SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID).- Temor político y presiones. Así resumen las fuentes consultadas la resistencia del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado a alcanzar un pacto global con el principal líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a pesar de los gestos que realiza para alcanzar un acuerdo y tirar de la manta.

Las fuentes conocedoras de los contactos reconocen que Correa ha transmitido a la Fiscalía su disposición a comparecer en Anticorrupción para explicar los negocios, delatar a sus cómplices, pagar las indemnizaciones a los perjudicados y alcanzar un acuerdo global en las diez piezas abiertas con el sumario de Gürtel con el fin de ver reducidas las penas de cárcel.

Pero la Fiscalía rechaza todo acuerdo. Las fuentes consultadas atribuyen al "temor político" a alcanzar un acuerdo con una persona que se ha convertido en símbolo de una década de corrupción al amparo del Partido Popular.

La explicación formal de la Fiscalía para rechazar el acuerdo es el anuncio que realizó Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, de que no se pactaría en los casos de corrupción. Sin embargo, el ministerio público pactó con Jaume Matas, ex ministro del PP, para reducir sus penas a cambio de su confesión en Baleares. Como también ha pactado con varios encausados en la pieza de Fitur del caso Gürtel, juzgada recientemente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Incluso en la causa que juzga ahora la Audiencia Nacional, centrada en la primera época de los negocios de Gürtel, la Fiscalía ha alcanzado un acuerdo con tres supuestos corruptores y corrompidos de los 37 procesados. Son los casos del el exsocio del yerno de Aznar, Jacobo Gordon; el constructor Alfonso García Pozuelo y Roberto Fernández, ex concejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Con todos ellos la Fiscalía habría firmado un acuerdo escrito. Sin embargo, en el caso de Correa no ofrece acuerdo escrito alguno. "Si no hay acuerdo, ¿cómo confesamos todos?", se preguntan en fuentes próximas a la defensa de Correa.

El plazo para alcanzar un acuerdo culmina el próximo martes, cuando Correa sea llamado al estrado para ser interrogado como principal procesado de la trama.

La máxima de las penas que la Fiscalía pide para Correa son poco más de 6 años de prisión. Y el máximo de cumplimiento de cárcel está cifrado siempre en el triple de la condena máxima. En la situación actual, Correa pasaría 18 años en prisión.

El líder de la Gürtel aspira a reducir las peticiones de la Fiscalía, de tal manera que la máxima pena por los distintos delitos de corrupción ascienda a dos años y medio para cada uno. Para ello, precisa que se suprima el agravante de delitos continuados.

La aplicación práctica del acuerdo que propone Correa supone que el líder de la trama pasaría siete años de cárcel, de los que ya ha cumplido cuatro años en prisión preventiva mientras se investigaba su trama.

La aplicación práctica del acuerdo que propone Correa supone que el líder de la trama pasaría siete años de cárcel, de los que ya ha cumplido cuatro en prisión preventiva

Este acuerdo debe ser alcanzando con todas las acusaciones, y no sólo con la Fiscalía. Sin embargo, el principal escollo se muestra en el ministerio público, que no termina de aceptar la negociación global. Por su parte, la acusación de la Comunidad de Madrid exige casi 5 millones de euros en concepto de daños; el doble que lo calculado por la Fiscalía y ofrecido por Correa.

El líder de la trama ha efectuado tres gestos de buena voluntad para intentar el pacto. Se ha desmarcado del resto de las defensas y no recusó al magistrado José Ricardo de Prada. Además, ofreció 2,2 millones que tenía escondidos en Suiza para hacer frente a las indemnizaciones -descubiertos y bloqueados en otra pieza- y, por último, no ha planteado la nulidad del proceso.

Anticorrupción reclama un total de 125 años y un mes para Correa por los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas.

Todos los procesados, incluido el PP, han reclamado la nulidad del caso Gürtel a excepción de quienes han firmado un pacto con la Fiscalía o quienes lo pretenden, como Correa y su exesposa.

La nulidad que defiende el PP, a través de su abogado Jesús Santos, sigue la misma estrategia que las demás defensas. Todos ellos aplican la teoría del árbol envenenado; esto es, la instrucción está envenenada de raíz porque fue realizada incialmente por Baltasar Garzón, quien fue condenado por violación de derechos fundamentales en este caso. En concreto, por permitir la escucha de Correa y su número dos, Pablo Crespo, cuando despachaban con sus abogados mientras estaban en prisión.

Las defensas han terminado este miércoles de exponer sus cuestiones previas. La sesión se reanuda el próximo lunes. Será entonces el turno de las réplicas de las acusaciones a todas estas causas de nulidad expuestas por las defensas. Y el tribunal decidirá también si accede a la petición de la Fiscalía para que los tres primeros 'arrepentidos' declaren por delante de Correa.