Referéndum del 1-OEl Gobierno recurre al TC todas las resoluciones sobre el referéndum del 1-O

Cuatro recursos contra las cuatro normas que tanto el Parlament como la Generalitat de Catalunya aprobaron ayer. Esa es la petición que el Gobierno de Mariano Rajoy, reunido en una convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros, ha elevado este jueves al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que decrete la "nulidad de todos los actos" para que todas las normativas queden suspendidas hasta que resuelva una sentencia el Alto Tribunal.

Así, el Ejecutivo ha solicitado impugnar tanto la ley del referéndum como los decretos de convocatoria y normas complementarias para la realización del referéndum previsto para el 1 de octubre, así como la resolución del Parlament que nombra a cinco miembros de la sindicatura electoral.

Además, según ha explicado el propio presidente en una comparecencia sin preguntas a la que han asistido todos los ministros (a excepción del titular de Exteriores, Alfonso Dastis, de viaje oficial en Cuba), el Gobierno ha solicitado al TC que se notifique dicha suspensión de las normas a todo el Govern que preside Carles Puigdemont, a todos los altos cargos relacionados con la organización del referéndum (en ellos se incluye a los miembros de la Mesa del Parlament) y a todos los alcaldes de los 947 municipios de Catalunya, sean del color que sean. El objetivo es advertirles de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la realización del referéndum".

Asimismo, fuentes de Moncloa incidieron después en que esa misma advertencia sirve, en realidad, para "cualquier particular" que contribuya a la preparación del referéndum, así como los medios de comunicación públicos (en referencia a la publicidad institucional d la Generalitat sobre el referéndum). La amenaza no se dirigió a nadie en concreto ya que, apostillaron, es a la Fiscalía y a la Guardia Civil a quien corresponde "trabajar" para impedir cualquier acto encaminado a dicho fin. De ahí el registro, ayer, de una imprenta sobre la que, según el Gobierno, existían sospechas de que podría estar preparando "actas de escrutinio" y no papeletas, como se dijo en un primer momento. "Están todos concernidos", advirtieron las citadas fuentes.

Rajoy, por su parte, incidió en que todas las actuaciones del Gobierno están "justificadas". Insistió en que permitir la organización de la consulta soberanista significaría saltarse la ley, liquidar la Constitución, el régimen de autogobierno catalán y los derechos de los catalanes y del resto de españoles y aseguró que, por esas razones, el referéndum "no se va a celebrar".

"El principio de legalidad es el presupuesto fundamental de cualquier sociedad civilizada. El imperio de la ley es garantía de nuestra convivencia y nuestra libertad. Lo que no es legal no es democrático", sentenció. "La Constitución es la norma suprema y no existe ningún poder que pueda menoscabarla con ninguna legitimidad alternativa", agregó.

Reforma de la Carta Magna

Una vez más, arremetió contra Puigdemont por no haber aceptado su invitación de debatir sobre el referéndum en el Congreso e incidió en que "el acatamiento de la Constitución no implica que sea una ley perpetua". "Todos sus preceptos pueden ser modificados. Esa aspiración es legítima y está amparada por la propia norma, pero sólo a través de las reglas y procedimientos previstos para ello; nunca con la desobediencia y la imposición antidemocrática e ilegal".

Como ya hizo ayer su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente cargó contra los "aspectos antidemocráticos" de algunos responsables de las instituciones catalanas, a quienes acusó de "despreciar" los dictámenes de sus propias instituciones, en referencia al Consell de Garantías Estatutarias, y de "liquidar" la práctica parlamentaria "que ayer saltó por los aires ante el estupor, la preocupación y el sonrojo de todos". "Nadie pudo imaginar jamás un espectáculo tan deplorable como el de ayer", parafraseó Rajoy a la vicepresidenta casi de forma literal.

Para él, el pleno de ayer en la Cámara catalana fue un "cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades" llevadas a cabo por políticos "obstinados" que, en su opinión, "no tienen ningún reparo en forzar las reglas del juego, aprobar leyes fantasmas y desobedecer las advertencias de sus propios letrados". "Jamás vivimos un ataque de esta naturaleza a nuestro pacto de convivencia", siguió tras tildar de "naufragio institucional" la sesión del miércoles.

"Se puede ser independiente. Son aspiraciones que tienen su cauce en las leyes para su expresión y su defensa. Lo que no se puede hacer y no se hará mientras yo sea presidente es pasar por encima de las normas democráticas para conseguirlo", advirtió Rajoy. Y zanjó: "Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. Ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto".

El jefe del Ejecutivo central agradeció también la "valentía" de los funcionarios del Parlament que defendieron ayer los "valores democráticos" y la "lealtad de los partidos que defienden el orden constitucional". Así hizo referencia, aunque sin citarlos, a PSOE y Ciudadanos con cuyos líderes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, ha mantenido y mantendrá sendas reuniones con las que mostrarán 'músculo constitucionalista' frente al desafío soberanista. "Esa actitud es motivo de tranquilidad para todos. Esa unidad contrasta con la fractura de ayer en Catalunya", presumió Rajoy.

Y, tras defender que sus recursos al TC son necesarios para defender "los principios básicos de democracia, legalidad, soberanía nacional y la dignidad autonómica de Catalunya", también lanzó un "mensaje a la sociedad española": "La democracia responderá con firmeza, aplomo, serenidad y dignidad", concluyó.

Contra la ley de transitoriedad

De otro lado, Moncloa ha anunciado que, además de los cuatros recursos presentados, Rajoy también ha firmado una petición al TC para que abra un incidente de ejecución de sentencia contra la admisión a trámite de la ley de transitoriedad que, con toda probabilidad, se votará hoy en el Parlament de Catalunya.

De ser así, el Gobierno seguirá los mismos pasos que con la ley de referéndum: Rajoy pedirá un informe urgente al Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad de la normativa y, bien en el Consejo de Ministros ordinario, bien en uno extraordinario, se aprobará la petición al Constitucional para que la suspenda.