El Gobierno recurre el veto de PP y Vox a los rezos musulmanes en los centros deportivos de Jumilla

La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para revocar la decisión de PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de limitar el uso del polideportivo municipal a actividades de deporte y prohibir así los actos de la comunidad islámica que se venían celebrando en los últimos años.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, además del recurso, interpuesto el 13 de octubre, la Abogacía del Estado ha solicitado la suspensión cautelar del acuerdo plenario del pasado 28 de julio que prohíbe los actos religiosos en centros deportivos de la localidad, ya que "su única finalidad es limitar injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana, lo que resulta contrario al artículo 16 de la Constitución española".

A juicio de la Abogacía del Estado, este acuerdo "infringe el principio de neutralidad confesional de la Administración, el principio de reserva de ley asociado a la limitación de los derechos fundamentales, y la exigencia de motivación suficiente y proporcionalidad en la limitación del uso de los espacios públicos". Asimismo, señala que "solo responde a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores".

En este sentido se indica que los promotores reconocieron expresamente que el acuerdo se fundamentaba en "la necesidad de limitar la práctica de ritos y celebraciones importadas, como la conocida como fiesta del cordero, que, a juicio del Ayuntamiento, resultan completamente ajenas a los usos y costumbres que han configurado nuestra identidad nacional de forma continuada”.

En el recurso interpuesto por el Estado se recuerda, además, que la comunidad musulmana de Jumilla ha venido utilizando el pabellón deportivo municipal para la celebración de festividades religiosas desde hace décadas, siempre previa solicitud y el pago de tasas correspondiente, sin que, hasta la fecha, haya existido problema de orden público alguno.

Según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, la decisión de interponer este recurso llega después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera al requerimiento presentado por el Gobierno el pasado 11 de agosto para que anulase el acuerdo plenario.

Por último, han mostrado "preocupación por la deriva autoritaria de la derecha y la ultraderecha", tras lo que han reafirmado el compromiso del Gobierno de "instar la paralización y eventualmente recurrir cualquier medida de ayuntamientos y comunidades autónomas que limiten derechos fundamentales, como ha sucedido en los casos de la censura educativa en Murcia (pin parental), el chantaje institucionalizado a las mujeres que quieren abortar en Castilla y León o Madrid, o la derogación de las leyes de memoria de la mano de defensores de la dictadura".