Negar la memoria democrática, el enésimo desafío de Ayuso al Gobierno de Sánchez
El Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la negativa del Gobierno madrileño de aplicar la Ley de Memoria a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.
Los habituales desplantes institucionales del Gobierno de Ayuso se han intensificado en los últimos tiempos.
Madrid-
Que la relación entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez es tensa no es una novedad. Especialmente desde la pandemia de la covid-19 la presidenta madrileña se erigió en una figura de choque contra las decisiones de Moncloa. Casi cinco años después, la situación se ha agravado todavía más.
El último ejemplo de la confrontación abierta por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se ha concretado este jueves a cuenta de la declaración como lugar de memoria de la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El conflicto se resolverá en el Tribunal Constitucional (TC) por la negativa de Ayuso de aplicar la Ley de Memoria Democrática.
Es solo un capítulo más de la larga lista de asuntos que han provocado choques institucionales, algunos de ellos sin precedentes. A nivel judicial, aparte del recurso próximo al TC, el Gobierno optó por el mismo camino el pasado año con las leyes trans y LGTBI. Pero en este caso la Comunidad de Madrid evitó que sus reformas llegaran al TC porque aceptaron negociar una vez se suspendieron parcialmente y modificar los artículos que colisionaban con la ley estatal. Con la Real Casa de Correos el Ejecutivo de Ayuso ha rechazado ya esta vía.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid que dirige Fran Martín Aguirre ha sido el frente más habitual que ha usado Ayuso para tratar de minar a Sánchez. El último ejemplo ha ocurrido también esta misma semana. La pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, recibió un golpe fortuito con una cámara de televisión a la salida los juzgados. Ayuso lo calificó de agresión y apuntó a la responsabilidad de la Delegación del Gobierno por no preparar un dispositivo de seguridad adecuado.
Ante esas acusaciones, la Delegación del Gobierno alegó que no había un dispositivo de seguridad adicional porque no había ninguna amenaza ni tampoco ninguna convocatoria de protesta que hiciese que la Delegación del Gobierno tomase esa decisión. También apuntaron fuentes de la institución que tampoco por parte de los abogados del señor González Amador se había solicitado ningún dispositivo especial.
El pasado mes de diciembre se visibilizó también el desplante institucional entre el Gobierno autonómico y la Delegación del Gobierno a cuenta de la celebración de los actos con motivo del Día de la Constitución. Ayuso decidió por primera vez no contar con la colaboración del Gobierno para organizar, como era habitual, el acto de manera conjunta. El choque institucional también se había producido a cuenta de los actos con motivo del 2 de mayo en 2023, donde se vetó al ministro Félix Bolaños.
Ha habido, según destacan fuentes gubernamentales, otros enfrentamientos abiertos menos visibles y de carácter más local. Por ejemplo a cuenta de los accesos a los puertos de Cercedilla y Navacerrada y las críticas a la gestión de la Delegación del Gobierno en los cortes de tráfico. O en las obras para el soterramiento de la autovía A-5.
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Otra polémica visible ha tenido que ver con la gestión de la emergencia de llegada de migrantes. El caso más llamativo es el de Alcalá de Henares, donde la alcaldesa Judith Piquet está investigada por filtrar supuestamente un documento policial que usó el PP para vincular a los migrantes con una agresión sexual en el municipio. Ayuso había cargado contra el Gobierno de Sánchez por mandar una supuesta "oleada masiva" a Alcalá, vinculando además la inmigración con la inseguridad.
Un choque relacionado también con los menores migrantes ha ocurrido en Fuenlabrada, donde el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, denunció la falta de diálogo del Gobierno de Ayuso y la ubicación escogida para el centro por no cumplir con los principios básicos para garantizar la dignidad de los menores. El delegado del Gobierno en Madrid destacó entonces la necesidad de priorizar la atención adecuada de los jóvenes y replantearse tanto "el diseño del lugar" como su ubicación.
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Tanto el Gobierno de Ayuso como el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida han cargado, además, contra la tasa de basuras, que califican como "sanchazo". También se han producido roces entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo autonómico por la negativa de estos a reunirse en mesas de carácter técnico para colaborar sobre urgencias sociales en la región. Martín ha pedido de manera insistente reunirse pero el Gobierno de Ayuso se ha negado.
"No quieren tener ni la más mínima imagen de cordialidad con el Gobierno de España, les debe de significar algún tipo de debilidad (...). No creo en absoluto en esa confrontación y espero que termine lo antes posible. Que nos dejemos de esos enfrentamientos y que, al contrario, como le llevo pidiendo desde el minuto uno, nos podamos sentar, podamos buscar esos espacios en los que una coordinación puede resultar más eficaz", destacó hace unos meses el delegado del Gobierno en una entrevista con Público sobre esta situación.
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Plantón a Sánchez y el papel de Miguel Ángel Rodríguez
En la memoria de Moncloa se encuentra el plantón inédito que dio Ayuso a Sánchez al rechazar participar en la ronda de reuniones que tuvo el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos. Fue la única dirigente que declinó asistir.
El contexto de los últimos meses ha estado marcado por el caso de González Amador, que ha terminado salpicando al fiscal general del Estado. Ayuso ha denunciado una "operación de Estado" contra ella y el Gobierno ha tratado de poner el foco de manera continua en los presuntos delitos fiscales de su pareja.
El papel que ha jugado Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, en este caso ha provocado también muchísimas tensiones entre las administraciones. Sánchez se ha referido de forma directa a sus maniobras y ha defendido la actuación de Álvaro García Ortiz al desmentir el bulo difundo por Rodríguez. Desde Moncloa, la portavoz del Gobierno Pilar Alegría fue tajante al calificar sus actuaciones recientes: "Se ha convertido en sinónimo de mentiras e indecencia".
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Otro choque con fuerte componente político, en este caso ejercido por todo el PP, es la no aplicación de la Ley de Vivienda. De hecho, como el resto de comunidades autónomas gobernadas por los populares, presentaron un recurso ante el TC que todavía está pendiente de resolver.
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