MADRID.- Es la puerta principal, el enlace directo entre Bruselas y el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, pero la representación permanente de España en la capital belga no lleva un registro de las reuniones de ninguno de sus miembros y dirigentes con los lobbies corporativos. No sólo no lo tiene, sino que a priori ni siquiera considera que esto sea necesario, tal y como aseguran a este diario desde la representación permanente.

Sólo recuerdan que no existe ninguna ley que les obligue a monitorizar las reuniones en las que las corporaciones intentan influir en sus políticas, en una ciudad en la que operan cada día entre 15.000 y 30.000 lobbistas, según los cálculos del Observatorio Corporativo Europeo (CEO).

Esta organización forma parte de la Alianza por la Transparencia de los Lobbies y su Regulación Ética -ALTER-EU, por sus siglas en inglés-, que integran más de 200 organizaciones civiles europeas. Este martes, esta plataforma lanza un nuevo informe al que Público ha tenido acceso en primicia en España, y que documenta la falta de interés de la mayoría de miembros de la UE por registrar este tipo de encuentros. En Representaciones Nacionales en Bruselas, Abierto para los Lobbies Corporativos, ALTER-EU ha remitido peticiones de información a 17 estados miembros para conocer con cuántas organizaciones civiles y lobbies corporativos –registrados o no – se reunieron entre mediados de 2014 y 2015.

De todos ellos, sólo cuatro -Irlanda, Rumanía, Holanda y Polonia- han presentado toda o parte de la información solicitada; dos han rechazado colaborar –Malta y Reino Unido-; cinco han obviado esta petición y seis, entre los que se encuentra España, se han resistido a aportar esta información.

De hecho, desde la representación permanente en Bruselas ni siquiera han querido confirmar a este diario que efectivamente recibieron y desestimaron esta petición de información entre agosto y septiembre de 2015, y restan importancia a la diferencia de proceder con respecto a otros países que sí registran este tipo de reuniones.

Se da además la circunstancia de que según los datos recabados por Transparencia Internacional en 19 países del Viejo Continente, sólo siete de ellos –Austria, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia, Eslovenia y Reino Unido- cuentan con un marco legal específico que regule las actividades de lobby. De nuevo, España brilla por su ausencia en esta lista.

Un 20% de reuniones con lobbies no registrados.

El estudio que firman Andreas Pavlou y Vicky Cann –de Access Info Europe y CEO, respectivamente- recuerda que los lobistas corporativos buscan todo tipo de lagunas en las normas de transparencia para presionar a los actores políticos sin que quede constancia de estas acciones, y el hecho de que el Consejo Europeo o las representaciones permanentes no estén obligados a aplicar las mismas normas de transparencia que el Europarlamento o la Comisión sin duda facilita su labor.

El informe cifra en torno al 20% la media de reuniones con lobbies no registrados en base a la información proporcionada por los países que han querido cooperar en su elaboración. En los casos de Rumania y Polonia, por ejemplo, en torno al 63% de los encuentros de los representantes gubernamentales con lobbies sentaron a las corporaciones al otro lado de la mesa –Gas Natural o Ikea entre ellas-, y apenas en un 20% de los casos tuvieron como interlocutores a organizaciones de la sociedad civil.

Para acabar con esta situación, ALTER-EU recomienda que tanto el Consejo como las representaciones permanentes adopten nuevas normas básicas para garantizar la transparencia, como registrar todas estas reuniones o negarse a celebrar encuentros con los lobbies que no figuren en el registro de transparencia europeo, que por otra parte ni siquiera es obligatorio.

“Además de una normativa de transparencia para los lobbies más fuerte, es necesario un cambio cultural dentro de las representaciones permanentes que busque prevenir que las corporaciones se adueñen del proceso de toma de decisiones, en aras de la defensa del interés público”, zanja el estudio.