VITORIA.- El Gobierno Vasco está dispuesto a "tomar la iniciativa y asumir riesgos unilateralmente" para "desbloquear" el final de la violencia de ETA y se ofrece a "coliderar un esfuerzo internacional en materia de desarme si es para su carpetazo definitivo".

En cualquier caso, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no participará "en operaciones de entrega de armas diseñadas para su comunicación o dosificación a plazos", ha precisado el secretario para la Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, en la presentación del informe sobre el desarrollo del Plan de Paz en la fase final de la legislatura.

El Ejecutivo autonómico cree que se han producido "progresos en la normalización de la convivencia", pero alerta de "bloqueos en cuanto al final ordenado de la violencia" en tres puntos: desarme, política penitenciaria y "reflexión crítica del pasado".

En el informe también se advierte de que la "acentuación de las pugnas partidarias" y el "bloqueo" de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco "han neutralizado las posibilidades de construir consensos" en torno a este tema.

Fernández ha considerado que "no tiene sentido" que exista una Ponencia de Autogobierno y no una de Paz. "Es un fracaso de todos", ha subrayado, al tiempo que ha llamado a "aprender de lo ocurrido en las últimas semanas" en torno a la ponencia de Libertad y Convivencia que quería impulsar la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, que hoy ha dimitido como consecuencia de que la dirección nacional de su partido le conminara a retirar su propuesta.

El secretario de Paz ha asegurado que al Gobierno Vasco "no le importa" quién proponga iniciativas en esta materia porque lo relevante es "avanzar" y en este sentido ha recordado que la iniciativa de Quiroga contaba con su "visto bueno".

Ha recalcado que la búsqueda de consensos en este tema es la "primera opción" del Gobierno Vasco, pero que si no es posible llegar a acuerdos "tomará la iniciativa y asumirá riesgos" porque la sociedad, ha dicho, exige un final ordenado de la violencia y un principio renovador de la convivencia. "La situación avanza con margen de mejora pero la percepción social es que avanza más despacio de lo que debe", ha constatado el secretario para la Paz y la Convivencia.

Prioridades del Gobierno Vasco para el final de su legislatura

Por ello, desde ahora y hasta el final de la legislatura el Gobierno Vasco se ha marcado siete prioridades, entre las que destacan el desarme de ETA, la modificación de política penitencia, la autocrítica sobre el pasado, la construcción de una memoria basada en el rechazo a la violencia y las políticas públicas de víctimas, que incluirán un proyecto de ley para reconocer a víctimas de vulneraciones de derechos humanos no reconocidas.

En lo referente a la entrega de armas, el Ejecutivo "seguirá exigiendo a ETA un proceso de desarme y desaparición definitivo, irreversible, incondicional, total y verificable", a la vez que presentará al Gobierno de España que resulte de las elecciones de diciembre, una "propuesta sobre desarme y final ordenado" de la organización terrorista.

Fernández ha considerado que las últimas detenciones de etarras "forman parte del proceso del final de ETA", pero ha advertido de que un "final policial" no garantiza la desaparición definitiva de la banda y que por ello es necesario un final ordenado con entrega de armas incluida. En este sentido el Gobierno Vasco se ofrece a "colaborar e incluso coliderar un esfuerzo internacional" para el desarme de ETA, aunque ahora no hay ninguna iniciativa para verificar el sellado de los arsenales etarras, ha explicado.

Al futuro Gobierno de España el Ejecutivo de Euskadi también le hará llegar una propuesta sobre política penal y penitenciaria basada en los documentos "Zuzen Bidean" e "Hitzeman", que propugnan la "reintegración social" de los presos de ETA que decidan adherirse y "asumir su responsabilidad del pasado".

El gabinete de Iñigo Urkullu reclamará al nuevo Gobierno central que termine con la dispersión de los presos etarras, al tiempo que ha vuelto a denunciar "los vetos colectivos, por parte de los propios reclusos de la banda, que les impiden optar a beneficios penitenciarios".