El Gobierno recurrirá la decisión del TSJM que le obliga a volver a colocar el retrato de un ministro franquista

En diciembre de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ordenó retirar cualquier vestigio franquista de las sedes ministeriales, embajadas y consulados. Lo hacía en virtud de la Ley de Memoria Democrática aprobada poco antes. Ese proceso culminó el pasado mes de febrero. 

Entre los objetos que se retiraron se incluyó el retrato de un ministro franquista, Francisco Gómez-Jordana y de Sousa. El cuadro estaba situado a la entrada de la Escuela Diplomática, situada en el Paseo de Juan XXIII de Madrid. Era prácticamente lo primero que veían los alumnos al acceder.

Gómez-Jordana ejerció como vicepresidente del primer Gobierno franquista y también fue ministro de Exteriores durante varios años. En 2008 fue uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Gómez-Jordana falleció en 1944. 

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia que apela a volver a colocarlo en su lugar. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Público, se acepta el recurso interpuesto por Íñigo Gómez-Jordana, el nieto del dirigente franquista. La sentencia señala que "se ha producido una indefensión al no haber iniciado un mínimo procedimiento de constatación de datos, ni de haber dado al interesado oportunidad alguna de alegar o aportar pruebas" respecto a Gómez-Jordana. 

"No es un mero defecto de forma, sino un defecto sustancial que infringe la normativa básica del procedimiento administrativo, y es susceptible de causar indefensión. Por tanto, se declara la nulidad de las concretas resoluciones", apuntan. 

Desde el Gobierno, según destacan a este medio fuentes diplomáticas, señalan que los servicios jurídicos del Ministerio de Exteriores están examinando la sentencia una vez recibida y preparando un recurso de casación. "Exteriores considera que la retirada de dicho retrato de un alto dirigente de la dictadura, que tuvo además un papel destacado en la cúpula del bando franquista durante la Guerra Civil, se hizo en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, procediéndose en todo momento con todas las garantías legales para la catalogación y preservación del cuadro", añaden estas mismas fuentes.

En el Gobierno recuerdan además que este retrato forma parte de "un contingente de más de 1.000 elementos con simbología franquista retirados de las sedes de Exteriores, tanto en España como en el extranjero, entre los que destacan los escudos de las torres del Palacio de Santa Cruz".