El Gobierno anuncia que sancionará el aquelarre franquista del 20N con la nueva Ley de Memoria en la mano

La apología franquista ha topado por primera vez con la Ley de Memoria Democrática. El desafío lanzado por varias organizaciones de extrema derecha que han vuelto a exaltar la dictadura en la calles será evaluado esta vez con la nueva normativa, que establece sanciones económicas para este tipo de casos.

Banderas franquistas, brazos en alto, gritos a favor de Franco... y una certeza compartida: los ultraderechistas que este 20N han salido a la calle eran conscientes de las repercusiones que podía acarrear este nuevo acto de apología de la dictadura.

Los falangistas que el pasado viernes por la noche marcharon con antorchas hasta el Valle de los Caídos habían asegurado en las redes que se trataba de un acto autorizado, lo que buscaba apaciguar miedos a posibles multas entre la militancia ultra. La manifestación fue organizada por las dos Falanges y contó con el respaldo de la formación neofascista España 2000. 

Por su parte, el Movimiento Católico Español, responsable del despliegue de banderas franquistas registrado este domingo en Plaza de Oriente, aseguraba en los días previos al mitin que se trataría de un acto de protesta contra la Ley de Memoria Democrática. Una protesta que, en realidad, estuvo plagada de vítores franquistas y exaltación de un régimen que asesinó a miles de personas.  

Expedientes sancionadores

El desafío estaba sobre la mesa, y ahora la pelota está en el tejado del Gobierno. Con las fotos y videos de los mítines del fin de semana recorriendo las redes sociales, el Ejecutivo ha anunciado que recurrirá a la normativa para aplicar las sanciones correspondientes.

"Ante las imágenes que se han podido ver de manifestaciones durante el día de ayer, con gritos, gestos y cánticos que enaltecen el golpe militar, la dictadura y a sus protagonistas, el Gobierno abrirá expedientes sancionadores a las personas y/o organizaciones que protagonizaron estos actos", han señalado fuentes del Ministerio de la Presidencia.

En el marco de los expedientes sancionadores, se ha solicitado a todas las delegaciones de Gobierno los "vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática".

La sanción máxima a la que se enfrentan los autores del acto en Plaza de Oriente es de 150.000 euros, "sin perjuicio –señalaron las fuentes gubernamentales– de otras responsabilidades que pudieran concurrir".

Humillación a las víctimas

En concreto, la nueva Ley de Memoria califica como infracciones muy graves –castigadas con sanciones de entre 10.000 y 150.000 euros– aquellas "convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad" que "inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial", en las que se produzca "descrédito, menosprecio o humillación" hacia las víctimas del franquismo.

"La España actual se basa en nuestra Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad y rechaza, como los países europeos de nuestro entorno, cualquier enaltecimiento de un régimen autoritario o de sus figuras principales", apuntaron. 

"Pasividad"

Este lunes, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado ante el registro de la Presidencia del Gobierno un escrito que reprocha la "pasividad de las instituciones ante los acontecimientos del pasado fin de semana y las numerosas manifestaciones de exaltación de la dictadura franquista que agreden a las víctimas".

Hemos visto cómo la Delegación del Gobierno en Madrid autorizaba la celebración de actos que no tenían otro objeto que enaltecer a quienes alentaron y orquestaron un golpe de Estado que asesinó a más de 100.000 civiles, obligó a exiliarse a medio millón de personas, humilló y violó a miles de mujeres, encarceló a otro medio millón e impidió el ejercicio de libertades durante cuarenta años", lamenta la ARMH.

En esa línea, preguntó al Ejecutivo "cuáles son los argumentos por los que la Delegación del Gobierno en Madrid autoriza concentraciones fascistas para enaltecer a franquistas y jamás autorizaría una concentración similar de grupos que quieran celebrar la existencia de bandas y actos terroristas".

Del mismo modo, la ARMH exige al Gobierno que aclare "por qué la apología del terrorismo está incluida en el Código Penal, con penas de cárcel y sanciones económicas", mientras que "la apología del franquismo no está regulada en el mismo código y en condiciones similares".