El Gobierno reconoce que Rajoy mantiene contactos "activos" y "discretos" con otras formaciones para negociar su investidura

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está manteniendo "intensos" y "constantes" contactos de manera "discreta" para la formación de Gobierno.

En este sentido, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo en funciones está "muy activo" en el objetivo de lograr los "mejores frutos" que consisten en lograr un acuerdo para que haya un "gobierno que pueda gobernar". Y "desde agosto", apostilló.

Además, ha precisado que Mariano Rajoy está haciendo "especial hincapié" con las personas con las que está hablando en esos contactos en la necesidad de cumplir la senda de consolidación fiscal europea y la necesidad de contar con unos presupuestos para 2017 para evitar que "nadie salga perjudicado".

En este sentido, la vicepresidenta recordó que es necesario contar con un presupuesto aprobado por el Gobierno antes del 30 de septiembre, para ser tramitado con posterioridad en las Cámaras legislativas, y poder aprobarlo para que esté en vigor el uno de enero de 2017.

En esa misma línea, la número dos de Rajoy en el Ejecutivo ha presionado al resto de formaciones advirtiéndoles de que una prórroga de los PGE de 2016 implicaría una congelación de los sueldos públicos y de las pensiones, que requeriría a posteriori un decreto para actualizarlos.

Sáenz de Santamaría ha explicado que siempre que Mariano Rajoy pueda gobernar desde agosto, el calendario a seguir para "recuperar la normalidad de un Gobierno a pleno rendimiento" pasaría por que Bruselas determine la nueva senda de consolidación fiscal de 2016 y 2017, algo que podría producirse en la reunión del colegio de comisarios europeos del próximo 27 de julio.

Dicha senda habría de pasar después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL) y por el Consejo de Ministros, para su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados y Senado. Con este marco de consolidación, el Gobierno debe aprobar el techo de gasto de las administraciones, algo que podría producirse entre julio y agosto, y antes del 1 de octubre, a ser posible en el Consejo de Ministros del 23 de septiembre, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el siguiente año.

Sáenz de Santamaría amenaza con las pensiones, pero reconoce que se podrían actualizar por la vía del decreto

Sin embargo, si no fuese posible cumplir este calendario, como ya ocurrió en 2011 cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero adelantó elecciones, se prorrogarían automáticamente los Presupuestos de 2016. En este punto, Sáenz de Santamaría ha advertido de que "no todo se prorroga automáticamente", sino que partidas como la de las pensiones y los salarios públicos quedarían congeladas.

No obstante, la vicepresidenta del Gobierno en funciones se ha enmendado a continuación y ha señalado que, como se hizo en el segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, por la vía del decreto ley se puede a posteriori actualizar estas partidas. Después solo sería necesario convalidarlo en un plazo de 30 días en el Congreso de los Diputados.

"Por eso el presidente del Gobierno en funciones está diciendo que hay cuestiones que están íntimamente ligadas a la investidura", ha añadido Sáenz de Santamaría, para apostillar que "para recuperar la normalidad", hay que aprobar unos nuevos Presupuestos.

"Si no, España puede verse muy afectada por la no presentación de los Presupuestos o la no aprobación de un decreto que lo solvente", ha resuelto.

Finalmente, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha recordado también que la actualización de la senda de consolidación de acuerdo con Bruselas "llevará aparejada el establecimiento de un conjunto de actuaciones" y que en plena parálisis política está pendiente la trasposición de 19 directivas europeas con rango de Ley que, de no aprobarse, podrían implicar una multa. De ahí que, según ha concluido, haga falta un "acuerdo de mínimos para al menos cumplir con los compromisos con la UE y no causar perjuicios a los ciudadanos".