaluz se abstuvo en la votación del Decreto y desde Madrid, salvo excepciones, nadie se pronunció claramente en contra de la decisión autonómica. Todo cambió cuando la agencia EFE desveló que Bruselas se había puesto en guardia y había preguntado al Gobierno de Mariano Rajoy porque en su opinión podía violar los términos del rescate bancario.

El PP mantuvo en secreto el contenido de esa carta hasta que el pasado 28 de junio anunció el recurso ante el TC. La Junta y en especial Elena Cortés, la consejera andaluza de Vivienda, defienden que el Decreto es totalmente constitucional. "Su constitucionalidad es incuestionable. El artículo 33 establece que el derecho de propiedad tiene como reverso su “función social”. El 128, que “toda la riqueza del país está sujeta al interés general”. El 40 establece que los poderes públicos promoverán “una distribución de la renta más equitativa”. Y luego está el 47 [...] hagan lo hagan el Gobierno o la Troika, no vamos a dar un paso atrás", dijo Cortés el pasado 1 de julio durante una charla con los lectores de Público.

En declaraciones a EFE, Crespo ha dejado entrever que la decisión del Gobierno puede deberse más a las presiones de Bruselas, al decir que en la carta de la Comisión "se dejaba claro que el decreto puede afectar negativamente a la estabilidad de la banca". Según Crespo, que ha empleado los argumentos del Ejecutivo, la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda". Esta afirmación ha sido ampliamente rebatida por la Consejería, que se remite a dos sentencias previas del Tribunal Constitucional.

En concreto, la 61/1997 de 20 de marzo, establece que "la regulación estatal no puede ser la normativa completa del derecho de propiedad, sino una regulación de mínimos que no agota el régimen jurídico de los derechos y deberes afectados" y que "el Gobierno no está facultado para establecer una regulación uniforme de la propiedad privada y su función social, ni puede anular las competencias que las CCAA tienen sobre todas aquellas materia en las que entra en juego la propiedad.