El Gobierno diseña su plan de rearme para blindar "a largo plazo" el aumento del gasto en defensa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado este miércoles algunos detalles adicionales de su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Se trata de un documento de 21 páginas, enviado a Bruselas y la OTAN, que contiene los objetivos principales y el desglose de las partidas presupuestarias y sus fuentes de financiación. 

Entre los aspectos del plan que no fueron explicitadas por Sánchez este martes desde Moncloa destaca el aspecto temporal. "¿Cuál es el horizonte temporal del Plan? El largo plazo", señala uno de los apartados del documento. 

"El Gobierno de España planea mantener la inversión en seguridad y defensa en el 2% del PIB mientras dure la actual coyuntura internacional y hasta que la UE alcance los objetivos de autonomía industrial y seguridad recogidos en su Libro blanco de defensa", destaca el plan. Estos objetivos, según la Comisión Europea, se plantean alcanzar en 2030. 

Es precisamente esa fecha la que se menciona en el plan del Gobierno de Sánchez. El texto destaca que la pieza clave para lograr la "continuidad" de las medidas se basa en los llamados Programas Especiales de Modernización (PEMs). El plan contempla la puesta en marcha de otros 31 programas de este tipo, que se unirán a los más de 50 en curso. Todos ellos movilizarán unos 3.807 millones de euros del total en su primer año, con una duración aproximada de, "al menos", cinco años, hasta 2030. 

Este tipo de programas está repartido en las diferentes partidas asignadas en el plan. Como ya avanzó Sánchez este martes, se dividen entre las mejoras de condiciones laborales de las Fuerzas Armadas, la compra de instrumentos de disuasión y defensa, las telecomunicaciones y la ciberseguridad y el apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales. 

Otros mecanismos que contribuirán a este despliegue de "largo plazo", insiste el documento hecho público por Moncloa, serán el Plan Nacional de Ciberseguridad, los programas de financiación a consorcios empresariales y centros de investigación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y las participaciones empresariales del Fondo de Seguridad y Defensa (FORES) para el fomento de empresas innovadoras.

"Este plan, por tanto, consolida una política de defensa sostenida en el tiempo y alineada con nuestros aliados europeos", señala también el texto. Precisamente la alineación con la UE ha sido uno de los argumentos usados estos meses para justificar el desembolso presupuestario en seguridad y defensa. "Estar en la UE tiene estas consecuencias", señalan fuentes de Moncloa al respecto. 

En el Ejecutivo de Sánchez han recordado en numerosas ocasiones que llegar al 2% del PIB en materia de defensa es un compromiso que adquirió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. El objetivo inicial era llegar a esas cifras en 2029 pero las circunstancias actuales a nivel internacional lo han precipitado. También aquí ha entrado en juego alinearse con los Estados miembros de la UE y así lo admite el propio plan presentado. 

Hasta este martes, en Moncloa se transmitía que se quería elevar el gasto para llegar a ese 2% "cuanto antes". Pero el texto del documento hecho público revela algo que el Gobierno no había confirmado y de hecho había evitado. "Los Estados miembros han pedido a España que cumpla con el compromiso que adquirió en la Cumbre de Gales de 2014 y alcance un 2% de inversión en seguridad y defensa este mismo año", señala el texto. 

¿De dónde procede el dinero? 

Las fuentes de financiación del gasto en defensa detalladas es una de las novedades principales del documento. El origen más voluminoso tiene que ver con las comunidades autónomas y su mejor situación económica tras la salida de estas a los mercados. Se destinarán de esta manera más de 2.800 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que ahora no son tan necesarios a nivel territorial "por el buen desempeño" de la economía española. 

Más de 1.744 millones de euros procederán de "créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tienen reflejo en 2025". Esto significa, según las fuentes gubernamentales consultadas, partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados desde 2023 y actualmente en vigor.

Sánchez puso un ejemplo al respecto en la rueda de prensa de este martes, "los 1.700 millones de euros que estaban en las cuentas del ejercicio del año 2023 y que se destinaban a compensar a las entidades territoriales por la caída de ingresos fiscales durante el parón económico provocado por la pandemia". "Eso, evidentemente, hoy no tiene ninguna lógica, ningún sentido", señaló. 

Otras fuentes de financiación que se usarán son los "reintegros de préstamos concedidos en ejercicios anteriores por el Ministerio de Industria y créditos disponibles para nuevos préstamos". Concretamente 1.680 millones de euros. Del Fondo de Contingencia, destinado a imprevistos económicos, se usarán 1.395 millones y de la reasignación de fondos europeos 1.357 millones.

El montante se completa con las aportaciones procedentes de menores anualidades hacia la UE (641 millones); de generaciones de ingresos por servicios prestados por el Ministerio de Defensa (632 millones); de créditos por una menor previsión del pago de sentencias por reclamaciones patrimoniales (103 millones) y de la incorporación de créditos no ejecutados de organismos autónomos del Ministerio de Defensa. De este modo, se completa el plan cifrado en 10.471,42 millones de euros. 

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Al igual que ha defendido de manera pública el Gobierno, el documento explicita que "con estos mecanismos, España podrá financiar el ejercicio de 2025 sin acometer subidas impositivas, comprometer partidas de gasto social o incurrir en un mayor endeudamiento". Para reafirmar sus posiciones, añade que desde 2017 se ha incrementado su inversión en seguridad y defensa en casi 12.000 millones al tiempo que ha elevado su inversión en servicios públicos y prestaciones sociales en 120.000 millones, y su apoyo a la transición ecológica en más de 30.000 millones. 

Munición y explosivos por 564 millones

Entre el destino de las partidas del plan la más cuantiosa tiene el objetivo de la "modernización y mejora de las capacidades de entrenamiento". Su valor es de 928 millones de euros. Destaca también por su alto presupuesto la destinada al aumento de las retribuciones del personal y aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas, con 679 millones de euros asignados. 

En el apartado de instrumentos de defensa y disuasión se contempla el incremento de la reserva de munición y explosivos correspondiente al Ejército por un valor de 564 millones de euros. 300 millones de euros se usarán para la adquisición de un nuevo sistema Obus Autopropulsado, son sistemas de artillería insertados en tanques. O 100 millones se destinará a la compara de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate. Es precisamente esta partida, que suma en total 1.962 millones de euros, la que más ha criticado Sumar dentro de las observaciones realizadas en el Consejo de Ministros este martes.