Nombramientos del nuevo GobiernoEl Gobierno propone a Dolores Delgado como fiscal general del Estado

Dolores Delgado, la hasta ahora ministra de Justicia, será la próxima Fiscal General del Estado, según adelanta la cadena Ser y han confirmado fuentes del Gobierno. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examinará este jueves los requisitos formales para el nombramiento, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Este trámite ante el CGPJ es solo el primero de los procedimientos que deberá pasar Delgado para poder ser nombrada como máxima representante de la Fiscalía, tal y como establece tanto la Constitución como el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Delgado, a quien el presidente Pedro Sánchez confirmó el pasado viernes que no seguiría como ministra de Justicia, sustituirá María José Segarra, que ocupaba el cargo desde junio 2018. De acuerdo con la información de la emisora, el Consejo de  ministros propondrá su nombramiento el próximo viernes. El nombramiento de Delgado ha causado cierta sorpresa pese a que Delgado es fiscal de carrera y estuvo 25 años en la Audiencia Nacional.

Tocada por el caso Villarejo, Delgado se definió en su toma de posesión en julio de 2018 como una "fiscal de trinchera" y prometió ser una "ministra de trinchera". Durante el año y medio de mandato apostó por la cooperación internacional y por el avance de la digitalización de la justicia.

Nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP.

Durante los últimos meses, el Ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para "sacar de la fosa de la desmemoria", como la propia Delgado explicó, al exilio republicano, con motivo de su 80 aniversario. También se ha centrado en la recuperación y reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo.

Todo ello en el marco de la Dirección General de la Memoria Histórica, que ha dependido de su departamento y que ahora pasa a estar en manos de la Vicepresidencia de Carmen Calvo bajo el nombre de Memoria Democrática. Con su creación se ha dado impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que marcaba como principal reto exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Ello finalmente se logró el pasado 24 de octubre, tras ganar la batalla en los tribunales. Delgado tuvo un papel esencial en el momento en el traslado de los restos del dictador desde Cuelgamuros hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, pues como ministra de Justicia ha ostentando el cargo de notaria mayor del Reino.

Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusión –dos meses después de tomar posesión– de unas grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde hace dos años) y Delgado, que acudió al encuentro acompañando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido al expolicía.

Delgado aseguró que los audios publicados estaban manipulados, pues eran "trocitos solapados, puestos y pegados" y negó haber mantenido alguna "cita en ningún aspecto profesional" con el excomisario.

Estos hechos se sumaron a la tardanza de la hasta ahora responsable de Justicia en amparar al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en la demanda civil que presentó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra él ante la justicia belga para que el Congreso y el Senado la reprobaran.

Huelga al poco de llegar al ministerio

Una tercera censura llegó por parte del Congreso por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar la rebelión en la acusación contra los líderes independentista en prisión por el procés. Los servicios jurídicos del Estado acusó de sedición y el Tribunal Supremo les condenó por este delito.

Durante estos primeros meses, Delgado también tuvo que hacer frente a las exigencias salariales y laborales de las asociaciones de jueces y fiscales, que ella misma abanderó como vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el Consejo Fiscal --órgano consultivo del Ministerio Público --contra el equipo ministerial liderado por Rafael Catalá. Ya al frente de las negociaciones como ministra, estos colectivos decidieron hacer una huelga.

Entre las reivindicaciones de jueces y fiscales que ha intentado llevar a cabo es la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece el límite temporal de los plazos de instrucción. Si bien, aunque en varias ocasiones ha reprochado al PP que esté paralizando su tramitación en el Congreso presentando más de 60 enmiendas, la ministra expuso que ella no podía hacer nada directamente porque no puede "usurpar las funciones al Legislativo".

Finalmente, las tensiones se aliviaron una vez que se aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la que se incluyeron algunas de las reivindicaciones de las asociaciones sobre derechos laborales, permisos y licencias que jueces y fiscales han recuperado, así como la exigencia de criterios de mérito, capacidad y paridad en los nombramientos de altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, cuya competencia tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En dicha modificación también se contempló el cambio en el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces. Sus vocales volverán a tener dedicación exclusiva, dando así fin al sistema "presidencialista" impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012; pero sin embargo no se llegó a ningún tipo de acuerdo para que sus miembros sean elegidos directamente por jueces y magistrados.

Con esta reforma legislativa también se han puesto en marcha de medidas urgentes incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, relacionadas con la formación de los profesionales. Además, declara la violencia machista como una especialidad jurídica, como la de Mercantil, Penal, Menores o Social, con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional.

Asimismo, ha dejado casi ultimada la anunciada futura reforma penal relativa a los delitos sexuales, que próximamente se llevará al Consejo de Ministros, según han apuntado fuentes del Ministerio de Justicia.