El Gobierno está dispuesto a plantar la batalla ideológica para intentar frenar la derogación de las leyes de memoria en diferentes comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox y su sustitución por las llamadas leyes de "concordia", como son los casos del País Valencià, Aragón o Castilla y León. 

Según ha adelantado la Cadena Ser, el Gobierno planea recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la legislación que la derecha y la ultraderecha preparan para sustituir las actuales leyes de memoria en varios territorios. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha confirmado noticia en una entrevista en La Hora de la 1, en TVE.

Según fuentes de la Moncloa citadas por la cadena Ser "junto con la impugnación al TC, el Ejecutivo valora pedir la paralización automática de algunos artículos de los textos que se tramitan ya en los parlamentos autonómicos, algo que se haría efectivo desde la interposición de ese recurso por parte del Gobierno".

Torres ha recordado que en Aragón ya hay una ley aprobada que vulnera el "derecho internacional", porque "retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria" y además "retira la condena del franquismo", según ha señalado el ministro. El ministro Torres ha explicado que el Gobierno tratará de convocar un reunión bilateral con el Ejecutivo de Aragón para llegar a un acuerdo -algo que parece muy improbable- y si no es posible presentarán un recurso ante el TC. 

En el caso de Castilla y León y País Valencià, Torres ha señalado que estas normas aún no han sido aprobadas y todavía son proposiciones de ley, pero que si salen adelante en los términos actuales, el Gobierno también acudirá al TC. 

A juicio del ministro, estas normas pretenden "unir los años del "totalitarismo y de la dictadura, con un periodo de régimen democrático como fue la Segunda República", ha indicado. Para Torres es "inadmisible": considera que el PP, "obligado por Vox", intenta "blanquear la dictadura".

La intención del PSOE, asegura la información de la Ser, es "iniciar el ciclo electoral que arranca este mes en Euskadi contraponiendo su modelo de gestión con el que están llevando a cabo las coaliciones de PP y Vox a nivel autonómico".

Posteriormente, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio, Torres ha dicho que este martes van a llevar al Consejo de Ministros el estudio de los servicios jurídicos de su departamento sobre la derogación de la ley de memoria en Aragón y sobre las leyes de "concordia" presentadas en Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Además, ha explicado que una vez que convoquen al Gobierno de Aragón para una comisión bilateral hay un plazo de 30 días para intentar llegar a un acuerdo, pero si no lo logran en ese plazo o si el Ejecutivo autonómico se niega a hablar, acudirán de forma inmediata al Tribunal Constitucional.

En su opinión, la derogación de la Ley de Memoria en Aragón "invade competencias del derecho internacional" y "vulnera derechos humanos", ya que por ejemplo elimina el mapa de fosas, lo que dificulta las exhumaciones; retira lugares de memoria; y suprime una disposición sobre homenajes a personas asesinadas en campos de concentración nazis.

En este sentido, ha aclarado que el Gobierno se reserva la posibilidad de recuperar con el paraguas de la Ley de Memoria Democrática aspectos de la ley autonómica de Aragón derogada, como por ejemplo el mapa de fosas o los lugares de memoria.

"Si hay comunidades autónomas que intenten poner freno al desarrollo de leyes (autonómicas de memoria), vamos a coger lo que ellas deroguen", ha añadido en alusión a otras comunidades que han llevado a cabo medidas similares.

En Aragón, el Gobierno autonómico presidido por Jorge Azcón ya derogó la ley de Memoria el pasado mes de febrero. En su lugar, PP y Vox pretenden aplicar un "plan de concordia" para reconocer, según su propia interpretación, "a todas las víctimas".

PP y Vox también registraron el pasado martes en las Cortes de Castilla y León la proposición de ley autonómica de concordia tras dos años de negociaciones. El texto derogará el actual decreto de Memoria Histórica y Democrática, aprobado durante el último gobierno de Juan Vicente Herrera (PP). La propuesta formaba parte del pacto para investir presidente a Alfonso Fernández Mañueco, que ha vuelto a claudicar ante la extrema derecha.