Jumilla o el aborto: el Gobierno recurre a la vía legal para confrontar con las administraciones del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió este lunes un requerimiento formal a cuatro comunidades autónomas (tres de ellas del PP) para solicitar que se cumpliera con el registro de médicos objetores y garantizar el derecho al aborto en esos territorios. La ministra de Sanidad, Mónica García, apuntó que en el caso de que haya comunidades díscolas, especialmente la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso, se usarían todas las herramientas necesaria para hacer cumplir la ley. 

Se trata de un nuevo paso en la estrategia del Ejecutivo de plantar a cara a los "retrocesos" que vienen de los feudos autonómicos de la derecha. No ha sido el único caso. Asuntos como la vivienda, memoria democrática o cuestiones sobre el modelo educativo han provocado diferentes reacciones desde Moncloa.

Durante el mes de agosto, se conoció también otro requerimiento similar al usado por Sánchez esta semana. En este caso se interpuso desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. La entidad destinataria fue el Ayuntamiento de Jumilla. Esa localidad, gobernada por el PP con apoyo de Vox, aprobó una moción que incluye la prohibición expresa de las dos principales festividades del calendario musulmán, el inicio del Ramadán y la Fiesta del Cordero, en espacios públicos del municipio. 

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, envió un requerimiento el 11 de agosto. Se dio al Ayuntamiento de Jumilla el plazo de un mes para contestar pero no hubo respuesta. Lucas continuó entonces el proceso legal, solicitando el 9 de septiembre a la Abogacía del Estado la interposición de un recurso contencioso-administrativo por menoscabar la libertad religiosa, según el texto consultado por Público. Fuente de la Delegación del Gobierno en Murcia destacan que la Abogacía del Estado "está estudiando" la petición todavía. 

No se han producido otros requerimientos similares de manera reciente. Sí en otros periodos. Por ejemplo, en enero de 2023 se envió un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstuviera de aprobar el "protocolo antiabortista" que pretendía impulsar el entonces vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox. En este caso no llegó a haber conflicto ante el Tribunal Constitucional (TC). Tras la respuesta de Castilla y León al requerimiento afirmando que no existía tal protocolo ni medidas nuevas, Moncloa dio por acatado el requerimiento y zanjado el asunto avisando solo de que seguiría vigilante.

Otros asuntos si han derivado en diferentes recursos al Tribunal Constitucional (TC). Durante esta legislatura se han presentado ya desde el Estado hasta 13 recursos dirigidos a comunidades del PP. Por contra, los territorios gobernados por el PP han elevado un total de 22.

Los tres últimos se han aprobado en Consejo de Ministros durante el mes de septiembre. Están dirigidos a Galicia por su ley de medidas fiscales, a Aragón sobre medidas energéticas y a Canarias (gobernada por Coalición Canaria y PP) por su ley presupuestaria. Anteriormente se han llevado al TC asuntos como las llamadas "leyes de concordia" del PP en Aragón, Cantabria y País Valencià que menoscaban la memoria histórica. También a colación de la negativa de Ayuso para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria o las leyes trans y LGTBIQ+ madrileñas, entre otras. 

Aparte de estos asuntos judicializados, el Gobierno busca explotar sus competencias para aprobar medidas concretas que contrapongan las políticas de la derecha y ultraderecha. En relación al derecho al aborto, ya se trabaja para dar luz verde a un decreto contra la información engañosa a mujeres antes de un aborto. Fuentes de Moncloa esperan que como tarde esté listo en dos semanas. Es la respuesta, aparte del blindaje constitucional, a una iniciativa de Vox apoyada en el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida por la cual se obliga a los sanitarios a dar tal información a las mujeres. 

En paralelo, el ámbito educativo también es otro foco de batalla. Este martes se aprobaba en Consejo de Ministros un Real Decreto para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios privados en España. Es una respuesta directa a la asfixia económica que especialmente Ayuso está realizando contra las universidades públicas y que provocó hace unos meses protestas unitarias de todos los rectores. 

Memoria o vivienda

Respecto a la memoria democrática los conflictos han sido frecuentes desde que comenzó la legislatura. Una de las últimas respuesta del Gobierno ha sido el anuncio de que se ampliará la oferta formativa para el profesorado en materia de memoria democrática. La decisión, que todavía falta por concretar, se produce tras conocerse la eliminación de uno de esos cursos por parte del Gobierno de Ayuso. 

"Hoy, cuando algunos gobiernos regionales como el de Valencia o Madrid están recortando deliberadamente en la formación del profesorado en memoria democrática, posibilitar estas experiencias de construcción de ciudadanía democrática es más importante que nunca", señaló el viernes durante un acto en Navarra Carmina Gustrán, Comisionada para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. 

En materia de vivienda se han buscado diferentes vías de hacer que las comunidades del PP apliquen la ley para poder minimizar el impacto del precio de los alquileres. Una de las últimas propuestas es que las comunidades se adhieran al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Para ello se tienen que comprometer a la cofinanciación de ayudas, a proteger la vivienda pública de manera continuada en el tiempo y la creación de una base de datos sobre vivienda a nivel territorial. Los populares de momento han mostrado su rechazo. 

Más allá de las acciones jurídicas en sí, el Gobierno también ha usado el envío de cartas, directamente escritas por Sánchez u otros ministros, para comunicarse de manera formal con las autonomías. Entre las más destacadas se encuentra la enviada por Sánchez a todos los presidentes autonómicos el pasado mes de junio precisamente para alcanzar un pacto sobre vivienda en el marco de la Conferencia de Presidentes de Barcelona. La reunión acabó sin acuerdos por el boicot deliberado de los populares. 

"Hay mucha diferencia entre que gobiernen unos o gobiernen otros. Como Gobierno de España una posibilidad que tenemos es la de plantar cara a lo que nosotros por una cuestión ideológica consideramos retrocesos sociales". Fuentes de Moncloa reiteran la necesidad de "plantar cara" a estas políticas en aquellas cuestiones que consideran capitales, que principalmente son de "carácter social". "Hay que buscar la manera legal de hacerlo porque algunas son competencia de autonomías o municipios", añaden. 

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EFE

Toda esta línea de acción se visibilizó a la perfección este martes durante el Consejo de Ministros con la presencia de tres ministros, aparte de la portavoz Pilar Alegría, que confrontaron con el PP de Ayuso o de Juanma Moreno Bonilla. La ministra de Sanidad lanzó una advertencia clara y directa tanto a Ayuso como a Almeida. "No vamos a permitir coacciones ni desinformación a las mujeres", dijo sobre el alcalde. "La ley se cumple", señaló a la presidenta autonómica. García recordó cómo Alberto Ruiz-Gallardón "tuvo que hacer las maletas" por tratar de recortar los derechos de las mujeres cuando era ministro. 

Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades, deslizó que en Madrid se estaba ya atisbando un aroma a lo que pretende hacer Donald Trump en lugares como Harvard, centro desprestigiado por el presidente norteamericano. "Ante esta situación el Gobierno de España actúa", proclamó. Además, anunció una nueva ayuda económica a la Academia Valenciana de la Llengua "frente a la asfixia y recortes por parte del Govern de la Generalitat valenciana". "El Gobierno sale al rescate de la ciencia y la lengua", afirmó.

Por su parte, Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, recordó que Ayuso no solo no cumplía la ley del derecho al aborto sino también la de memoria democrática y la de vivienda. Durante su discurso de apertura del curso político ante sus parlamentarios, Sánchez ya sentó algunas de las bases de su estrategia política y contrapuso los modelos del Gobierno con los de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, especialmente Madrid y Andalucía.