Del 23J al 'caso Cerdán': dos años de un Gobierno progresista que parecía imposible

PSOE y Sumar conformaron su Gobierno de coalición después de unas elecciones generales que enmendaron la plana a casi todas las encuestas. En el verano de 2023 gran parte de los sondeos pronosticaban una mayoría absoluta de PP y Vox que iba a terminar con la andadura del Ejecutivo de coalición progresista que gobernaba desde 2020, y no fue hasta la última semana de campaña cuando una movilización de última hora del electorado progresista terminó por revertir la tendencia y dio a Pedro Sánchez los números para ser investido (unos números que no tenía Alberto Núñez Feijóo).

Sin embargo, tras la noche de euforia que los dirigentes de PSOE y Sumar vivieron el 23 de julio del pasado año, comenzó una legislatura que, de momento, se ha caracterizado por su enorme complejidad (derivada de muchos y muy distintos factores). En estos dos años, el Gobierno ha tenido que hacer frente a situaciones que en más de una ocasión han puesto en duda su propia continuidad.

La ley de amnistía, piedra angular y quebradero de cabeza

Pronto se pudo ver que a los ya habituales aliados parlamentarios se tendría que sumar irremediablemente uno nuevo. Se trataba de Junts per Catalunya. PSOE y Sumar necesitaban al partido de Carles Puigdemont para que saliera adelante la investidura de Sánchez. Y en general para cualquier tipo de acuerdo o votación. En agosto se pudo ver el primer gesto mediante la reforma del reglamento del Congreso para que se pudieran usar las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Gracias a eso se eligió por mayoría a Francina Armengol como presidenta de dicha institución. 

Pero el partido catalán tenía su hoja de ruta clara: una ley de amnistía. Sánchez no la defendió de manera explícita hasta el 28 de octubre de 2023, el primer Comité Federal del PSOE después de las elecciones. "Catalunya está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida. Y, por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Catalunya por los hechos acaecidos en la década pasada", dijo ante sus dirigentes. 

Tras intensas negociaciones fuera de España, protagonizadas en primera persona por el entonces secretario de Organización socialista Santos Cerdán, el acuerdo entre ambos partidos para facilitar la investidura llegó el 9 de noviembre. Faltaba diseñar la ley y llevarla al Congreso. Un proceso que se dilató muchos meses, en parte por las reticencias de Junts que pidió blindar más el texto. No fue hasta el 30 de mayo de 2024 cuando se aprobó definitivamente en el Congreso. Poco más de un año después el Tribunal Constitucional rechazaba los recursos del PP y avalaba la reforma. 

Minoría en el Congreso y freno a la acción legislativa

Cuando el PSOE y Unidas Podemos conformaron el primer Gobierno de coalición estatal en la historia reciente de España, algunas voces pronosticaron que no agotaría la legislatura y que tendría muy complicado sacar leyes. El argumento de los detractores de esta fórmula era que sólo los gobiernos monocolor tenían la unidad interna necesaria para impulsar legislación, y que las diferencias entre ambas partes del Ejecutivo (al que se referían como Frankenstein) iban a frenar la producción normativa.

Los pronósticos fallaron y el Ejecutivo legisló prácticamente al mismo ritmo (o incluso con una mayor producción) al que habían legislado otros gobiernos con mayoría absoluta en legislaturas anteriores. Parte de esta producción normativa devino, eso sí, de la crisis provocada por la emergencia sanitaria de la covid-19 y de la necesidad de darle respuesta desde las instituciones.

El panorama en esta legislatura es bien distinto. La mayoría progresista que había en el Parlamento antes del 23J dio paso tras esta noche electoral a un Congreso en el que los grupos de la derecha tienen más diputados que los grupos de la izquierda. El Ejecutivo tampoco ha logrado aglutinar en torno a sí a la mayoría que invistió a Pedro Sánchez como presidente, ya que partidos como Junts (o recientemente Podemos) han evitado encasillarse en este bloque político y han llegado a no brindar su apoyo a algunas normas emanadas del Gobierno e, incluso, han tumbado otras con sus votos.

Uno de los ejemplos más notables de esta nueva realidad es el de los Presupuestos. En la legislatura pasada, el Gobierno logró aprobar tres Presupuestos Generales del Estado en menos de cuatro años (2021, 2022 y 2023), pero en esta legislatura el Ejecutivo no ha sido capaz de renovar las cuentas (prorrogadas ya en dos ocasiones).Tampoco se ha impulsado con éxito ninguna ley de calado más allá de la de amnistía.

Se han ido prorrogando, con bastantes dificultades en alguna ocasión (y dejando caer algunas medidas), los escudos sociales que se vienen impulsando desde la pandemia, y también se ha aprobado un paquete fiscal que modificaba algunos impuestos y que aspiraba a ser la base de la arquitectura de los ingresos de unos Presupuestos que, finalmente, no llegaron a ver la luz.

En enero de 2025 también se aprobó en el Congreso un decreto que contenía la última parte de la reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá en la pasada legislatura; en concreto, la que modificaba la regulación de la jubilación parcial, activada y demorada, y compatibiliza pensión y trabajo en determinados casos. También se ha vuelto a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) tanto en 2024 como en 2025 (aunque esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo tras consultar a los agentes sociales, no pasa por el Parlamento).

Ofensiva judicial, Begoña, días de reflexión...

Si hay un hito destacado desde el 23J en la vida política de Sánchez este ocurrió el día 24 de abril del pasado año. Ese día se conocía la investigación judicial por parte del juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Por la tarde el líder del Ejecutivo publicaba una carta a la ciudadanía en sus redes sociales en las que anunciaba un periodo de cinco días de reflexión por la persecución judicial sufrida.  

Tras muchas horas de incertidumbre en Moncloa y Ferraz, Sánchez decidía seguir en su cargo. Entre medias se produjo un Comité Federal del PSOE convertido en una manifestación de la militancia y los dirigentes pidiendo a su líder que aguantara, que no cediera ante la ofensiva judicial. Al caso de Gómez se le ha sumado también una investigación al hermano de Sánchez o al Fiscal General del Estado. En estos tres casos consideran los socialistas que no hay nada más que un intento de erosionar y tumbar al Gobierno. 

Tensión y conflictos en el seno del Gobierno

No todas las dificultades para el Gobierno de coalición han tenido su origen fuera del mismo. Dentro de sus muros también se han producido enfrentamientos y discrepancias que, aunque no han roto las costuras del Ejecutivo, sí que las ha puesto en tensión. 

Relacionado con este tema

Las dudas del PSOE dificultan la promesa de Sumar de aprobar los permisos de cuidados en julio

Alexis Romero / Miguel Muñoz

La primera se produjo a raíz de la reducción de la jornada laboral. Los de Yolanda Díaz acusaron al Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, de bloquear el avance de la norma en el seno del Gobierno (impidiendo su llegada a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y manifestando su rechazo a que se tramitara por el procedimiento de urgencia, que acorta todos los trámites).

La vicepresidenta segunda y el ministro de Economía llegaron a un acuerdo después de varias semanas de discrepancias públicas que tensionaron la convivencia en el seno de la coalición. También mantuvo un enfrentamiento Díaz con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta vez a cuenta de la tributación del SMI en el IRPF.

La titular de Trabajo defendía la necesidad de que los salarios más bajos siguieran exentos de pagar este tributo, mientras que Montero consideraba que estos sueldos ya eran lo suficientemente altos para que aportaran, como el resto, al IRPF. También se llegó a un acuerdo en esta ocasión, y se pactó que el salario mínimo continuara exento de tributación. 

Otro de los choques en el seno del Ejecutivo se ha producido a cuenta de las partidas que han incrementado el gasto militar. Sumar ha rechazado las sucesivas subidas y ha presentado observaciones a las mismas en el Consejo de Ministros. Los de Díaz, además, advirtieron a los socialistas de que si España aceptaba elevar el gasto en armas hasta un 5% del PIB, como exigían Estados Unidos y la OTAN, se abriría una importante brecha en el Ejecutivo. 

También hubo un conflicto cuando el Ministerio de Interior reactivó un contrato de compra de balas a Israel después de comprometerse a no seguir comerciando con armas con este Estado a raíz del genocidio perpetrado por sus fuerzas contra la población palestina. Izquierda Unida advirtió de que si no se cancelaba dicho contrato, abandonarían el Gobierno, y finalmente el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska lo suspendió.

El 'caso Cerdán'

Sin duda el golpe más duro que ha recibido Sánchez en lo que llevamos de legislatura ha sido el caso de Santos Cerdán. Desde meses atrás se venía apuntando en determinados medios a la existencia de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ex secretario de Organización del PSOE relativo al cobro de comisiones. Los socialistas defendieron que se trataba de un caso más de persecución judicial y que todo era falso. 

Relacionado con este tema

Sumar dice ahora que "negocia intensamente" con el PSOE la ampliación de los permisos de cuidados

Alexis Romero

El demoledor informe provocó la expulsión inmediata de Cerdán de todos sus cargos. Días después ingresó en prisión. Una imagen que generó un shock profundo en un partido que aún contiene la respiración hasta saber si el caso escala más. A Cerdán se anticipó José Luis Ábalos, señalado también por la UCO e investigado. Fue apartado el pasado año del partido y definitivamente expulsado hace escasas semanas. El PSOE confía en que todo quede en un "triángulo tóxico" formado entre ambos y Koldo García. 

"Dique de contención"

"El 23J es visto en Europa y en gran parte del mundo como una victoria de los demócratas frente a la ultraderecha. España dijo no a un gobierno de Feijóo y Abascal, de los ultras, y dijo sí a seguir avanzando", recuerdan fuentes de la dirección del PSOE en Ferraz. "El Gobierno de España sigue siendo un dique de contención ante el avance de las políticas ultras y reaccionarias. España es un símbolo de avances, igualdad y progreso", valora por su parte Pilar Alegría, que en 2023 era portavoz del PSOE y ahora lo es del Gobierno. 

Para Alegría, dos años después "todavía cobra más valor lo ocurrido el 23 de julio". Destaca que la decisión de adelantar las elecciones "fue una decisión valiente" que demostró que "nuestro país no está dispuesto a dar pasos atrás". La portavoz del  Gobierno destaca especialmente que desde entonces España cuenta con "unas cifras récord en materia laboral y de crecimiento". "A los que decían que romperíamos España, les queda ver que nuestro país es hoy un país mejor y que todavía queda tiempo y margen de actuación para seguir avanzando", proclama. 

En Ferraz mantienen que se continuará hasta 2027 y destacan principalmente un concepto: "Diálogo". "Con un parlamento fragmentado por expreso deseo de los españoles hemos seguido legislando y mirando hacia adelante. Basamos nuestra acción política en el diálogo con todos, frente a los que no pueden dialogar nada más que con los ultras que van a Torre Pacheco a romper la convivencia", apuntan en la dirección del PSOE.