Junts eleva la presión sobre Yolanda Díaz y anticipa una dura tramitación para reducir la jornada laboral

"Nadie dijo nunca que esto iba a ser fácil". Con esta frase, en el Ministerio de Trabajo hacen dos reflexiones sobre el futuro de la reducción de la jornada laboral. La primera, que la enmienda a la totalidad a la norma anunciada por Junts este lunes entra dentro de lo "esperable" para los de Yolanda Díaz en el marco de la negociación que mantienen abierta con la formación independentista catalana; la segunda, que la tramitación de este proyecto de ley en la Cámara Baja será una carrera de obstáculos, y que conocer el camino no lo hará, en ningún caso, más fácil.

El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de ley que contiene la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales en 2025, una norma que lleva varios meses en tramitación en el seno del Gobierno y que culmina así su primera fase de elaboración. 

Después, el futuro del texto dependerá del Congreso de los Diputados, donde el Ministerio de Trabajo deberá recabar los apoyos necesarios para que pueda ver la luz. La decisión de Junts de anunciar una enmienda a la totalidad a la norma antes incluso de su aprobación definitiva en el Gobierno es una declaración de intenciones.

Los de Carles Puigdemont y los de Yolanda Díaz llevan tiempo negociando sobre esta cuestión, unas conversaciones que se han desarrollado mientras el texto avanzaba en su tramitación en el seno del Consejo de Ministros. Con el anuncio de esta enmienda, Junts señala de manera formal su disconformidad con la redacción actual (la pactada entre Trabajo y las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT) y cambia el paso de la negociación, ya que ahora los de Díaz tendrán un plazo límite para cerrar un acuerdo con el partido nacionalista para que retire su veto en el Congreso.

Junts vuelve a monopolizar la agenda

Durante las últimas semanas, Junts ya venía dando señales claras de que la tensión en relación con la reducción de jornada iba a escalar. Fuentes del Grupo reconocen a Público que no descartan retirar la enmienda a la totalidad —una vez se registre— si logran contrapartidas suficientes en la negociación, pero todo indica que venderán caro su apoyo.

El Ministerio de Trabajo no considera, en todo caso, la enmienda a la totalidad de Junts como un imprevisto en el diálogo con los posconvergentes. Los de Díaz señalan que el partido nacionalista deja clara su intención de seguir en las conversaciones e insisten en que "lo importante es que nadie se levanta de la mesa".

Fuentes de este departamento afirman que "dentro del máximo respeto a las decisiones parlamentarias de los diferentes grupos, trabajaremos firmemente para llegar a un acuerdo. La enmienda a la totalidad es también un instrumento para la negociación que se ha planteado en otras ocasiones anteriores".

Junts, de hecho, presentó enmiendas a la totalidad a otras leyes del Gobierno que finalmente continuaron con su tramitación en el Congreso, tras retirar los de Puigdemont sus vetos; este es el caso, por ejemplo, de la ley de derechos de autor, cuyo texto original fue rechazado en principio por la formación nacionalista al entender que invadía algunas competencias de Catalunya.

En ese sentido, lo que cabe esperar es un proceso muy habitual en esta legislatura: una negociación con los posconvergentes hasta el último minuto, con los tiempos y las coordenadas marcados desde Waterloo, para que el futuro de la iniciativa se decida in extremis. Ya ha pasado más de una vez. Junts llegó a tumbar, en primera instancia, incluso la ley de amnistía porque les parecía insuficiente en una decisión que no dieron a conocer hasta el mismo momento de la votación. También sobre la bocina torpedeó la toma en consideración de la regulación de los alquileres de temporada, aunque meses más tarde, cuando la ley volvió al Congreso, se retractó y votó a favor.

Las razones de Junts para vetar el texto también eran sobradamente conocidas por los de Díaz. Los de Puigdemont alertan de que, a su juicio, el texto actual pone en peligro a las pequeñas y medianas empresas, una parte crucial del tejido productivo catalán, cuyas reivindicaciones están representadas, entre otras organizaciones, por PIMEC, patronal que mantiene estrechos lazos con Junts y que también ha expresado su rechazo a la norma (como ha hecho Foment del Treball, la gran patronal de Catalunya).

Durante la negociación de la reducción de la jornada en el seno del diálogo social, Trabajo ya les ofreció a CEOE y Cepyme un plan de acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas (denominado Plan PYME 375) con el objetivo de que pudieran hacer frente a las modificaciones planteadas en esta norma con la ayuda de recursos públicos.

Público ya informó de que las ayudas a las pequeñas y medianas empresas iban a ser la carta bajo la manga con la que Yolanda Díaz trataría de atraer al apoyo a la reducción de jornada a Junts y el Partido Nacinonalista Vasco (PNV), que, aunque en el pasado reconoció las bondades de la medida, en los últimos días guarda silencio. En las próximas jornadas, su nueva portavoz, Maribel Vaquero, que sustituye a Aitor Esteban, deberá pronunciarse y fijar una posición igual o contraria a la de su antecesor.

No debería haber problema, por lo demás, con los aliados de izquierdas del Gobierno. Podemos ha deslizado que no va a ser un obstáculo para lograr que se reduzca el tiempo de trabajo en España y Esquerra Republicana, por su parte, ha dejado clara su postura por medio de una publicación en X de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, que ha acusado a Junts de ir en contra de la consecución de derechos y de trabajar para la patronal: "Ni de izquierdas, ni de derechas, ni de derechos".

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Según ha podido saber Público, también EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego brindarán su apoyo a la medida. Los gallegos, de hecho, exigen que esta iniciativa sea solo un punto de partida que pueda ampliarse más adelante.

Con todo, la primera —y, prácticamente, única— preocupación de Yolanda Díaz es Junts. Cuando el Consejo de Ministros apruebe este martes el proyecto de ley, la Mesa del Congreso de los Diputados deberá ordenar su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), algo que, según confirman fuentes de presidencia de la Cámara Baja a este medio, puede ocurrir en la reunión de la Mesa del martes día 13 de mayo.

A partir de ese punto, tal y como especifica el artículo 110 del Reglamento del Congreso, los grupos tendrán un período de 15 días para registrar enmiendas. Es en ese lapso cuando Junts deberá materializar su anuncio de este lunes. Más tarde, el Pleno debatirá dicha enmienda a la totalidad. De todas formas, Junts puede retirar la eventual enmienda que registre hasta minutos antes de dicho Pleno, algo que ocurrirá en caso de que los de Díaz y los de Puigdemont y Nogueras alcancen un acuerdo.

El Plan PYME 375

Primero, el Gobierno se ofreció a bonificar la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo para cubrir el tiempo que deja de trabajar un empleado que sale antes de su puesto de trabajo a causa de la reducción de la jornada.

Después, Trabajo ofreció a las patronales ayudas directas de hasta 6.000 euros a empresas menores de cinco trabajadores (microempresas) y a empresas del comercio, la hostelería, las peluquerías y la agricultura (los sectores potencialmente más afectados por la reducción de la jornada). En este sentido, los de Díaz no descartan la posibilidad de volver a recuperar este u otro plan de acompañamiento durante la negociación con los grupos parlamentarios en el Congreso.

En cualquier caso, en Trabajo esperaban una negociación dura y compleja para tratar de aprobar la reducción de la jornada, y son conscientes de que los de Puigdemont dispondrán de más herramientas parlamentarias que la enmienda a la totalidad si finalmente se supera este trámite (después vendría la fase de las enmiendas parciales, en las que los diferentes partidos aspiran a lograr mayorías para enmendar el texto).

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Por este motivo, los de Díaz buscan también sus propias herramientas de presión más allá del Congreso. Hace meses, la vicepresidenta segunda inició una ruta por diferentes ciudades del Estado para movilizar a la ciudadanía y pulsar su apoyo a esta reforma. En Sumar y en Trabajo consideran que la reducción de la jornada goza de gran popularidad y creen que incluso los partidos y grupos de la derecha serían penalizados por su electorado si votan en contra o, incluso, terminan tumbando la ley.

Movimiento Sumar, partido al que pertenece Yolanda Díaz, anunció este lunes una recogida de firmas en favor de rebajar la jornada con el objetivo de acompañar la tramitación parlamentaria del texto con movilización ciudadana. "Esta es una medida de país. Nadie entendería que un grupo parlamentario votara en contra", defendió este mismo lunes el portavoz de la organización y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que hacía un llamamiento también al PP.

Movimiento Sumar recogerá firmas en favor de la reducción de la jornada laboral

El camino de la ley que recoge la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas hacia el Boletín Oficial del Estado (BOE) apenas ha comenzado, y "nadie ha dicho nunca que esto iba a ser fácil".