El Gobierno da un mes a Ayuso para cumplir la ley del aborto antes de llevarla a los tribunales

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este martes un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Illes Balears y Aragón para que cumplan con la ley del aborto. Concretamente con la creación del registro de médicos objetores para garantizar este derecho. Así lo ha anunciado García durante la rueda de prensa ofrecida en Moncloa tras el Consejo de Ministros. 

Se establece de esta manera el plazo de un mes para que los presidentes autonómicos respondan de manera formal. Si no, ha asegurado García, se acudirá a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Para interponer ese recurso el Gobierno dispondría de dos meses adicionales más, pero la idea es acelerarlo. La ministra se ha centrado especialmente en la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que es la única que ha mostrado de manera explícita su rechazo a cumplir la ley. 

"La señora Ayuso se ha equivocado por partida doble. Le recomiendo que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres y que cumpla la ley", ha señalado García. Este requerimiento es la formalización oficial de la carta que envió el 6 de octubre Sánchez a seis comunidades autónomas. 

"La ley se cumple. Punto", ha destacado la ministro. García ha respondido directamente a las declaraciones realizadas la pasada semana por Ayuso en las que mandaba a las mujeres a irse a otro sitio a abortar. "Las mujeres no nos vamos a ir, nos quedamos y vamos a ejercer libremente nuestros derechos", ha señalado. También ha respondido sobre las acusaciones realizadas por la presidenta madrileña este mismo martes tildando a Pedro Sánchez como "machito". "Machito es decirle a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio. Todo lo demás es desviar el foco", ha señalado. 

Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que este registro de médicos objetores es una obligación legal, "una herramienta esencial para garantizar los derechos de los sanitarios y de las mujeres". "La libertad de conciencia de los profesionales sanitarios solo puede verse avalada si hay registro", ha añadido.

En el texto de los requerimientos, a los que ha tenido acceso este medio, se recuerda que el 16 de diciembre de 2024 el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, de manera unánime, el acuerdo por el que se aprueba el Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia establecido en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Desde entonces, la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación de dichos registros a lo largo del año, a través del rastreo diario de boletines y sedes electrónicas que se realiza como parte principal de las labores de Alta Inspección, y se ha constatado que la Comunidad Autónoma cuya consejería está a su cargo no ha desarrollado dicho registro de objetores", señala el documento. 

Según añade el documento, en los sucesivos informes fechados el 20 de febrero de 2025, el 27 de mayo de 2025 y el 25 de septiembre de 2025 se identificó que las siguientes Comunidades Autónomas tenían desarrollado un registro acorde a lo señalado en el informe: Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Región de Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e INGESA (en lo correspondiente a Ceuta y Melilla).

Además, se ha identificado que tanto Andalucía como el Principado de Asturias se encuentran en fase de tramitación. A estas dos últimas comunidades se dirigió también hace unos días el propio Sánchez en una carta formal. Pero su respuesta ha sido diferente a la dada por la Comunidad de Madrid, Illes Balears y Aragón. 

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EFE

Además García ha puesto de relieve que la Comunidad de Madrid sí cumple con el registro de objetores previsto en la ley de eutanasia. "Es un procedimiento normal que la señora Ayuso se quiere saltar", ha afirmado al respecto.