Dos años de la ley de vivienda, una norma inaplicable por el boicot del PP en sus comunidades
La ley de vivienda se aprobó de manera definitiva el 17 de mayo de 2023, tras más de tres años de retrasos, bloqueos e intensas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos.
Dos años después, en Podemos reconocen que esta norma es "una ley de 2020 que no sirve en el contexto actual", mientras las comunidades del PP siguen sin aplicar el límite a los alquileres.
Madrid--Actualizado a
El 17 de mayo de 2023, el Senado aprobó de manera definitiva la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que se publicó en el BOE unos días después, el 25 de mayo, para su entrada en vigor. La norma fue fruto de una de las negociaciones más largas y torpedeadas de la historia reciente, y vio la luz cuatro días antes de que el Consejo de Ministros aprobara la disolución de las Cortes Generales para iniciar el camino hacia las elecciones del 23 de julio.
Dos años después de su entrada en vigor, las voces que en su día la defendieron la califican como una norma un tanto desfasada en el contexto actual (porque la emergencia habitacional se ha agravado en este tiempo) y maniatada por un Partido Popular que gobierna en la mayor parte de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de vivienda.
La ley fue un compromiso del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez rubricado entre el líder del PSOE y el entonces líder de Unidas Podemos y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. El pacto mencionaba el impulso de "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".
Las negociaciones fueron difíciles desde el principio. Unidas Podemos planteaba una regulación que interviniese de manera directa los precios del alquiler; el PSOE, en cambio, recordaba en sus intervenciones que la vivienda no sólo era un derecho, sino también un bien de mercado, y abogaba por tratar de rebajar los precios incentivando fiscalmente a los arrendadores que voluntariamente rebajaran sus precios.
Las discrepancias dilataron la negociación durante prácticamente dos años, y no fue hasta febrero de 2022 cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley de vivienda. Los obstáculos no se limitaron al seno del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos; la norma también fue fruto de una intensa y larga negociación en el Congreso de los Diputados.
La zona tensionada, una decisión de las CCAA
De hecho, estuvo casi un año bloqueada en la Cámara Baja y a finales de 2022 muchas voces apuntaban a que no se aprobaría en esa legislatura. Sin embargo, en enero de 2023 la situación dio un giro y se reactivó el trámite legislativo.
El 28 de mayo se celebraban elecciones autonómicas y los partidos del Gobierno querían utilizar la ley para hacer campaña en medio de una crisis habitacional que se agravaba cada vez más, por lo que los socialistas cambiaron de estrategia y pisaron el acelerador en las Cortes hasta que el 17 de mayo el Senado dio luz verde definitiva a la norma.
Tras su aprobación, comenzaron a verse sus limitaciones. La ley permitía intervenir los precios del alquiler, pero la decisión quedaba en manos de las comunidades autónomas (para hacerlo las autonomías deben declarar zonas de mercado tensionado). En los comicios autonómicos del 28 de mayo el PP se hizo con los gobiernos de buena parte de los territorios (muchos de ellos tras acuerdos con Vox), que declararon la guerra a la norma impulsada por el Gobierno estatal y aprobada en las Cortes.
En el Ejecutivo eran conscientes de que, al estar las competencias en materia de vivienda en manos de las autonomías, su aplicación no iba a ser fácil. Sin embargo, confiaban en que aquellos lugares en los que, a priori, se aplicaría (ciudades como Barcelona o Bilbao) terminarían por arrastrar al resto, que declararían zonas tensionadas para seguir siendo competitivas en el mercado del alquiler; pero finalmente no ha sido así, al menos de momento.
De hecho, se han producido algunos choques entre ciudades y autonomías por este motivo. En Madrid, el municipio de Rivas presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la comunidad, por no permitirle el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso declarar zonas tensionadas para topar los alquileres, pese a que esa es la voluntad del Ayuntamiento.
Rivas denunció al Gobierno de Ayuso ante el TSJM por no permitirle declarar zonas tensionadas en la ciudad
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue la principal negociadora de esta ley en el seno del Gobierno en la pasada legislatura, primero como secretaria de Estado y, después, como ministra de Derechos Sociales. En una reciente entrevista en Público, Belarra aseguró que la ley de vivienda "es una ley para 2020 que ahora mismo no sirve para el contexto de vivienda actual, porque hoy necesitamos unas medidas de choque que realmente bajen los precios".
En este momento, las organizaciones de la izquierda alternativa piden más ambición al PSOE a la hora de desplegar políticas en materia de vivienda (la socialista Isabel Rodríguez lidera el ministerio del ramo). En Sumar han propuesto a su socio de Gobierno condicionar las ayudas públicas en vivienda a aquellas comunidades que se nieguen a aplicar la norma y a declarar zonas tensionadas pese a que cumplen los requisitos para ello.
Este año, además, expira el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, una norma que permite vehiculizar políticas en esta materia y destinar recursos económicos, y en Sumar negocian con el PSOE para introducir reformas en este plan.
Desde Izquierda Unida piden una colaboración directa entre los ayuntamientos y la Administración estatal para que aquellas ciudades que quieran intervenir sus alquileres y topar los precios puedan hacerlo sin la concurrencia de las comunidades autónomas, aunque la fórmula no está del todo clara. Este lunes el coordinador federal del partido, Antonio Maíllo, advirtió de que si no se empezaban a adoptar medidas en esta materia este año, "lo que se haga en 2026 o 2027 no tendrá un impacto real en la legislatura".
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En el seno del Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a Airbnb a retirar 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos. En Sumar, además, piden que se prohíba toda la compra de vivienda que no sea para residir en las zonas de mercado tensionado.
Podemos hace extensiva la prohibición de comprar vivienda para especular a todo el territorio, independientemente de que se haya declarado la zona tensionada. Además, desde la formación morada también le exigen a los de Pedro Sánchez bajar los alquileres por ley en un 40%.
Dos años después de su aprobación, la ley de vivienda no ha logrado uno de sus principales objetivos: frenar la espiral inflacionista del alquiler que dificulta sobremanera el acceso a la vivienda.
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