¿Es posible trabajar menos en todas las empresas? Los datos detrás de la reducción de la jornada laboral

El Gobierno ha dado este martes luz verde de manera definitiva al proyecto de ley que recoge la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas en 2025. El texto sale ahora del Ejecutivo rumbo al Congreso de los Diputados, y su futuro queda en manos de los grupos parlamentarios.

Desde que arrancó la negociación para abordar esta reforma en el seno del diálogo social, la reducción de la jornada ha tenido algunos detractores en las patronales. Desde CEOE y Cepyme se advirtió de que podría mermar la productividad en España e, incluso, podría llegar a destruir empleo en el caso de las empresas que no pudieran hacer frente a una rebaja de la jornada de sus trabajadores.

Ahora que la reforma es ya un proyecto de ley redactado y con contenido concreto (que va mucho más allá del hito de las 37,5 horas), sus detractores ponen el foco en que sus medidas pueden llevar a las pequeñas y medianas empresas a un esfuerzo imposible de asumir que pondría en peligro su tejido productivo.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, departamento que ha impulsado el proyecto de ley, siempre se ha defendido la iniciativa como un reparto de la productividad y sus beneficios en un país en el que los márgenes empresariales han crecido bastante más que los salarios.

Según recoge Trabajo de la base de datos macroeconómicos de la Comisión Europea (AMECO), desde 1983 la productividad real por hora trabajada aumentó en España en un 53%, mientras que la remuneración real de los trabajadores asalariados lo hizo solo en un 22%. En estos más de 40 años la jornada máxima legal no ha sido modificada (40 horas semanales).

Los márgenes de los sectores más "afectados"

Este aumento de la productividad (que en todo caso es inferior al de la UE) es fruto, en parte, de los avances tecnológicos incorporados al mundo del trabajo en los distintos sectores. Bajo esta premisa, desde Trabajo y desde los principales sindicatos, CCOO y UGT, defienden que ha llegado el momento de repartir los beneficios de ese incremento de la productividad, que no ha ido acompañado de un incremento en los salarios en la misma proporción.

Desde algunas patronales se ha apuntado que la reducción de la jornada puede impactar de forma muy negativa en sectores como la hostelería, el comercio o la agricultura. 

Según el Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria, desde 2019 la hostelería ha aumentado sus márgenes en un 35% (una cifra que se dispara hasta el 105% desde el 2009); el comercio ha aumentado sus márgenes empresariales un 24% desde 2019; y la agricultura ha aumentado sus márgenes empresariales sobre ventas un 36% en los últimos cinco años (un 117% desde 2009).

En el Ministerio de Trabajo recuerdan que más de la mitad de los trabajadores potencialmente afectados por la reducción de la jornada (un 55%) se concentran precisamente en el comercio, la hostelería y, también, en la industria manufacturera y en la construcción. De los 12,5 millones de asalariados, 6,8 millones forman parte de estos sectores.

A juicio de los de Yolanda Díaz, con estos datos sobre márgenes empresariales y resultados brutos de explotación, estos sectores estarían preparados para afrontar la reducción de la jornada y no habría riesgo de destrucción de empleo. Además, recuerdan desde Trabajo, "hay territorios como Euskadi que tienen una jornada laboral inferior incluso a las 37,5 horas semanales, incluyendo estos sectores". 

Una de las claves del anteproyecto de ley radica en el nuevo registro horario, accesible en tiempo real para Inspección de Trabajo

En España la jornada media pactada entre trabajadores y empresarios es de 38,3 horas semanales, y prácticamente todos los sectores están, al menos sobre el papel, por debajo de las 40 horas, con diferenciales que van desde la educación (34,4 horas), la Administración Pública (35,9) o las actividades financieras o de seguros (37,2), hasta la hostelería (39,4), el sector de la información y las comunicaciones (39,3), el comercio o la agricultura (39,1 horas semanales).

Una de las claves de la ley radica también en el registro horario, que, de aprobarse la norma, será digital e interoperable para la Inspección de Trabajo (por lo que los inspectores podrán acceder en tiempo real al fichaje de los trabajadores, lo que de facto reduciría sobremanera el fraude en el registro de la jornada). Esto permitiría reducir la brecha que muchas veces existe entre las jornadas pactadas o recogidas en los convenios y las realmente trabajadas.

Más allá de los datos que, a juicio de Trabajo, avalan que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana no perjudicará a la productividad de las empresas ni destruirá empleo, los de Yolanda Díaz llegaron a poner encima de la mesa un plan de acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas que pudieran tener más dificultades para adaptarse a esta nueva realidad (que en muchos sectores ya opera).

Lo hicieron durante la negociación en el seno del diálogo social con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, con el objetivo de atraer a los representantes de los empresarios al acuerdo (algo que finalmente no lograron).

El denominado Plan PYME 375 se abría a bonificar la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo para cubrir el tiempo que deja de trabajar un empleado que sale antes de su puesto de trabajo a causa de la reducción de la jornada en las empresas pequeñas.

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